Este tema está en el tapete de análisis y discusión. Un grupo de diputados manifestaron recientemente su intención de hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores, en referencia al tema del déficit fiscal e impuestos.
En Costa Rica de cada 100 personas que trabajan aproximadamente 15 lo hacen en el estado, de los cuales 8 en el gobierno central o municipalidades que se financian con impuestos y 7 en instituciones autónomas (ICE, AyA, CCSS, Recope, bancos, etc) que logran sus ingresos por venta de servicios o cuotas. 41 trabajan en la economía formal, por cuenta propia o empleados de empresas o personas y estos están asegurados y tienen trabajo fijo. Los restantes 44 trabajan en la economía informal y debemos agregar de 9 a 10 que se encuentran desempleados. En poco más de 15 años duplicamos el desempleo y el empleo informal y dejamos de ser el país latinoamericano con menor desempleo e informalidad laboral.
Los empleados que trabajan en el sector público, cuentan no solo con el beneficio de Código de Trabajo sino también con el plus del derecho público y convenciones colectivas. Con lo cual pueden escoger lo mejor de los 2 mundos, el público y el privado. Esto ha significado mejores condiciones salariales, (ingresos de más del doble que el sector privado formal y ni que pensar del informal) y laborales como cesantía hasta por 20 años, jornadas más cortas, vacaciones de hasta 6 semanas al año (exceptuando el magisterio que es mayor), pensión a menor edad, inamovilidad laboral etc. Esto explica porque nuestros jóvenes estudiantes prefieran y aspiran a trabajar en el sector público.
Como país pretendemos ingresar a la OCDE, esta organización de países desarrollados, analizó Costa Rica y nos dice que nuestro gobierno general gasta un 70% más en salarios que el promedio de la OCDE y más del doble que Chile, Colombia, México y Uruguay. Por esto no queda plata para inversión pública y para los más necesitados. También la OCDE manifiesta que el gobierno central más municipalidades (8 de cada 100 trabajadores del país) representan el 30% del gasto en salarios del PIB, porcentaje que se magnifica si tomamos en cuenta que ya en el 2010 según la CEPAL del total del PIB, el 57% son salarios en Costa Rica, siendo el más alto de Latinoamérica y estando la mayoría del resto de países entre 30y 40%.
Tomando como medida el salario promedio de los empleados públicos y de las pensiones de Hacienda, todos estarían por ingreso ubicados en los dos quintiles de mayor ingreso del país, como diría don Pepe, en los 2 quintiles de los pudientes. En el otro, empleados del sector privado formal, 41 de cada 100, cuentan con código de trabajo, seguro social, cotizan para pensión, trabajo estable, 8 años de cesantía. 2 semanas de vacaciones, 62 o 65 años para pensionarse, etc .
Los trabajadores que laboran en los 2 grupos anteriores se vieron beneficiados en sus derechos laborales por la reciente ley de reforma procesal laboral.
El tercer grupo y el más grande, 44 de 100, que se acerca al millón de trabajadores informales que cumplen con algunas de las siguientes características: no cuentan con trabajo permanente, no están asegurados, no cotizan para pensión (con suerte tendrán la de 75.000 al mes por régimen no contributivo), trabajo por cuenta propia en comercio, agricultura, industrias caseras, cuidando carros, vendedores ambulantes, taxis piratas, Uber etc. No tienen patrono o son su propio patrono, y viven en la permanente incertidumbre de su futuro. Desafortunadamente es el grupo que crece más rápido, en los últimos 6 años alrededor de 400.000 personas pasaron a trabajar en esta condición.
Parece que a casi nadie le preocupa el destino de estos hermanos. ¿Será porque están dispersos en todo el país? ¿Que realizan actividades muy diferentes ¿que son muchos? ¿que compiten agresivamente entre ellos por el bollo de pan? Que están desorganizados? ¿No tienen como otros sindicatos o colegios profesionales?
Si no fuera por el deseo de trabajar honestamente de estas personas, tendríamos un desempleo de mucho más del 10%. He visto grupos de agricultores que se han acercado al Sr. Presidente a decirle que no quieren estar en la informalidad, pero que no pueden pagar CCSS, que talvez si bajan la cuota a la mitad, podrían hacerlo. Conozco empresarios que reportan ganancias y pagan impuestos aunque no las tengan, para seguir siendo sujetos de crédito y eventualmente poder vender la empresa. Recuerdo también un ex presidente del IMAS hace más de 25 años se sorprendió por que menos del 20% se destinaba a las necesidades directas de los más pobres.
Algo ha pasado y está mal en nuestro país, nos preocupamos por el destino de un pequeño grupo de trabajadores y nos olvidamos de los 900.000 que ya tiramos a la calle a pulsearla. Todavía hay quienes creen que todo se arregla con leyes sin tomar en cuenta la realidad económica y humana.
El optimismo sobre la posibilidad de incrementar significativamente el cobro de impuestos parece no ir en consonancia con el aumento de la informalidad y desempleo, algo no cierra. En todo caso lo que se recaude más en impuestos en personas y empresas que deben y pueden hacerlo, estos deberían ir a los costarricenses que más lo necesitan y a infraestructura pública.
(*) Ronald Solis Bolaños es Ex presidente BCR, Ex diputado PAC, Sociólogo
ronaldsolisb@gmail.com
15 mayo 2016
Día del Agricultor
Son pocos los articulos que se escriben sobre este tema en forma puntual. Sin embargo, en la politiqueria, corren rios de demagogia cuando tratan el tema del agricultor y del trabajo informal. Crei que en este gobierno se podria hacer algo mas por el agro, pero no ha sido posible. La oposicion, que tanto desgasta al gobierno, tampoco propone soluciones para el agro. Vivimos momentos de crisis porque no hay solidaridad, prevalece el capitalismo de amigos, la Patria no existe para los filibusteros.