Existen dos países de los cuales algunas de sus empresas gozan de muy mala reputación en América Latina: España y Brasil. Los escándalos producidos por dichas empresas en diversos países, replican lo que al parecer es común: las componendas corruptas entre empresarios y políticos o gobernantes, que han causado una imagen bastante negativa en nuestros países.
Como ejemplos de ello habría solamente que recordar lo que la empresa española Sacyr, que participa en la ampliación del Canal de Panamá, arrastra consigo de escándalos por su virtual quiebra en España y la forma en que trata de extorsionar a la Comisión del Canal de Panamá, para que mediante sobreprecios solucione sus problemas financieros; y a lo que la empresa brasileña Odebrecht se prestó en ese mismo país durante el gobierno de Martinelli, considerado como el más corrupto de la historia panameña. Así como el favoritismo del Gobierno Dominicano con esa misma empresa para otorgarle la construcción de la termoeléctrica en Punta Catalina, a un monto que duplicaba el ofrecido por una empresa asiática. Al parecer esto es práctica común de algunas empresas que salieron de sus países a experimentar las mismas artimañas en algunos de América Latina.
En Brasil, el millonario y expresidente de la constructora Odebrecht, la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, fue condenado a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. El empresario está detenido desde junio de 2015 y en diciembre pasado renunció a los cargos que ostentaba dentro del grupo de compañías Odebrecht, fundado por su abuelo Norberto Odebrecht.
La Policía Federal cree que existen indicios de que Odebrecht hizo pagos indebidos por medio de intermediarios, con el objetivo de conseguir ventajas para la empresa, y señala que varios destinatarios de los sobornos, que se pagaban en efectivo, tienen vínculos «directos o indirectos con el poder público en todas las esferas». Prueba de ello es la innumerable cantidad de denuncias y procesos en curso actualmente existentes en Brasil, que se dirigen hacia los políticos que aprobaron la destitución temporal de la Presidenta Rousseff, como un acto de venganza por sus acciones en contra de la corrupción. Lo sucedido en Brasil supera la barrera de lo asombroso y cae en la categoría de lo asqueroso.
España ha registrado en 2015 el peor dato de percepción de corrupción de su historia, lo que refleja una «grave» situación de corrupción política, antes vinculada al urbanismo y ahora a la «contratación pública», sobre todo a la que hacen empresas públicas y entes instrumentales de la administración.
Según el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), la corrupción en España se sitúa en el puesto 36 de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el índice anterior.
Para Manuel Villoria, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional, aunque España no está inscrita en el llamado sistema de «corrupción sistémica» -en el que policías, médicos y profesores aceptan sobornos-, la corrupción en la contratación pública desde entes instrumentales está «bastante generalizada», como expresa «claramente» el caso Acuamed, ha dicho.
El resultado «catastrófico» que arroja España en este informe no significa, sin embargo, que la corrupción haya aumentado en 2015, sino que los datos son «más rigurosos» y beben de «más fuentes de información» que hace años, han explicado los responsables del informe.
En España, hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción cuenta con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como «complejos» por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. «El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tienen 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada», asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.
Todo lo anterior me viene a la mente cuando, leyendo un artículo publicado aquí mismo, se menciona la forma en que el PLUSC neoliberal actuó en años anteriores, y… para poner un solo ejemplo, con la transnacionalización de la empresa cementera del Estado, a CEMEX y HOLCIN, inmediatamente se multiplica el precio del cemento por muchas veces, y se encarece toda la obra gris de manera alarmante, dejando sin posibilidades de vivienda a las clases trabajadoras y medias.
Toda esa riqueza se sigue fugando a las bolsas de multimillonarios extranjeros. Este fue un verdadero acto apátrida de cobardes y corruptos, que siguen arremetiendo con otras instituciones, aún más importantes y esenciales como la CCSS, RECOPE o el ICE. Es la tragedia que dejó el bipartidismo oligárquico.
La campaña para justificar estas privatizaciones, aduciendo que la empresa privada produce libertad y que se estaba haciendo un gesto casi patriótico al subastarlas al peor postor, fue tan brutal, que hasta la izquierda, que precisamente estaba en crisis, fue prácticamente anulada. (Juan Félix Montero A.)
Por ello no debería asombrarnos el revanchismo de la derecha corrupta brasileña que ha producido el caos institucional en el que se encuentra sumido Brasil, cuya máxima expresión es el irregular proceso de destitución contra su presidenta, Dilma Rousseff, y que está colocando al país en una incertidumbre inconcebible en la mayor democracia sudamericana. Y no contribuye precisamente a desmentir las graves acusaciones realizadas por Rousseff y su entorno que culpan a la oposición de haber forzado más allá de lo admisible en una democracia los límites del Estado para apartar del poder a la mandataria en una especie de golpe constitucional.
Por otro lado, Panamá es una de las economías más fuertes y competitivas de la región, según el Banco Mundial (BM) y el Foro Económico Mundial, sin embargo, el talón de Aquiles sigue siendo la corrupción. Durante la última década, Panamá ha registrado un crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB), por encima del 8%. De hecho, en 2011 el PIB fue del 10.6%; en 2012, del 10.5%; y en 2013, aunque fue menor a los anteriores, también fue favorable: 7.9%.
A pesar de estas cifras tan alentadoras, los escándalos de corrupción que salen a la palestra pública pueden afectar las inversiones y, por ende, la economía del país. La corrupción tarde o temprano «afecta la imagen del país» y eleva el riesgo del perfil de la inversión, lo que en otras palabras significa que los inversionistas pueden tomar la decisión de evitar cierto tipo de inversiones en Panamá porque piensan que son vulnerables, aseguró el economista.
Los escándalos recientes de los Panamá Papers, y los vínculos con las mafias de las drogas del millonario más poderoso de ese país, dueño incluso de dos periódicos que influyen en las opiniones de los ciudadanos, quedan al mismo nivel de los contratos amañados de la era Martinelli, que por cierto no se han vuelto a mencionar.
Todos estos recordatorios, provenientes de otros países, deberían ponernos sobre aviso localmente. Existen sospechas bastante graves sobre los contratos de la carretera a Caldera, la construcción de la trocha fronteriza, y la defenestrada ampliación de la autopista a San Ramón (sobre la cual el gobierno anterior pagó, en el último momento de su período, una suma millonaria, que al parecer cubría las comisiones y coimas pagadas de antemano por la empresa), aunque sobre todo ello las instancias judiciales guardan un silencio cómplice, como es la costumbre local, ya que los jueces supremos y la fiscalía general de la república están en manos del PLN, y este partido es especialista en borrar huellas, retrasar procesos hasta su prescripción y propiciar el olvido.
Como vemos, pues, la transnacionalización de la corrupción que traen a nuestro país las empresas de otras latitudes aporta nuevas modalidades a la corrupción criolla, casi campesina, de pocos montos si los comparamos con las cifras de otros países. Pero no por ello deja de ser corrupción.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
Como siempre, muy certero su comentario; Don Alfonso.
Espana y Brasil se encuentran en serias dificultades ,precisamente por la corrupcion, la cual golpea a todos los gobiernos sin importar su ideologia.
Gracias don Alfonso por sus claras explicaciones sobre la ola de corrupcion en el mundo. Aqui en nuestra Patria, el capitalismo de amigos sigue en auge. Los politicos de siempre -muchos cuestionados- siguen figurando con sus caritas de «yo no fui». No se esclarecen los grandes despilfarros del erario publico. El aparato electorero del PLN sigue gobernando.