lunes 26, septiembre 2022
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Derecho de Respuesta de Adrián Torrealba Navas sobre «Panama Papers»

NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE HABER PROMOVIDO HECHOS VINCULADOS CON DEFRAUDACIÓN FISCAL

Por Adrián Torrealba Navas, socio del bufete Facio & Cañas:

La publicación del Semanario Universidad es, en lo que a mí respecta, desproporcionada  y descontextualizada  en el tiempo.

Como profesional apegado a la Ley e impulsor de la Reforma Fiscal y la modernización de la legislación tributaria, me permito detallar lo siguiente:

  • Del reportaje podría quedar la falsa impresión de haber sido un  promotor de la evasión fiscal o haber asesorado a alguna empresa para defraudar el fisco costarricense, lo cual no solo daña mi imagen, sino la del bufete Facio & Cañas.
  • El vínculo que establece el Semanario Universidad conmigo está basado en un único hecho del año 1996, totalmente carente de actualidad e irrelevante en el contexto de la gravedad de muchos de los asuntos revelados por los “Panama Papers”. Pretender manchar una carrera intachable por ese aislado hecho, sacado de contexto y proporción, es inaceptable e indignante. Se trató de una sola gestión para un grupo familiar que vino a nuestra oficina remitido por un asistente de nuestro despacho.  El objetivo del cliente era constituir unas sociedades en el extranjero, para lo cual los interesados sometieron a mi opinión de si era legal ubicar funciones de promoción en el extranjero, que generaran alguna utilidad de fuente extraterritorial, que luego fueran distribuidas como dividendos.

Como el Bufete Mossack Fonseca,  de reconocida trayectoria en la época, nos había dejado información en una visita promocional que en su momento habían hecho al país, ante este requerimiento del cliente, los contactamos y servimos únicamente de interlocutores con Mossack Fonseca para concretar ese servicio para el cliente, siempre dentro del marco de la legalidad.

Por el criterio de territorialidad imperante en Costa Rica desde 1988, eso es legalmente válido. Se le advirtió al cliente que debía haber una realidad económica del servicio, por lo que la carta a la que hace alusión el Semanario, es el detalle de la cotización y especificación de servicios para constituir una oficina de promoción de ventas en el exterior en Panamá, según las decisiones tomadas finalmente por el cliente.

  • Aclaro que la práctica generalizada que prevalecía en aquella época, sobre la sustancia que debían tener las estructuras de planeación fiscal para ser legales, era de corte minimalista: oficina, un personal básico, medios de comunicación, lo que cotizamos en la carta. No había normativa de precios de transferencia, ni criterios interpretativos al respecto de la Administración Tributaria.

Repito, en realidad, solo fui un intermediario por una única vez entre el cliente y el Bufete Mossack Fonseca, para la constitución de esas sociedades.  Luego no sé cómo operaron en la práctica ni cómo declararon las compañías costarricenses.

El contexto de la realidad de 1996

  • Para 1996, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no había iniciado su actividad para atacar operaciones con paraísos fiscales que erosionaran las bases imponibles de los países. El Informe sobre Competencia Fiscal Dañina, que da pie para la conformación de las listas de paraísos fiscales y que establece recomendaciones para reformar las legislaciones domésticas es de 1998. El Director del Semanario Universidad justificó en un programa de radio toda la relevancia del fenómeno offshore en que se vale de los “paraísos fiscales” según la definición de la OCDE de 1998. ¿Cómo entonces juzgar algo sucedido en 1996 bajo estos parámetros?
  • La Administración Tributaria no había iniciado su proceso de modernización, que comenzó en 1997.
  • Los criterios interpretativos de la Administración no estaban disponibles públicamente. La creación del Digesto Electrónico es de 2002. La emisión de Directrices Interpretativas Generales inicia en mi tiempo como Director de Tributación (2000-2003).
  • La primera Directriz sobre el tema de los precios de transferencia (DGT-20-03), fue emitida en 2003, suscrita por mí. Con el tiempo, el concepto de sustancia se ha ido haciendo más exigente, al punto que el Plan BEPS de la OCDE (iniciado en 2013) aboga por una completa conformación de empresas, con activos suficientes, según el tipo de actividad y asumiendo los riesgos correspondientes.

Contribuciones al Sistema Tributario

  • En mi práctica profesional en derecho tributario he ejercido un liderazgo evidente a través de publicaciones y las acciones que lideré como Director General de Tributación. Algunos ejemplos relevantes:
  • la legislación vigente en Costa Rica antes de 1999 preveía limitadísimas consecuencias para quien no declarara sus impuestos correctamente: solamente debía pagar el principal devaluado en el tiempo, sin intereses, sin multas y sin posibilidad de denunciar por delito fiscal, sino hasta dar oportunidad al contribuyente de reparar su incumplimiento. Esta situación fue denunciada por mí en 1999, en un artículo para La Nación denominado “Impuestos para tontos”: título tomado del dumsteur de los alemanes, concepto que alude a que un impuesto, que no tiene consecuencias si se incumple, es un impuesto “para tontos”. Mi denuncia fue que todo el sistema tributario costarricense de la época era “para tontos”. Esto caló en la reforma operada por la Ley 7900 de 1999, que resolvió este problema, al imponer la obligación de pago de intereses, de multas e hizo operativa la figura del delito fiscal.

-Ya en mi cargo de Director General de Tributación, investigamos y enviamos auditores fiscales a Panamá para verificar la sustancia de una sociedad que supuestamente prestaba servicios de distribución a una empresa exportadora costarricense. Gracias a nuestra gestión, la empresa se apresuró a regularizar una suma de alrededor de 1500 millones de colones.

-Fui promotor desde la Dirección de Tributación de la modernización de la legislación tributaria, en particular en el impuesto sobre la renta, para eliminar o matizar el criterio de territorialidad hacia uno de renta mundial, a través del Proyecto de Pacto Fiscal, que se discutió desde 2002 hasta 2006 en la Asamblea Legislativa y que naufragó en la Sala Constitucional.

  • El Ministerio de Hacienda me publicó en 2002 el libro “Reforma fiscal y fiscalidad internacional”, en que daba cuenta de cómo el proyecto indicado acogía la mayoría de las recomendaciones de la OCDE para la legislación doméstica.

En consecuencia, lamento que en el reportaje se exponga a la ligera e incorrectamente mi buen nombre profesional y el del bufete Facio & Cañas, por un hecho aislado que siempre estuvo apegado 100% al marco legal y que fue ampliamente explicado al Semanario Universidad el 17 de marzo a través de un correo electrónico.

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3 COMENTARIOS

  1. Solo un medio totalmente independiente como el Semanario Universidad nos pudo haber puesto ‘en autos’ de la fetidez que emana de este ‘affaire’.

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