Un hecho histórico: El Semanario Universidad y los fondos offshore

Mientras durante las primeras horas del día lunes 4 de abril, recién pasado, se nos informaba por otras vías, entre ellas el correo electrónico y  algunas redes sociales, que el  Semanario Universidad había preparado una edición especial en la que publicaría una información exclusiva e impactante sobre el tema de los  llamados fondos offshore,  por lo general ubicados en paraísos fiscales como parece ser el caso de la vecina República de Panamá o de una serie de islas y pequeños países alrededor del planeta, dentro de un negociado que hoy se conoce como el caso del “Panama Papers”, nos sucedió que la tarea de adquirir un ejemplar de la edición impresa(por cierto la número 2127) de dicha publicación se tornó, poco más o menos, en una especie de misión imposible de concretar, así sucesivamente procuramos adquirirla en algunos de los puestos habituales de venta, pero se nos dijo, desde el mismo día lunes, que se encontraba agotada o que no había llegado o que simplemente no llegó a los lugares de venta. Al intentar consultar la edición electrónica se nos presentaron problemas con el internet y se nos dijo que la página no estaba disponible. El hecho es que percibimos un gran ruido sin poder perfilar los contornos del evento o fenómeno que lo suscitaba.

De manera simultánea, y sin poder evitar la sensación de que pudiera tratarse de una acción muy estudiada e incluso calculada no sabemos de quien o quienes, se produce todo este revuelo, al menos en algún sector de la llamada opinión pública, sin que nosotros hayamos podido leer aun los contenidos de la mencionada edición del Semanario Universidad y con una  rápida reacción en los noticieros de televisión y otros medios, donde los mencionados por el semanario presentan sus descargos y sus alegatos de inocencia, dentro de lo que viene a constituirse en una serie de elementos que llaman a confusión, ya que hasta ese momento carecíamos de los elementos mínimos para entender el contexto y el impacto de la publicación, no digamos ya el fondo del asunto, un tema de suyo muy complejo, sobre el cual se han hecho aportaciones muy valiosas, especialmente la de don Alfonso J Palacios Echeverría( “Panama Papers”: un claro tinte amarillo y un fondo obscuro), hace al menos un par de días, donde se exploran las implicaciones del tema, las que van mucho más allá de las denuncias del grupo internacional de periodistas, del que obtuvieron sus informaciones desclasificadas o filtradas los investigadores del semanario, reflejando luchas de poder en el terreno de los fondos offshore, a escala planetaria. Algo que resultó muy notorio, en cambio desde el primer momento, fue la desmesurada reacción de algunos de los aludidos en la publicación, entre ellos los abogados Otto Guevara Guth y Juan Diego Castro, sobre todo teniendo en cuenta que no se les acusaba de nada en realidad, sólo se mencionaban algunas acciones aisladas que parecen formar parte de sus prácticas habituales en el notariado, sobre todo en lo referente a la constitución de sociedades y otras gestiones, propias del derecho comercial. En realidad ellos mismos aclararon la información o informaciones en que se les aludió, aunque en el caso de uno de ellos sirvió para exacerbar sus diferencias con otros sectores políticos, algo que reiteramos ocurrió cuando todavía no habíamos podido tener acceso a los contenidos de la edición del semanario.

Todo esto vino a formar parte de una respuesta adelantada a la magnitud de las resonancias que tendría la publicación del Semanario Universidad, sobre todo entre los defensores del statu quo existente, en materia de información mediática y en el mundo de las finanzas, no sólo en Costa Rica sino también en otros países de la región, quienes sacaron provecho de esta confusión momentánea, la que terminó por desvanecerse en el término de unas 48 horas aproximadamente, para intentar restarle mérito y bajarle el perfil a esta importante iniciativa emprendida por la dirección del Semanario Universidad y su equipo editorial, pero también para atacar y descalificar en los términos más  duros e incluso soeces, en algunos casos, a su director Ernesto Rivera y a todo su equipo de investigación. En este punto, no cabe sino destacar con amplitud y generosidad la determinación, el espíritu de trabajo, el coraje y gran la responsabilidad asumida por este importante grupo de periodistas, los que siguen prestándole un gran servicio a toda la nación y al pueblo costarricense en general, siempre dentro de una tradición de lucha y de un espíritu investigativo que se remonta a varias décadas,  una forma de actuar cuyas raíces se remontan al ethos que dio origen al Semanario Universidad, durante la segunda parte del ahora lejano año de 1970, una época en la que algunos habíamos iniciado o estábamos iniciando apenas nuestra vida universitaria, donde al igual que hoy se luchaba y se trabajaba en procura de defender y consolidar las instituciones democráticas, de este pequeño país centroamericano, siempre bajo la amenaza del oligopolio existente en el campo mediático, un poderoso holding conformado por unas cuantas empresas, cuyos propietarios se consideran los amos de la conciencia del pueblo costarricense.

En este caso, la tarea histórica y pedagógica más importante cumplida por el Semanario Universidad y sus colaboradores ha sido la de divulgar y poner en un primer plano, los entretelones de un tema denunciado no sólo a escala nacional, pero que bajo ninguna otra circunstancia, hubiera llegado al conocimiento efectivo de grandes sectores de la llamada opinión pública, a pesar de la grandes limitaciones existentes entre algunas franjas de la población, para comprender estos temas revestidos de  una cierta complejidad. De no haber sido así, los engranajes de la dictadura mediática nacional y regional hubieran tenido menos problemas para hacer pasar este tema como algo lejano e irrelevante,  apenas una mención a las prácticas habituales en el trasiego de capitales a la que no habría que darle importancia alguna, especialmente en el contexto nacional donde al parecer, ninguna de esas acciones resulta ser ilegal, a pesar de su más que dudosa moralidad.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).