San José, 24 May (ElP.-aís.cr) La desaparición de una serie compañías encargadas de distribuir armas sin notificar absolutamente nada al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre la ubicación de 7000 pistolas, revólveres y escopetas encendió las alarmas tanto en la Asamblea Legislativa como en la Defensoría de los Habitantes, razón por la cual ambas partes buscan primer aclarar la situación y en segunda instancia fortalecer las medidas de control.
El misterio de las armas fue revelado hoy mediante un informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP, el cual explicó que el armamento se registró en el año 2013 por 707 empresas, mismas que poco a poco fueron desapareciendo.
En este marco, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo Quirós, y Marvin Atencio Delgado, anunciaron hoy que solicitarán a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigar las razones por las qué el Ministerio desconoce la ubicación de dichas armas.
«Desconocer el paradero de esas armas es un serio riesgo para la seguridad ciudadana. Existe la posibilidad de que cayeran en manos de personas dedicas al tráfico de drogas u otras actividades delictivas. La Asamblea Legislativa debe investigar qué provocó esta situación y definir las medidas legales y judiciales que sean oportunas», indicó el legislador Marvin Atencio Delgado.
Del total de empresas, ya se logró verificar la irregularidad de poco más de 200, mismas que además están morosas ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sin embargo aún quedan cerca de 500 por encontrar.
De acuerdo datos del MSP, al 01 de octubre de 2015, de las 1.511 empresas de seguridad privada inscritas ante dicha dependencia, 878 se encontraban con licencia vigente (58%) mientras que 633 tuvieron la licencia vencida para esa fecha (42%), y contaba con 27.599 agentes de seguridad registrados. Se estima que por cada arma legal existe al menos, un arma ilegal, lo cual implicaría que podrían existir en Costa Rica un universo de 500 mil armas de fuego, entre legales e ilegales.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes sostiene que el Estado costarricense debe avanzar en la regulación de las armas de fuego que circulan en el país, así como también los mecanismos de importación, almacenaje, inscripción, uso, posesión y portación de armas.
La Defensoría ha venido manifestando su preocupación por el aumento en el uso de las armas de fuego y las consecuencias de su débil fiscalización en la seguridad de las y los habitantes del país.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, la adquisición de armas de fuego creció, del año 2000 al 2014 un 94,68%, la población en el país durante ese mismo periodo aumentó solo un 23.26%. Mientras en 1988 estaba registradas 55.734 armas, para el año 2014 la cifra alcanzó las 225.348 armas de fuego.
En criterio de la Defensoría, el “desarme” debe figurar como principio rector de la llamada “Ley de Armas”; ya que la construcción de la paz y la promoción de los Derechos Humanos debe conducir a una sociedad en donde la necesidad real para el uso o disposición de armas de fuego, en manos de civiles, se reduzca y llegue a su mínima expresión.
