La Universidad de Costa Rica (UCR) siempre ha sido un espacio abierto, libre y fecundo para la discusión de ideas, para la confrontación de opiniones, de visiones político-ideológicas y concepciones filosóficas.
El artículo cuatro del Estatuto Orgánico establece que son principios orientadores del quehacer universitario la libertad de cátedra y el respeto a las personas y la libre expresión.
El inciso e.) del mencionado artículo, plantea lo siguiente: «Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo».
Sin embargo en los últimos tiempos observo con gran preocupación cómo crece la intolerancia, la arbitrariedad de algunas autoridades, las represalias contra quienes ejercemos el derecho a la comunicación, el irrespeto a las garantías laborales, el clientelismo, el amiguismo y los intereses personales y grupales, por encima de los institucionales.
Esto ha provocado que algunos (as) universitarios (as) hayan tenido que «exiliarse» temporalmente fuera de la Universidad, trasladarse forzadamente a otras oficinas, pensionarse, renunciar o volverse «mudos» e «invisibles».
Esta situación es ampliamente conocida por buena parte de la comunidad universitaria de la UCR, sin embargo muchos prefieren bajar la cabeza y guardar silencio para evitar represalias de quienes promueven o toleran este tipo de prácticas.
De muy diversas formas, diferentes personas y sectores universitarios, en ámbitos públicos y privados, hemos venido llamando la atención sobre la gravedad de esta situación que afecta a muchos funcionarios (as) universitarios (as), y por ende a la Institución como un todo.
En un conversatorio promovido por el Movimiento Renovación Universitaria (MRU) el pasado 9 de marzo del 2016, Flor Arteaga, de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU), manifestó que «la Universidad de Costa Rica (UCR) es candil de la calle y oscuridad en la casa. Hay una campaña del miedo y persecución de trabajadores en sus espacios de trabajo».
«Esta es una Institución en la que hay serias violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras y acciones antisindicales», manifestó la dirigente sindical.
En un mensaje divulgado en el correo institucional el 1 de abril del 2016 por José Ángel Vargas Vargas, candidato a la Rectoría de la UCR, manifestó que el “modelo de universidad humanista en la práctica está siendo violentado por la administración, la cual no ha sido coherente con él y ha privilegiado aspectos materiales en detrimento de las personas a quienes se les ha irrespetado sus derechos”.
Hasta cierto punto estamos acostumbrados a escuchar este tipo de denuncias y situaciones en maquilas, bananeras, o en algunos sectores del comercio, pero que eso ocurra en la Universidad de Costa Rica es simplemente inaceptable.
Estas son situaciones sumamente graves que deberían alertar y movilizar a la comunidad universitaria a emprender acciones para evitar que esto siga sucediendo o lo que es peor, se incrementen en el futuro.
Son tan frecuentes los casos, algunos de los cuales se “camuflan” como denuncias ante la Junta de Relaciones laborales, que el Consejo Universitario, con el apoyo instancias universitarias como la Contraloría Universitaria (OCU) y la Oficina Jurídica (OJ), debería crear una comisión especial para investigar lo que está sucediendo en la UCR y tomar las medidas que correspondan.
Pero mientras esto ocurre, invito a los funcionarios (as) administrativos (as) a informarse, organizarse, defender sus derechos y denunciar los atropellos, al tiempo que desempeñamos eficientemente nuestras responsabilidades laborales, para que la Universidad de Costa Rica siga cumpliendo con la misión para la que fue creada.
(*) César A. Parral,
parral01@hotmail.com
Es lamentable que el Sr. Parral comente sobre anomalías en la UCR y lo generalice a toda una institución. Debe especificar cuales son esos hechos irregulares y quien o quienes los cometen y contra quién. Como decía Carmen Lira los que cometen injusticias tienen nombre y apellidos. Es injusto y poco profesional generalizar, dejando una sensación de superficialidad y poca seriedad en la «denuncia». Así nunca se podrán corregir. ¿Cuál sería sino el propósito del artículo?
Señora Amalia gracias por su comentario. No sé si usted tuvo la oportunidad de participar en el debate entre los candidatos a la rectoría organizado por el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) el pasado viernes 15 de abril en la Escuela de Estudios Generales. Ahí verbalmente y por escrito, representantes del SINDEU, hicieron denuncias sobre acoso laboral, violación de los derechos laborales e irrespeto a la Convención Colectiva de Trabajo, directamente al Dr. Henning Jensen Pennington, actual rector de la UCR. Ahí se mencionaron varios casos, e incluso se informó que vendrá una misión internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Universidad de Costa Rica.
Según me comentó el Secretario de Conflictos del SINDEU, el Sindeu ha recopilado cerca de 70 casos de personas que están siendo o fueron investigadas en los últimos años por la Junta de Relaciones Laborales, sin embargo aunque se ha solicitado, la Junta ha manifestado que no dispone de información histórica, lo cual es muy grave porque esa es información pública y de gran interés para la comunidad universitaria y el país.
En todo caso estamos solicitando esa información, esperemos que no sea necesario recurrir a instancias judiciales para que la entreguen. De cualquier manera, en el mencionado debate el Dr. Jensen aceptó que durante su Administración ha habido un significativo incremento de causas remitidas ante esa instancia, valga decir solicitud de sanciones a funcionarios. Según argumentó, la Administración solo ha aplicado la normativa institucional y ha seguido el debido proceso.
Habría que revisar si todos esos casos corresponden a personas que han incurrido en faltas, que tipo de faltas, quienes han promovido los procesos y si ese tipo de faltas ameritan sanciones, o si eso se está prestando para perseguir a opositores políticos o personas que manifiestan opiniones que no son del agrado de la Administración.
Yo conozco personalmente a varias personas de varias oficinas universitarias que se han visto perjudicadas por medidas arbitrarias y a los cuales se les han irrespetado sus derechos laborales, como es mi caso. Pero por supuesto que no soy el único. Cuando he conversado con estas personas al respecto, ellas me han dicho claramente que no mencione su nombre porque podrían verse más perjudicadas de lo han sido hasta ahora. Imagínese usted doña Amalia, personas que ni siquiera se atreven a hablar públicamente por temor a enfrentar represalias, personas que prefieren esconderse para no poner en peligro los alimentos de su familia. Qué es lo que está pasando en la UCR, a dónde hemos llegado, no es que en la UCR existe libertad de expresión, que las personas tienen derechos garantizados en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Lo que ocurre en mi caso, es que yo opté por no guardar silencio y denunciar la situación. Pero hay instancias en la UCR a las que les corresponde investigar esta situación y ese es el llamado que yo hago en el artículo.
Parece que en todos lados se cocinan habas.
Estimado Sr. Parral, debo compartir la opinión de doña Amalia. Las acusaciones son generalizadas y tendenciosas.
Usted titula su texto «Persecución política». Sin embargo, no veo en toda la noticia un caso de persecución, mucho menos política. En su respuesta a doña Amalia, se refiere a casos de acoso laboral y violación a derechos laborales. Cualquier juzgado laboral está plagado de casos semejantes. Aun así, no considero por ello que exista una situación endémica de persecución política en nuestro país.
El hecho de que 70 personas hayan sido investigadas en los últimos años (cuántos?) tampoco es representativo, si se toma en cuenta que es una institución con miles de funcionarios.
Lo único político que veo en todo esto es la publicación de su artículo en vísperas de las elecciones universitarias, expresando únicamente la opinión del Sindeu y el candidato José Ángel Vargas Vargas. Al menos la Junta de Relaciones Laborales permite al investigado defenderse. No veo que usted guarde esa mínima cortesía.