La institucionalidad y universidad pública ¿Un tributo individualista?

Los procesos liberales que ha conocido nuestro país han incidido en el uso de las palabras y los conceptos, tal es el caso de la significación que se le otorga a lo público, el cual es interpretado regularmente como el quehacer de las entidades del Estado, no obstante apreciamos que algunas instituciones estatales protegen y benefician a las organizaciones empresariales privadas, creando una estructura jurídica que lo legaliza, a la vez que lo ilegitima socialmente. El asumir que lo público debe favorecer a los empresarios se transgrede lo público y el progreso de la sociedad.

La privatización de lo público o la privatización del bienestar, no es un ejercicio sintáctico ni lógico, es el transparente ejercicio arbitrario de un poder que usufructúa los recursos y capacidades de todos para el beneficio privado. La reciente información sobre el empleo de los offshore para que las empresas eludan, evadan y reduzcan sus obligaciones tributarias es una demostración contra la ética, la defraudación y la complicidad internacional contra lo nacional y lo público.

En este sentido, lo público no es una ocurrencia de gobernantes, funcionarios estatales o propietarios privados, lo público en el presente tiene una determinación colectiva creada en la situación e interrelación social cotidiana entre todos los actores de una sociedad desigual, heterogénea y contradictoria. Esto es, no es ajeno a los individuos, grupos o clases, porque todos están incluidos en un proceso unitario aunque desigual, luego lo público y lo privado, no se excluyen ni necesariamente son antagónicos, se implican en un contexto integrado e interdependiente. Así, lo público no es algo etéreo, está relacionado con el amparo de los derechos ciudadanos, con una actuación que resuelva la problemática social y satisfaga los anhelos comunes y nacionales.

La acción pública costarricense es un derecho ciudadano y una facultad social otorgada al Estado que conoció y representó la sociedad a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, pero cuarenta años despúes, el liberalismo privatizador usurpó y antagonizó contra los derechos públicos. Lo estatal no implica lo público, así como en las dictaduras liberales de militares y civiles, se sacrifica lo público en aras de sectores exclusivos y excluyentes.

La noción y orientación falsificada de lo público ha sido usada por los gobiernos liberales que trastocaron su significación para afectar y victimizar a la inmensa mayoría y sacrificar lo nacional. La falacia que cree que todo lo estatal es público es una concepción individualista que metamorfoseó lo privado en público.

Por más de tres décadas en nuestro país el liberalismo privatizó el bienestar en su nombre, el ejemplo más emblemático fue la acción gubernamental que materializó e influyó en la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América, pero también hemos visto convertir la banca y algunas instituciones estatales, en auténticas entidades privadas, sin modificar de su estatuto jurídico estatal. En el lenguaje de algunos políticos, magistrados y universitarios, lo común a todos es transformado en una aparente pauta jurídica: si es estatal es también pública. La indistinción de lo público y privado, convierte a las dictaduras en democracias y lo social en individual, como lo hizo gubernamentalmente Pinochet y Fujimori entre otros y que domésticamente es encarnado por un diputado liberal.

Algunos autócratas se proclaman democráticos por controlar las instituciones públicas, aun cuando representan sus propios intereses y el de las elites. Así, la institucionalidad ya no garantiza equidad ni derechos igualitarios. La individualización del poder en cualquier instancia se autonomiza y atomiza de toda injerencia social. El creer que las organizaciones e instituciones son obra de los individuos, ignora los momentos constitutivos de la acción humana  y la condicionalidad de la colectividad en la acción y pensamiento de los individuos.

Desde la visión individualista la universidad pública no es un resultado colectivo, sino obra de autoridades, caudillos o líderes, así como sus logros son de iluminados que arrastran a las colectividades que no representan. Esta posición es errada para Costa Rica y otros contextos, porque no son profetas los constructores de nuestra historia ni de sus logros institucionales, como tampoco son líderes quienes se arrogan el interés, voluntad y acción de la comunidad universitaria. Esta postura esta planteada en el actual debate electoral en la Universidad de Costa Rica, donde se simplifica, individualiza e ignora la totalidad social institucional, así como desprecia el pensamiento y acción de muchos. Esa visión es ofensiva contra la Universidad, lo público, la historia y el estado del conocimiento, sin embargo, se hace funcional con la idea que siendo una entidad estatal su actuación será pública y también individualista.

El individualismo está asociado con el voluntarismo, donde la conciencia, lo simple y la razón práctica se destacan frente a la reflexión intelectual, la totalidad y la complejidad. La visión voluntarista-individualista solo reconoce al individuo sobre lo social, la organicidad y la gestión pública. Así, cuando se afirma que la Universidad está mal porque los funcionarios no hacen ejercicios, porque tienen presión o triglicéridos altos, el candidato muestra el desconocimiento de la relación diferencial entre la organización y el individuo, así como ignora la distinción entre gestión pública y las decisiones y las situaciones individuales. La reedición del individualismo nietzscheano y liberal es una regresión histórica y teórica.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es Catedrático,  Universidad de Costa Rica.