Panamá, 3 may (EFE).- La vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió hoy con la Comisión Técnica de la hidroeléctrica Barro Blanco, con la que acordó una inspección técnica a las zonas de una comarca indígena posiblemente afectada por las pruebas del proyecto, informó la Cancillería.
Los participantes acordaron organizar una misión a las comunidades indígenas de la comarca Ngäbe Buglé de Nuevo Palomar, Kiad y Quebrada Caña, para inspeccionar y analizar las zonas que pudieron verse afectadas por el llenado de a presa.
La reunión, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, contó con la presencia de miembros de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno sobre Barro Blanco y funcionarios de las Naciones Unidas, que apoyan el diálogo con las comunidades indígenas que se oponen a la operación de la hidroeléctrica.
La mesa de diálogo tiene previsto reunirse el 13 de junio próximo para analizar los resultados de la visita al terreno y el diagnóstico presentado por las diferentes entidades de Gobierno.
Las pruebas de operación y llenado temporal de la central hidroeléctrica Barro Blanco, en Chiriquí (oeste), autorizadas por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), iniciaron el pasado 24 de mayo con protestas de los indígenas Ngäbe Buglé, que rechazan el proyecto, colindante con su comarca.
Las manifestaciones, que se han extendido por más de 10 días, han incluido el cierre de la vía Panamericana, lo que ha causado problemas a productores agropecuarios y habitantes de localidades remotas que buscan servicios médicos en otros poblados.
Actualmente, las pruebas alcanzan un llenado con una altura de 87,5 metros y preven que se mantenga así por los próximos días, según las condiciones climáticas, indicó la Cancillería.
La ASEP indicó la semana pasada que el llenado completo de la presa, hasta los 103 metros sobre el nivel del mar, será provisional y se alcanzará el 21 de junio, y luego comenzará a bajar hasta los 74 metros el 3 de agosto.
La central hidroeléctrica Barro Blanco es propiedad de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), de capital hondureño, se ubica en el distrito de Tolé, sobre el río Tabasará, considerado sagrado por los indígenas, que se oponen a su funcionamiento.
El Gobierno panameño suspendió las obras de Barro Blanco el año pasado y multó a Genisa por violaciones a la ley ambiental, mientras mantiene una mesa de diálogo con los indígenas, con el apoyo de la ONU, para resolver sus peticiones, aunque ha advertido que la presa, que tiene un 96 % de avance, no se demolerá.
Barro Blanco debe producir 28,6 megavatios, tras una inversión de 125 millones de dólares. EFE
