martes 6, junio 2023
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ONG venezolana cuestiona la gestión del Gobierno de Maduro para combatir la pobreza

Caracas, 25 may (Sputnik). – La organización venezolana de derechos humanos Provea culpó al Gobierno de Nicolás Maduro de fracasar en el intento de detener la pobreza tras presentar el martes su informe anual correspondiente a 2015.

«Los pobres han sido las principales víctimas de las políticas del Gobierno y la gestión del presidente Maduro ha devenido en una fábrica de pobreza», afirmó el activista Inti Rodríguez, conductor del informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Aunque el gubernamental Instituto Nacional de Estadística no publica datos sobre pobreza desde 2013, «un estudio de tres universidades reveló un incremento de la pobreza hasta el 75 por ciento de la población para 2015», desde niveles del 50 por ciento cuando se detuvo la difusión de cálculos oficiales, según el informe.

La organización hace referencia a la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) 2015, realizada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

«La inflación de 181 por ciento según cifras del Banco Central, y de 315 por ciento en alimentos, los números más altos desde que en 1950 se llevan esas estadísticas, ha golpeado más a los sectores de menores recursos, haciéndolos más pobres», indicó Rodríguez.

El activista dijo que «el impacto de las políticas seguidas durante la Presidencia de Nicolás Maduro (iniciada en abril de 2013) ha tenido sobre los pobres un impacto más negativo que el paquete neoliberal (programa de ajustes aplicados en la última década del siglo XX)».

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela acusa ser víctima de una guerra económica contra el país de la cual forma parte la caída vertical en los precios internacionales del petróleo que conlleva a la escasez, carestía y racionamiento de alimentos y de otros bienes esenciales.

Nicolás Maduro elaboró un decreto de emergencia económica el 15 de enero que faculta al Poder Ejecutivo a disponer de fondos sobrantes de la gestión 2015 y tomar medidas urgentes de importación y distribución de alimentos y medicinas, incluyendo la intervención de empresas, así como limitar las transacciones financieras.

A pesar de que el Parlamento de Venezuela, con mayoría opositora, anuló el decreto, el Tribunal Supremo de Justicia lo avaló.

«Dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume», dijo el Tribunal en el fallo.

CRIMINALIZACIÓN

Según Provea, en Venezuela «existe una doble victimización de los sectores populares», por el auge de la criminalidad y las operaciones policíaco-militares sobre barriadas pobres llamadas OLP (Operativos de Liberación del Pueblo), iniciadas en julio de 2015.

La criminalidad muestra 17.700 muertes violentas (58 por 100.000 habitantes) en 2015, según la Fiscalía General, pero son 10.000 más según el no gubernamental Observatorio de la Violencia, lo que da una tasa de 90 por 100.000 habitantes, indicó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

En cuanto a las OLP, Provea sostuvo que «llevó más sufrimiento a los sectores populares» pues hubo 460 violaciones al derecho a la vida (220 en 2014), de las cuales el 89 por ciento fueron ejecuciones extrajudiciales, y los allanamientos de hogares denunciados llegaron a 17.215, mientras que en 2014 solo se registraron 51.

En contrapartida, un grupo de mujeres marcharon el martes hacia el Palacio Miraflores (sede del Gobierno) «en rechazo al plan violento de la derecha nacional» y fueron recibidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reseñó la cadena Telesur.

«La derecha quiere imponer un estado de violencia y desprecio contra la mujer», denunció Maduro y pidió a las mujeres que no permitan las agresiones de la derecha, haciendo alusión a las agresiones que sufrieron las funcionarias del Gobierno Luisa Ortega Díaz y Tibisay Lucena el 18 de mayo.

Provea, fundada en 1988, recibe apoyo de las organizaciones católicas Misereor (Alemania) y Alboan (País Vasco) y de Open Society Institute, basado en Baltimore (EEUU), y monitorea desde hace 27 años consecutivos la situación de los derechos económicos, sociales y culturales junto a los civiles y políticos. (Sputnik)

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