En las pasadas semanas hemos visto una revelación sobre los distintos mecanismos que se utilizan en el mundo para eludir al fisco, lavar dinero de negocios ilícitos y financiar las actividades delictivas.
Esta revelación, conocida como los Panamá Papers o papeles de Panamá, provocaron una reacción inmediata de las principales economías y organizaciones del mundo, y el llamado de los líderes mundiales a la transparencia financiera no se ha hecho esperar.
Costa Rica no es ajena a esta realidad y si no tomamos las decisiones que nos lleven a ser un país con transparencia financiera dejaremos de ser una nación confiable y nos veremos aislados de la inversión y el comercio mundial.
En nuestro país, el fenómeno de la elusión y la evasión fiscal tiene graves consecuencias en el financiamiento de los programas sociales que el Estado tiene mandato legal de ejecutar y los costarricenses tienen el derecho de recibir.
Por siete años consecutivos, el gobierno ha venido gastando en esos programas muchísimo más de lo que recauda, y los intentos de tomar medidas para solventar ese problema han fracasado, ya sea en la Asamblea Legislativa o por decisiones judiciales.
Hemos sobrevivido a esta problemática financiera con más préstamos, aumentando la deuda pública y ampliando año tras año el porcentaje del presupuesto nacional que dedicamos a pagar dichas deudas. Así, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.
Ante esta realidad, el gobierno ha tomado acciones.
Desde el inicio de la administración se han ejecutado las medidas necesarias para mejorar el cobro de los impuestos existentes y disminuir el gasto, y los frutos están a la vista: en 2015 aumentamos la recaudación fiscal en 340 mil millones y contuvimos el gasto en más de 90 mil millones, a la vez que para 2016 se detuvo la tendencia al crecimiento anual del presupuesto nacional.
Al mismo tiempo, ejecutamos las acciones necesarias para generar estabilidad en el tipo de cambio y lograr un rebajo en las tasas de interés, lo que ha tenido como consecuencia un crecimiento económico superior al 4% en el 2015 y una perspectiva de crecimiento superior para los próximos dos años, en opinión de entidades internacionales.
En paralelo, hemos enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta integral de reforma fiscal que incluye proyectos de ley para recortar el gasto, mejorar la gestión tributaria, combatir la evasión, mejorar la transparencia financiera y aumentar la recaudación.
Esta propuesta, que se suma a proyectos planteados por diputados y diputadas, constituye una agenda de más de 20 proyectos de ley que esperan su debido trámite legislativo.
La agenda incluye leyes para:
- luchar contra el fraude fiscal
- poner tope a los salarios públicos y reducir el gasto en pensiones de lujo
- crear reglas para limitar el endeudamiento estatal
- obligar a la eficiencia en la ejecución del presupuesto de entidades públicas
- reducir y reformar las exoneraciones existentes
- cambiar el Impuesto de Ventas por el Impuesto al Valor Agregado; tributo que será devuelto a los hogares de menores ingresos, y
- reformar el Impuesto sobre la Renta, modificación que solo afectará al 3% de la población que reciben mayores salarios.
Costa Rica merece ser líder en el mundo en la transparencia de su ambiente de negocios financieros, tanto para el debido pago de impuestos como para alejar las mafias internacionales que buscan esconder su dinero en países que lo permiten.
Costa Rica merece ser líder en el mundo en prestación de servicios y beneficios estatales que conviertan a un país que ya es líder en democracia, salud, educación y conservación de la naturaleza, en uno que además sea líder en combate a la pobreza y la desigualdad, en oportunidades para el emprendimiento y en bienestar general para todos.
Nuestra situación fiscal amenaza este buen porvenir que todos queremos para Costa Rica, por eso, el gobierno continuará con el esfuerzo de contención del gasto y de mejora de la recaudación y seguirá impulsando los proyectos de ley que garanticen la estabilidad fiscal de largo plazo y la transparencia financiera que necesita nuestra nación.
Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir ese país que queremos, pero nosotros, los que ocupamos cargos públicos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, estamos en la obligación de aprobar las reformas legales necesarias para conseguirlo.
Que tengan un buen descanso.
(*) Sergio Alfaro Salas es Ministro de la Presidencia
Si a estos inutiles en serio les importara el pais, como dicen, promulgarian una enmienda constituciuonal que hiciese el deficit fiscal ilegal.