miércoles 28, septiembre 2022
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Gobierno de Colombia y FARC pactan fórmula para blindar acuerdos de paz

Bogotá, 13 may (Sputnik).- Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC que negocian en La Habana anunciaron el jueves una fórmula mixta para proteger jurídicamente los acuerdos de paz que deben firmar este año para poner fin a más de medio siglo de guerra interna.

«El acuerdo tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final; asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este acuerdo», dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en un acto en el Palacio de las Convenciones de La Habana transmitido en cadena por el estatal Canal Institucional colombiano.

El pacto fue alcanzado «utilizando herramientas de derecho internacional, pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de derecho», agregó De la Calle.

Ambas partes realizaron concesiones para lograr esta fórmula.

Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) depusieron su exigencia de una asamblea constituyente y aceptaron que la ciudadanía refrende los textos de los acuerdos en un plebiscito.

A su vez, el Gobierno accedió a que los pactos se consideren Acuerdo Especial Humanitario y adquieran estatus constitucional.

«El acuerdo final, una vez que se firme y entre en vigor, tendrá la categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que tanto el Gobierno como las FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la vigencia de los derechos humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo», explicó De la Calle.

En La Habana se busca terminar la guerra, ya que ese «es el mejor modo de garantizar los derechos humanos de los colombianos», subrayó.

Esta fórmula, que contó con la verificación de los países garantes, Cuba y Noruega, representados respectivamente por Rodolfo Benítez y Rita Sandberg, establece que «no es un tratado internacional y como señala el DIH (Derecho Internacional Humanitario) no confiere ninguna estatus jurídico especial a las partes», señaló De la Calle.

En otras palabras, se «requiere de un procedimiento para su incorporación al ordenamiento jurídico interno mediante una ley del Congreso de la República que apruebe el acuerdo final, como acuerdo especial, en desarrollo del derecho a la paz» que contiene la Constitución.

El del jueves es un paso determinante en las negociaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012, porque permite que las delegaciones entren de lleno a abordar los detalles del sexto punto de la agenda de diálogos, referido a la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, así como trabajar enteramente en torno al fin del conflicto, que habrá de firmarse en solo pocos meses.

De la Calle subrayó que se trata de un «acuerdo equilibrado que brinda seguridad jurídica a lo acordado, algo que conviene a todos, a las FARC, al Gobierno, a las víctimas y a los responsables de delitos. Y, a la vez, se utilizan los mecanismos internos que impone el Estado de derecho constitucional».

El acuerdo final de paz se entregará al Consejo Federal Suizo, como depositario de las Convenciones de Ginebra, y se realizará también una declaración presidencial ante el secretario general de las Naciones Unidas «citando la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de enero de 2016, para que ese organismo dé la bienvenida a lo acordado y anexe a dicha resolución del acuerdo final», añadió el negociador.

Cuando concluya el 25 de este mes la actual ronda de conversaciones, iniciada el miércoles, las delegaciones anuncien cómo se instrumentará el cese bilateral del fuego y el cronograma para que los combatientes de las FARC dejen las armas. (Sputnik)

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