jueves 26, enero 2023
spot_img

PAC, PLN y FA logran consenso para aprobar en Comisión reforma contra el fraude fiscal

San José, 6 Abr (ElPaís.cr).- Tres de las fuerzas políticas más fuertes de la Asamblea Legislativa actual, lograron un consenso sobre la Reforma fiscal en la Comisión de Hacendarios luego de una reunión con algunos representantes del Gobierno realizada este mismo martes.

Diputados del Frente Amplio (FA), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN) votaron a favor una moción de texto sustitutivo sobre el expediente 19. 245, la «Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal».

Con el apoyo de 9 diputados y diputas de la comisión aprobó por mayoría el nuevo texto, el cual será enviado a consulta y eventualmente a ser discutido en el plenario, donde además le quieren dar vía rápida.

El proyecto el cual ha estado en discusión desde hace meses, volvió a estar en el foco legislativo a partir de lo trascendido con los «Panamá Papers». Sin embargo, la decisión de aprobar la ley en comisión no fue unánime; la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario (ML) votaron en contra debido a que dicha ley contiene la creación de un registro de accionistas con información que será resguardada por el Banco Central de Costa Rica.

Lea también: “Panamá papers” pone proyecto contra fraude fiscal entre prioridades del Congreso costarricense»

Según Gerardo Vargas, Jefe de fracción del FA, «el fraude fiscal hay que aprobarlo sin más dilaciones e incluyendo la creación del registro de accionistas, porque sin eso el proyecto no servirá para nada.

Para los liberacionistas lo más importante también es dicho registro, ya que las restricciones al acceso a la información serán rígidas y las penalizaciones por violar la confidencialidad también.

«Se mantienen las normas de sanción penal para quienes actúen en perjuicio del fisco, utilizando modelos debidamente establecidos como delitos penales, en concreto es un proyecto con un texto depurado y trabajado colectivamente», indicó el diputado del PLN, Rolando González.

El texto original establecía que el Ministerio de Hacienda sería el ente encargado de llevar dicho registro, pero diputados de varias fracciones entre ellos Otto Guevara Guth y Rosibel Ramos cuestionaban dicha disposición.

Guevara aún sostiene que la medida atenta contra la seguridad de las empresas y las coloca en una situación  de vulnerabilidad, por lo cual presentó una gran cantidad de mociones en contra del proyecto. Con respecto al nuevo texto aseguró que aunque se eliminaron algunas de las disposiciones que su fracción adversaba, aún siente inseguridad del proyecto.

«Hay que entender que lo que se aprobó es un nuevo texto que aún no se ha dictaminado, y si hay consenso de algunas fracciones pero nosotros aún tenemos dudas al respecto, razón por la cual interpusimos algunas mociones al proyecto», manifestó Guevara.

La socialcristiana Rosibel Ramos también expresó que no están completamente de acuerdo con la iniciativa de ley, y destacó que la principal preocupación de la fracción es la protección de los datos de un posible registro de accionistas.

Ante la aprobación del nuevo texto, las otras seis fracciones, es decir Renovación Costarricense (PRN), Restauración Nacional (PRC), el Partido Accesibilidad sin Exclusiones (PASE) y Alianza Demócrata Cristiana (PADC) junto con el ML y el PUSC presentaron esta tarde dos proyectos a la corriente legislativa, se tratan de los Expedientes 19.922, Ley de Reforma Integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa» y el Expediente 19. 923, «Proyecto de ley para racionalizar el gasto».

Ahora para aprobar estos textos están abogando por una vía rápida mediante el 208 Bis y remitidos a Comisiones especiales para su estudio.

Según manifestó Johnny Leiva Badilla estos proyectos están dirigidos con controlar el «gasto irregular» de fondos públicos. Agregó que el rubro para remuneraciones durante el 2016 en el Gobierno se presupuestó  ¢2,5 billones y en pensiones el monto es de ¢849 mil millones, es decir entre ambos rubros se superan los ¢3,3 billones.

Con estos dos proyectos los diputados esperan reducir los salarios dentro del sector público, tener un control más riguroso sobre las convenciones colectivas, regular los beneficios institucionales, poner un tope al concepto de cesantía, disminuir la cantidad de dedicaciones exclusivas a nivel institucional y regular los regímenes de pensiones actuales.

 

Más noticias

2 COMENTARIOS

  1. Como la mayoria de ticos honestos y, por tanto, luchadores contra la corriente gansteril del pensamiento único o ideologia neoliberal, que defiende (con la asesoría de Uccaep) la maldita alianza de diputados de Liberación,Unidad S.C, Movimiento Libertario y demás turecas; soy uno

    de los que cree firmemente en los diputados del Frente Amplio y algo en el Pac. Pero, el escándalo que hace correr con lujo de detalles el periódico Universidad, donde está implicada la clase político empresarial de este país, nos hace pensar que esa alianza corrupta y proclive a los más asquerosos y apátridas intereses -por obligación de las circunstancias- se va a desmoronar en estos días. Si es que no quieren desaparecer sus ya cascarones de partidos politicos. No les queda más camino que tener un poquito de respeto por el pueblo que los llevó allí y que diariamente traicionan. O cambian, o mueren en el año 2018.

    m
    alguna

    crisr

    Li
    mafiaa firmemente en los diputados del Frente Amplio, pero no es así con los PAC

  2. El sistema de depósito de dineros ocultos «offshore» es una práctica que debería de desaparecer. Muchos empresarios se valen de esta figura «legal» para cometer ilegalidades. Sencillamente se convierten en verdaderos sospechososa quien hay que investigar. Aprobar el «registro de accionistas» es el paso fundamental para poder tener el control real y así evitar las defraudaciones fiscales (evasiones, lavado, etc).

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias