martes 7, diciembre 2021
spot_img

Reforma Procesal Laboral. Régimen de los servidores públicos. N°2.

1.- El Código de Trabajo, de 1943 (para entonces no existía la Constitución que nos rige, de 1949), en título aun vigente dispone sobre el “régimen de los servidores del Estado y sus instituciones”. Con la Reforma ese título pasa a llamarse “Régimen laboral de los servidores del Estado y sus instituciones”. Sea, pasa a incrementar sus defectos. Primero, habla de “laboral”, cuando los servidores públicos más bien tienen por regla un régimen (de empleo) no laboral. Esta terminología la impuso la ley, no nuestra doctrina. Esto está nítido en el art. 367.2.e) de la Ley General de la Administración Pública. Segundo, los servidores públicos no son solo del Estado o sus instituciones; este “sus” alude a los entes estatales y sucede que hay también entes públicos que no son estatales, los cuales incluso, según la LGAP (no según la jurisprudencia, que a menudo vaga sin el debido rumbo) tienen un régimen público de empleo. Vayamos a temas más relevantes.

2.- En 1943 era explicable y aceptable que el C. de Tr. dijese algo de los servidores públicos. A partir de 1949 el panorama era otro; otro que los sindicatos y los laboralistas nunca pudieron digerir religiosamente. La jurisprudencia laboral (de los jueces de la jurisdicción laboral) comenzó a hablar de “relación estatutaria”, como diferente a la laboral. Pero no la perfiló debidamente, en todas sus aristas y consecuencias. No pudo nunca entender los alcances exactos de la contundente diferencia. Por eso los administrativistas preferimos hablar de relación pública y no de estatutaria. Era de suponer, elemental mí querido Watson, que en una reforma se aprovecharía la oportunidad no para reforzar sino para eliminar ese título del Código. Pero este país es como es. Podría pensarse que es culpa de su ubicación tropical.

Lo cierto es que se reforma el título en cuestión. Y se refuerza. Véase que ahora se llama “régimen laboral”, lo cual es más pretencioso. La verdad es que no es “régimen (jurídico)” completo; es una simple suma de algunas pocas disposiciones sueltas que ni siquiera sientan las bases de ese régimen. Por dicha. Porque si se hubieran metido a regular todo su régimen de seguro se hubiese incurrido en más yerros aun.

Pero seamos más claros aun, siempre sinceros. ¿Quién aseguró que es en el C.de Tr. donde debe sentarse el régimen de empleo de los servidores públicos? Sabemos que en Costa Rica no hay una ley general de empleo público. Ni la habrá. Aquí mandan los sindicatos, los que solo son relevantes en el ámbito público, donde es un queque ser fuerte. Esto, porque los políticos todo lo miden en función de las votaciones próximas.

2.- Veamos con lupa la normativa (682 a 687) reformada.

3.1. Define al trabajador público. Bien, aunque omite los elementos de la retribución y de la “subordinación”.

3.2. Suprime de la definición vigente la referencia a que el nombramiento sustituye al “contrato escrito de trabajo”. O sea: la reforma tiene claro que hay relación pública, no contractual, y relación laboral contractual de naturaleza privada.

3.3. Conceptualización del régimen. Aquí hay una falla salvaje de la Reforma. Según esta (682), ese régimen estará constituido:

  1. a) por las “normas estatutarias correspondientes”, sea las normas de Derecho Público que les sean aplicables;
  2. b) “leyes especiales y normas reglamentarias aplicables”;
  3. c) Código de Trabajo, supletoriamente.

Como la inocencia se perdió en este mundo desde que apareció Eva, es de suponer que la referencia a los principios generales del Derecho Público de Empleo no se hizo adrede. Otra sería suponer que todo esto se reguló al ruido de los cocos. La ausencia de esta referencia, ¿excluye la aplicación de los principios generales dichos? Esa es la cuestión. Grave, porque no es un pendejo detalle. Es algo medular.

Esa ausencia facultará para que el aplicador del Derecho sostenga lo que le parezca, según sus prejuicios incluso. De feria se pone al Derecho Laboral como supletorio sin exigir (elemental, mi querido Watson) que esa aplicación sea “en lo conducente”, en lo lógicamente aplicable, sea filtrado, compatibilizado, precisamente de cara a los principios propios del Derecho Público de Empleo, principios (los básicos) diferentes y contrapuestos a los del Derecho Laboral. Por supuesto que cabe lógicamente entender que dentro de las “normas estatutarias correspondientes” están incluidos los principios generales, que son normas no escritas.

Alude (mismo 682) la Reforma al “derecho laboral común”. ¿Será que pretende que el empleo público es un régimen laboral especial? No lo creemos, pues parece tenerse claro que el empleo público es de “naturaleza jurídica” diferente. Tampoco podría suponerse que esté pensando en un “Derecho Mixto”, tipo gallo-gallina. No hay ninguna insinuación al respecto, aparte de que ya solo eso nos faltaría.

El 682 hace también referencia a convenciones colectivas, laudos y conciliaciones (todo dentro del llamado Derecho Colectivo de Trabajo, en el campo del Derecho Laboral), figuras propias y típicas de relaciones contractuales privadas, que las declara de principio válidas respecto del Derecho Público de Empleo, aunque advierte, como en las promociones comerciales, que “aplican restricciones”, tema de necesario abordamiento luego.

Como la idea es no causar mucha fatiga, se corta aquí, pero continuará.

(*) Mauro Murillo A. es Especialista en Derecho Público.

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias