Brasilia, 3 jun (EFE).- La posibilidad de acortar los plazos del juicio político contra la mandataria suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, levantó hoy polémicas y llevó al presidente interino, Michel Temer, a negar que avale maniobras políticas en ese sentido.
Temer se puso a la defensiva por una propuesta presentada por su propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que este lunes planteó ante la comisión del Senado a cargo del proceso contra Rousseff que se recorten los plazos para su conclusión.
La proposición partió de la senadora Simone Tebet, quien se basó en artículos del código penal que establecen plazos más breves para algunas etapas de un juicio y sugirió que sean aplicados en el caso de Rousseff, lo cual llevaría el fin del proceso a mediados de julio, al menos veinte días antes de lo previsto inicialmente.
La defensa de Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT), ahora en la oposición, pusieron el grito en el cielo y denunciaron esa propuesta, acogida inicialmente por la comisión, como un intento de «golpe dentro del golpe», como califican al propio proceso.
El senador del PT Lindbergh Farías llegó a atribuirle la autoría de esa propuesta «al presidentito interino Temer», de quien afirmó que presiona para recortar los plazos con el fin de evitar que su Gobierno se desgaste y pierda apoyo parlamentario, con la intención de «hacerse de una vez con el poder».
Tanto el PT como la defensa de Rousseff apelaron al Supremo, que comparte las responsabilidades del proceso con el Senado, alegando que un recorte de los plazos «atentaría» contra el debido derecho a la defensa y supondría «pisotear la Constitución».
A esas apelaciones deberá responder el presidente del tribunal, Ricardo Lewandowski, quien aún no se ha manifestado sobre el asunto y no tiene un plazo legal para hacerlo, aunque ya ha dicho que todo recurso que reciba sobre el proceso será atendido «oportunamente».
Temer respondió hoy a través de unas declaraciones al diario O Globo, al que dijo sentirse «agredido» por esas «especulaciones», como calificó las acusaciones del PT.
«Esas informaciones son falsas» y «son una agresión a mi tesis de respeto a la independencia de los poderes», declaró Temer.
«Jamás pediría eso, aún cuando se tratase de una decisión que pudiera favorecer al Gobierno que dirijo, ya que sería una falta de respeto al Senado», por lo que «refuto con vehemencia ese tipo de especulación», declaró.
La sola posibilidad de que el juicio sea acortado hasta generó «preocupación» en sectores del propio PMDB y fue expresada por el presidente del Senado, Renán Calheiros, uno de los «caciques» de la formación que ahora está en el Gobierno.
«Veo con preocupación las iniciativas para comprimir plazos» y «más aún que esa pretensión pueda sugerir una supresión del derecho a la defensa, que es sagrado», indicó Calheiros en un comunicado oficial divulgado hoy.
Según Calheiros, «es imperioso agilizar el proceso para que no se arrastre indefinidamente», pero para ello «no se pueden utilizar expedientes de discutible carácter democrático», aún si se apoyan en «interpretaciones razonables».
El presidente del Senado indicó que «unos días en la historia no valen el precio de suprimirlos» y sostuvo que se le debe «transmitir a Brasil y al mundo la certeza de un juicio imparcial, responsable y civilizado».
Según el programa de trabajo inicial de la comisión del Senado, el proceso podría terminar a mediados o fines de agosto, en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, lo que llevó a muchos a hablar de la posibilidad de un «impeachment olímpico».
Para ello, los favorables a la destitución de Rousseff deberían conseguir al menos 54 votos en el pleno de 81 senadores, que cuando se instauró el proceso, en mayo pasado, reunieron 55.
Sin embargo, algunos senadores críticos de las primeras medidas que ha adoptado Temer en el poder y que respaldaron la apertura del proceso, insinuaron ahora que pudieran votar contra la destitución de Rousseff, quien de ser absuelta retomaría el poder de inmediato y consumaría así una auténtica «vuelta olímpica». EFE