Una Asamblea Constituyente

He recibido una invitación para participar como asistente y escucha a un debate entre diversas personalidades nacionales, sobre el tema de la conveniencia y oportunidad de convocar a una Asamblea Constituyente en nuestro país. Lo cual en primer lugar me extrañó, pues no poseo mérito alguno para ser invitado a ello, ya que no me alumbran luces intelectuales extraordinarias para ser parte de algo tan serio y trascendente. (Alguien por allí debe estar medio desorientado.) Pero el tema, en realidad, ha sido en muchas ocasiones, motivo de reflexión de mi parte y de discusión con otras personas más versadas que yo en el tema.

Ya en otras oportunidades había mencionado la razón fundamental de una reflexión sobre el asunto de modificar y actualizar la constitución, pues como instrumento al fin que es, y no fin en sí mismo, debe adecuarse a los cambios de los tiempos.

Lo decía en la introducción del libro Apuntes para una Reforma del Estado en Costa Rica, por allá del año 2006, señalando que desde hace más de veinticinco años (hoy serían más de treinta) en América Latina, y en la República de Costa Rica particularmente, se inició un largo período de ruptura y transformación en la relación entre el Estado y la Ciudadanía, que ha afectado las instituciones políticas, sociales, culturales y económicas.  Mucho de ello tiene que ver con influencias externas de formas muy diferentes, que han destruido o debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales que fundamentan las concepciones del Estado costarricense, y del fenómeno nefasto de la corrupción generalizada, que atenta directamente en su contra, entendidas éstas como conjunto de normas, valores y creencias que rigen la sociedad.

Lo más importante de este fenómeno radica en que ha deteriorado el acuerdo político y social sobre el que se ha fundamentado tradicionalmente el Estado, y con ello se han generado –de manera inmediata- distintas propuestas de “reforma” que buscan subsanar el daño causado, las cuales, sin embargo, pocas veces se han orientado hacia el “origen de las causas”, y por lo tanto han sido fallidas.

Sin embargo, esta situación –que algunos autores denominan crisis- se inició en los países altamente industrializados y en algunos de los más avanzados en el mundo en desarrollo como una “crisis del Estado de Bienestar”, el cual fuera construido en la época de esplendor en materia de crecimiento económico, sobre la base de sólidos acuerdos sociales y políticos, y que hizo crisis en términos de viabilidad financiera sostenida. Mientras que en la mayor parte de los países en desarrollo, ésta se expresa en ingobernabilidad, ya sea en términos de organizaciones estatales débiles e incapaces de responder ante las demandas ciudadanas, o en la ausencia llana y lisa de dichas organizaciones, que deberían cumplir roles básicos relacionados con la dinámica política, social, económica y cultural.

Muchos se preguntarán el por qué, la amplitud o la oportunidad de un cambio constitucional en Costa Rica. Lo que algunos entienden como una necesidad, otros lo juzgan como un juego peligroso que podría alterar, a peor, el marco de convivencia que emanó del pacto constituyente posterior a la revolución del 48.

La verdad es que, a partir de esa fecha, la Constitución ha experimentado cambios, no tanto en el texto, que apenas si ha sido literalmente reformado sino contra el significado del texto y desde luego en cuanto al despliegue de su normatividad. Pero cuando la Constitución pierde por el camino parte de su fuerza normativa y de su función legitimadora, algo sucede en el ámbito de la convivencia. Y mucho de la responsabilidad ello lo tiene la Sala Constitucional del Poder Judicial, que se ha prestado, en algunas ocasiones, a interpretaciones que evidentemente beneficiaban una posición especifica en beneficio de alguien o algo.

Cuando se habla de la necesidad de un cambio constitucional, lo que se quiere indicar es la necesidad de recuperar la fuerza normativa de la Ley de Leyes, fortalecer y adecuar las instituciones que contiene y sentar las bases para ordenar la convivencia en los tiempos y en las circunstancias que la rodean. Y si los tiempos y sus circunstancias han cambiado, así mismo debería hacerse con la Constitución.

Tal vez debido a que la cuestión del cambio constitucional viene a incidir especial y directamente en el debate político, es inevitable que venga cargada de polémica, de juicios de intenciones respecto al quid prodest, a quien aprovecha. Y en una situación como la actual, en que el pensamiento neoliberal está causando los daños que causa, su influencia sería nefasta. Creo sin embargo que, más allá del debate político en torno a la cuestión, hay razones objetivas que aconsejan la revisión del texto y que invitan a introducir cambios.

El principal problema que tenemos ahora es cómo resolver constitucionalmente la contradicción que se da entre la expansión formidable del capitalismo global financiero, capaz de moldear sociedades y condicionar la vida de las personas, con los pilares básicos que sostienen el sistema constitucional que nos hemos dado. Creo que no es exagerado decir que, de esa confrontación, se han resentido, hasta peligrar, los tres pilares básicos que sostienen la estructura constitucional: el Estado de Derecho, las instituciones y los valores de la democracia, y los fundamentos de la sociedad del bienestar.

Por otro lado, en estos años de crisis política como la experimentada en Costa Rica, se ha puesto de manifiesto hasta qué punto es posible soportar la desigualdad social, económica, política o de género, que se ha producido. No está de más recordar que la vigente Constitución declara que es misión de los poderes públicos actuar para alcanzar, no ya la igualdad formal ante la ley, sino la igualdad real y efectiva. Es evidente que estamos muy lejos de haberlo conseguido, por lo que habría que introducir instrumentos que permitan preservarla y evitar su quiebra. Sin igualdad real no se puede hablar de ciudadanía.

A partir de estos dos supuestos, se abre un abanico de posibilidades de actualización de la Constitución en una serie de materias. Algunas de ellas deberían haberse actualizado años atrás, si no fuera por la extrema rigidez de las reglas de reforma. Otras, de mayor calado, tienen que ver con la alteración de los supuestos sociales y políticos que posibilitaron el pacto constituyente que se realizó cuando se formuló. El mundo de hoy es muy diferente.

Reflexionar sobre estas cuestiones va más allá de la política entendida como contienda electoral. Significa devolver a la Constitución su condición de instrumento de control del poder (en sus distintas formas), de anteponer la democracia a cualesquiera otros intereses y de establecer reglas que permitan la solución pacífica de los conflictos sociales, desde el respeto a los derechos fundamentales de todos.

Por otro lado, olvidan quienes se entusiasman con la idea de una constituyente, que si esta cambia, deberían cambiar se algunas leyes o partes de ellas, que es un trabajo enorme y desgastante, además de obligatorio.

Los que adversan la idea lo hacen porque temen que los poderes económicos y mediáticos se introduzcan en el proceso de elección de los constituyentes, y de esa forma implanten las ideas del neoliberalismo depredador en ella, haciendo aún más grave la situación actual. Pero al parecer si necesitamos una nueva Constitución porque sólo así (y acaso sólo si se realiza mediante Asamblea Constituyente) podremos solucionar la crisis de legitimidad y representación que afecta a nuestra política.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría