San José, 31 May (Elpaís.cr).- Luego de cinco años de silencio sobre la sentencia de la Sala Constitucional que, en el 2011 frenó un proyecto de renovación urbana en 16 mil m² pertenecientes al Cementerio Calvo, Johnny Araya deberá demostrar que acató la resolución.
En el expediente 11-011464-0007-CO la Sala resolvió que Araya debía restituir las cosas a su estado original, retirar escombros y la tapia prefabricada del terreno que ocupa el Cementerio Calvo. Además, anuló el cambio de uso de suelo de la finca del Partido de San José, autorizado por el Ministerio de Salud y un acuerdo del Concejo Municipal para la segregación del camposanto.
“De acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar al superior jerárquico la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, que se ordene testimoniar piezas ante el ministerio público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional)” apuntó el Magistrado Fernando Castillo en la resolución.
Según testigos, Araya sólo ordenó el retiro de la tapia prefabricada, que separaba el área del Cementerio Calvo, de la que inscribieron en el Registro Nacional como «lote apto para construir», y que dejó sin cumplir las demás disposiciones.
También con anterioridad, el municipio josefino estuvo a punto de concretar la venta de 16 mil m² del cementerio Calvo, por un monto de ¢1.600 millones, mediante una figura de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) para la construcción de cuatro edificios que iban a albergar a atletas participantes en los Juegos Centroamericanos de 2013. Sin embargo, la Contraloría General de la República denegó el proyecto.
