Bogotá, 14 may (Sputnik). – La solución anunciada el jueves por el Gobierno de Colombia y las FARC para blindar jurídicamente los acuerdos de paz que deberían firmar este año, sumó el viernes una nueva crítica, esta vez de la Defensoría del Pueblo.
«El acuerdo final que logren pactar (Gobierno y FARC) en la Mesa de Conversaciones de La Habana requiere no solo seguridad jurídica, sino también legitimidad política», señaló la Defensoría en un comunicado.
La fórmula pactada en La Habana por las delegaciones del Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) supone la celebración de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra del Acuerdo Final de Paz, y la posterior aprobación de una ley para darle estatus constitucional y categoría de acuerdo especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra.
Pero para la Defensoría las garantías de derecho internacional acordadas, «como la naturaleza de Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario», no deben sustituir ni restar efectos jurídicos a la decisión popular que tomará la ciudadanía al momento de acudir a un mecanismo democrático de refrendación.
Por otra parte, la Defensoría «destaca que por primera vez las FARC pasen del reconocimiento del Gobierno como interlocutor en las negociaciones a aceptar la participación de las instituciones del Estado», en referencia al plebiscito que se emplearía como mecanismo de refrendación.
Para la Defensoría, el país debe asumir el reto de discutir la seguridad jurídica de los acuerdos antes de acudir a lo que considera «procedimientos apresurados de carácter legislativo», de manera que se puedan evitar escenarios de tensión «que resulten en el rompimiento de los diálogos y la continuación del conflicto armado».
El debate en el Congreso y el control que debe realizar la Corte Constitucional podrían debilitarse «al tramitar leyes de implementación de un Acuerdo Final cuyos contenidos no abordarán únicamente asuntos humanitarios sino que incluirán temas de interés nacional como el problema de la tierra, las drogas ilícitas y la participación política», añade el comunicado.
Representantes de la derecha y del centro político habían criticado este viernes por inconstitucional la solución alcanzada entre el Gobierno y las FARC.
Gobierno y FARC mantienen diálogos de paz en la capital cubana desde noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo, que ha causado al menos 7,8 millones de damnificados y más de 220.000 muertos, según reportes oficiales. (Sputnik)
