domingo 2, octubre 2022
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Banco Central de Brasil revela el alcance de las «pedaladas fiscales»

Río de Janeiro (Brasil), 6 abri (Sputnik).- El Banco Central de Brasil emitió este miércoles un informe en el que demostró que los Gobiernos de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva practicaron las llamadas «pedaladas fiscales», una especie de subterfugio contable, sin tener que responder por crimen de responsabilidad fiscal.

En concreto, el Gobierno de Cardoso, exlíder del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), empleó el maquillaje contable por un valor de 1.948 millones de reales (unos 538,6 millones de dólares) entre los años 2001 y 2002, mientras que Lula alcanzó los 1.200 millones de reales (325,7 millones de dólares) en 2003 y 1.070 millones de reales (290,47 millones de dólares) en 2004.

El Banco Central demostró además que la llegada de los ambiciosos programas sociales del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula durante su segundo mandato presidencial (2007-2011), como el popular Mi Vida Mi Casa que entregó 3,5 millones de viviendas populares, dispararon los prestamos anticipados al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entre otros bancos públicos.

Cabe recordar que las llamadas «pedaladas fiscales» denunciadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) por primera vez en 2014 consistieron en el adelanto de grandes sumas de dinero del Tesoro Nacional a los bancos públicos (BNDES, Banco de Brasil y Caixa Económica Federal) para asegurar el pago de los programas sociales sin que apareciese reflejado en el déficit oficial hasta el cierre del ejercicio fiscal de ese año.

De hecho, el desarrollo de estos programas sociales, junto a la grave crisis financiera sufrida en medio mundo a partir del año 2008, serían la razón fundamental que explicaría por qué el valor de estos préstamos del Tesoro Nacional aumentó con la llegada del Gobierno de Dilma Rousseff en 2011 con un pico de 60.000 millones de reales (16.288 millones de dólares) en 2014.

Es por ello que el informe del Banco Central de este miércoles, más allá de demostrar que la presidenta Rousseff incurrió en un crimen de responsabilidad fiscal, lo que sugiere es que las condiciones económicas en el escenario doméstico e internacional forzaron al Gobierno a recurrir a un mecanismo ampliamente utilizado por sus predecesores en la Presidencia sin que jamás el TCU considerase su uso como una acción de crédito encubierta.

En palabras del exministro de Justicia y actual Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, quien lideró la defensa de 200 páginas de la presidenta Rousseff en la Comisión Especial de Impeachment, todos los gobernadores, alcaldes y expresidente de la República deberían entonces haber perdido sus cargos en las últimas décadas por aplicar un mecanismo «rutinario» en la gestión de las cuentas públicas.

Este mismo miércoles se espera que el diputado instructor de la Comisión Especial de Impeachment, Jovair Arantes, presente su informe final que, una vez votado por los 65 miembros de la comisión, determinará si existen indicios de que la presidenta Rousseff incurrió en un crimen de responsabilidad fiscal y, por tanto, la cuestión deberá ser votada en el pleno de la Cámara de los Diputados el próximo 18 de abril. (Sputnik)

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