San José, 24 May (ElPaís.cr).- Luego de varias mesas de negociación, Casa Presidencial en conjunto con el Ministerio de Hacienda lograron un acuerdo con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el cual la fracción legislativa cedió ante la creación de un registro de accionistas y el Poder Ejecutivo se comprometió a resguardar su confidencialidad.
Las partes conciliaron varias modificaciones al proyecto de ley para combatir el fraude fiscal, y a partir de ahora el Congreso tendría al menos el apoyo suficiente para aprobar el texto en primer y segundo debate, debido a que cuenta con el respaldo del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN) y los socialcristianos.
El acuerdo está compuesto por varios puntos, sin embargo el principal es que se establece la creación de un registro de accionistas en potestad del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al cual varias entidades como Hacienda Pública, Tributación Directa y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), podrá hacerle consultas.
“Tras una serie de reuniones hoy podemos informarles que hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno en un diálogo transparente, siendo una oposición responsable y propositiva dispuesta a apoyar al gobierno, en los proyectos que sean de auténtico interés nacional” afirmó el Jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas Rojas.
No obstante, no solo la bancada legislativa tuvo que ceder en algunos aspectos, sino también el Gobierno, por lo cual se añadirá un artículo al texto actual que tendrá como fin garantizar que el registro de accionistas mantendrá su confidencialidad y solo se podrá usar con fines legítimos. Además, el Gobierno aceptó que las personas que sientan que se les violentó su privacidad fiscal podrán interponer una acción legal ante un juez de garantía.
Cabe mencionar que las personas también tendrán derecho a saber si su nombre está o no en el registro, así como también tendrán la oportunidad de saber si están siendo investigados, de ser el caso serán notificados por parte de Tributación, sin embargo en los casos que lleve el ICD por razones obvias no se le notificará a la persona.
“El objetivo se logró manteniendo todos los estándares internacionales de transparencia que se pretenden incluir en la nueva legislación para combatir la evasión fiscal, luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero”, manifestó Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia en un comunicado de prensa enviado por Casa Presidencial.
Alfaro al igual que Helio Fallas, Ministro de Hacienda manifestaron que esperan la pronta aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, ya que éste será un primer paso para marcar la ruta fiscal que tomará el país.
Dentro de las condiciones para que el PUSC aceptara se contempla una mayor seguridad jurídica, el fortalecimiento del BCCR en la garantización de la confidencialidad y una serie de sanciones para los funcionarios que violen las reglas para el uso de la información.
“De esta forma se ha logrado garantizar que las autoridades tengan una herramienta que necesitan para luchar contra la evasión fiscal y el lavado, a la vez se brinda seguridad a los ciudadanos de que la información no se usará inadecuadamente y de que cuentan con derechos específicos y la capacidad de recurrir a un Juez para protegerlos”, afirmó la diputada Rosibel Ramos Madrigal, Presidenta de la Comisión de Hacendarios.
Cabe mencionar que aunque el bloque progresista en conjunto con el PLN celebraron la noticia, no todos la tomaron igual, tal fue el caso del Movimiento Libertario quienes más bien lamentaron que los socialcristianos cedieron ante la presión del Gobierno para crear un registro de accionistas, mismo que es requisito formal si Costa Rica quería ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
