jueves 6, octubre 2022
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Millonario decomiso de dinero que salpica al Senado escandaliza a Colombia

Bogotá, 7 abr (EFE).- El hallazgo de una millonaria suma de dinero, al parecer de procedencia ilegal, en un automóvil registrado a nombre del Senado colombiano ha causado una polémica en el país por la sospecha de que las bandas criminales (bacrim) pueden tener tentáculos en el Legislativo.

El descubrimiento lo hicieron el pasado martes soldados del Ejército que en un retén montado en una calle del acomodado barrio de El Chicó, en Bogotá, detuvieron un automóvil gris en cuyo maletero encontraron 614 millones de pesos en efectivo (unos 200.000 dólares), según informó entonces la institución.

Al revisar la documentación del conductor y del vehículo, los militares encontraron que ambos estaban al servicio del Senado de la República, lo que abrió una serie de interrogantes sobre el origen y el destino del dinero que tres días después nadie ha explicado y que ya costó la separación del cargo de una alta funcionaria de la Cámara alta.

El Ejército informó ese día que, según sus investigaciones, el conductor, Luis Javier Rojas Morera, de 25 años, había sido contactado por una estructura criminal, cuyo nombre no facilitó, para «aprovechar y así movilizar el dinero sin despertar sospechas entre Bogotá y distintos lugares» del país por tratarse de un automóvil asignado al Senado.

Según dijo a periodistas el capitán Hugo Quintero, comandante de una unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército que hizo la operación, en el momento de la detención, Rojas intentó sobornar a los militares, primero con 50 millones de pesos (unos 16.000 dólares) y luego con el doble de esa suma, para que lo dejaran ir.

«Él intenta doblegar mi voluntad, me hace un ofrecimiento de 50 millones de pesos, y yo le digo que no está permitido», dijo el oficial a varios medios locales, y agregó que tras ese rechazo, Rojas le ofreció duplicar la suma.

El escándalo no paró ahí pues poco después se supo que el conductor es hijo de la directora financiera del Senado, Magdalena Morera, suspendida ayer del cargo, y que él mismo hace parte del equipo de asesores del representante a la Cámara Alexander García, del Partido de La U, el mismo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, aclaró que el automóvil donde fue hallado el dinero hizo parte de un lote de vehículos subastados en 2014, pero inexplicablemente dos años después la documentación no ha sido traspasada a sus nuevos dueños, por lo cual siguen figurando como propiedad del Congreso.

«Los informes preliminares de dicha funcionaria (Morera) señalan que tuvo una amplísima participación en la subasta de los carros», manifestó Velasco.

Por esa razón, solicitó hoy a la Policía «la inmovilización de 69 vehículos de diferentes marcas que fueron vendidos mediante subasta a terceros, y que no pertenecen a los activos de la corporación, pero en los que aún no se han realizado las diligencias de registro de traspaso», según un comunicado del Senado.

Ni el conductor, que fue enviado a prisión domiciliaria mientras se investigan los hechos, ni su familia han explicado hasta el momento qué hacía un asesor del Congreso transportando una alta suma de dinero en efectivo ni el origen del mismo.

La senadora Claudia López, del Partido Verde y adalid de la lucha contra la corrupción en el país, dijo que este escándalo, que definió como «bacrimpolítica», debe «perseguirse penal y disciplinariamente en vez de minimizarse».

«Bajo perfil a denuncia del carro del Senado con plata Bacrim encubre a la U (el partido) y bacrimpolitica en Congreso», denunció en su cuenta de Twitter.

El escándalo se produce en momentos en que el Gobierno colombiano redobla sus operaciones contra las bacrim, bandas criminales de origen paramilitar a las que considera el principal generador de violencia en el país en momentos en que se buscan acuerdos de paz con los grupos guerrilleros.

Dada la gravedad del caso, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación, el Senado abrió otra de carácter interno y la Procuraduría (Ministerio Público) dijo que vigilará la marcha de estos procesos. EFE

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