Brasilia, 13 abr (EFE).- Un tribunal federal de segunda instancia de Brasil dejó hoy sin efectos la cautelar dictada la víspera por una jueza de primera instancia y que anuló el nombramiento del ministro de Justicia, Eugenio Aragao, con el argumento de que no puede ejercer el cargo por ser miembro del Ministerio Público.
La decisión del magistrado Cándido Ribeiro, del Tribunal Regional Federal de Brasilia, también tiene carácter cautelar y determina que Aragao permanezca en el cargo por lo menos hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso.
La jueza séptima federal de Brasilia, Luciana Raquel Tolentino de Moura, que anuló el nombramiento el martes, afirmó que Aragao, como miembro del Ministerio Público, tiene la misma condición que inhabilitó a su antecesor, Wellington Lima, para ejercer el cargo.
Lima dejó ese puesto después de dos semanas de embates judiciales el pasado 9 de marzo y fue sustituido por Aragao, quien también ha hecho carrera en el Ministerio Público, al que entró en 1988, antes de la promulgación de la Constitución de ese año, que impide que los miembros de ese órgano judicial ocupen cargos en el Gobierno.
Al designar a Aragao para ese cargo, el Gobierno explicó que el hecho de haber ingresado a la Fiscalía antes de la promulgación de la Constitución permite que ocupe ese puesto, que asumió el pasado 17 de marzo.
La jueza de primera instancia alegó que la restricción se aplica a cualquier miembro del Ministerio Público sin importar la fecha en que inició su carrera, y el magistrado de segunda instancia, sin cuestionar ese argumento y accionado por la Abogacía General del Estado, determinó que el ministro continúe en el cargo hasta la decisión final de la máxima corte para no generar una crisis.
Según Ribeiro, la anulación del nombramiento, «adoptada en momentos de sensible clamor social», puede «agravar aún más la crisis de gobernabilidad y de credibilidad, con innegable impacto en el panorama político y económico del país».
El magistrado hizo referencia a la grave crisis que vive el país por la decisión de una comisión parlamentaria de darle luz verde al trámite para un juicio político con fines destituyentes contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Según el magistrado, la anulación deja sin comando «un ministerio que tiene como responsabilidad directa la seguridad pública, las garantías constitucionales, la administración penitenciaria, entre otros asuntos de gran importancia».
Agregó igualmente que, en su opinión, la cautelar del martes es «prematura» y representa una interferencia del Poder Judicial en el Ejecutivo, con lo que también agrava el «clima de inestabilidad institucional y de incertidumbre política en el país».
Otro ministro cuyo nombramiento también depende de la decisión de la máxima corte es el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff y cuya designación en marzo como titular de la cartera de la Presidencia fue anulada por una cautelar.
Las demandas contra el nombramiento de Lula sostienen que, al llevarlo al Gobierno, Rousseff intentaba darle fuero privilegiado y ayudarle a darle largas a investigaciones por supuesta corrupción que enfrenta en tribunales de primera instancia.
En el caso de Lula, la Corte Suprema tiene previsto decidir si autoriza que asuma el cargo de ministro la próxima semana. EFE