domingo 28, noviembre 2021
spot_img

Reforma Procesal Laboral N°3. Ámbito del Empleo Público

Tenemos que la Reforma parte de la existencia de relaciones de empleo de naturaleza pública, no contractuales. Admite igualmente, respecto de la Administración (entes públicos), que allí pueden darse relaciones regidas por el “derecho laboral común” (en realidad solo un derecho laboral hay; no es inocente el uso del adjetivo “común”). Para delimitar el ámbito de cada régimen recurre al 112 de la LGAP, cuyo texto reitera y adiciona.

Ese 112 no se puede entender sin el 111, al cual remite expresamente. El sistema de la LGAP (111 y 112), aun vigente, es este: estos artículos están dentro de un capítulo sobre servidores públicos; para la LGAP servidor público, funcionario público y empleado público es lo mismo, lo que sencillamente no puede ser; advierte que el régimen será el mismo, “salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario”, con lo cual salva un poco su imprecisión inicial. La clave para entender el 112 está en el 111.3: “No se considerarán servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común”. Sea: estos no son “empleados públicos, pero si empleados”. Semejante enredo era innecesario, mas lo relevante es otra cosa.

112 LGAP, en cuanto aquí interesa. Tiene dos declaraciones, o bien una con una excepción. Principio general: las relaciones de servicio (mejor de empleo) entre la Administración y sus servidores será de Derecho Administrativo, o sea públicas, estatutarias, no contractuales. Excepción: se regirán por el derecho laboral (no dice “común”) las relaciones con los empleados “que no participan de la gestión pública…de conformidad con el párrafo 3º del artículo 111…” ¿Cuáles son estos? Precisamente los empleados de empresas que brinden bienes o servicios bajo régimen de derecho privado (mercantil o civil). Todo esto lo mantiene la Reforma. Si es así, pareciera entonces que no altera nada, en cuanto el ámbito que nos ocupa.

Empero, hay que leer con cuidado siempre, porque por algún lado vienen los tiros. Señalamos supra que el 112 se adicionaba con la Reforma. El párrafo nuevo (el 5º) da la clave para entender el proceso “de modernización” del empleo público en que estamos. Regula el derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, derecho del que gozarán, dice, todos los empleados públicos; sea: los que laboren en empresas y “los que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los arts. 683 y 689” del C.de Tr. El 683 lo que hace es solo excluir del “pago de prestaciones” a ciertos funcionarios. El 684 indica que los enumerados en el 683 no se rigen por el C.de Tr. El 689 reitera que hay “derecho a una solución negociada o arbitrada” de los conflictos colectivos (“económicos y sociales) salvo respecto de los enumerados en el 683.

El sistema de la Reforma sería:

  1. a) Mantiene (literalmente) la misma regla que ya está en la LGAP y la misma excepción, en cuanto a la naturaleza de empleo.
  2. b) Pero “interpreta”, para efectos de solución de conflictos colectivos y de negociación, incluyendo dentro de los que tienen estos derechos a quienes “no participen de la gestión pública administrativa”.

En otros términos, habrá tres grupos de empleados de la Administración:

  1. a) los de las empresas con actividades regidas por el derecho común.
  2. b) los que laboran en actividades no empresariales de derecho común que no participan de la gestión pública.
  3. c) los que participan de la gestión pública.

El primero grupo tiene relación privada de empleo. El segundo parece que tiene relación pública pero no “pura”. El tercero tiene ciertamente relación pública.

El cuento de los que “participan de la gestión pública” no es nuevo. Ha servido para excluir de los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo a los superiores de las empresas. Pero ha servido más para sostener las convenciones colectivas de trabajo respecto de casi todos los servidores públicos, campo en el que ha sido truculento el uso del concepto.

Es demasiado fácil evidenciar el truco: el 112 cit. habla ciertamente de empleados “que no participan de la gestión pública”, al excepcionar respecto de la regla general de la naturaleza pública de la relación de empleo frente a la Administración. Pero agrega copulativamente, después de una coma: “de conformidad con…” (supra transcrito). Hay dos lecturas posibles: una decente, sea leerlo completo, como es en español. Otra, que sobra calificarla, que es “olvidarse” de lo que está después de la coma. El desparpajo llega al éxtasis cuando además se interpreta “gestión pública” como autoritaria. La Reforma legaliza (ya no será simple interpretación) la supresión de la segunda parte, aunque no osó legalizar literalmente la interpretación extrema dicha. Lo hace solo para efectos de negociación, no para fines de delimitación de la naturaleza de la relación de empleo. Todo a la tica. Sin el menor estilo.

Sobra advertir que con esta legalización aludida y con la interpretación antes dicha que se reforzará, lo que es la regla aun supuestamente vigente (en cuanto al ámbito del empleo de naturaleza pública) podría pasar a ser una insignificante excepción, según se responda a la cuestión que pasa a ser fundamental: ¿es compatible la negociación con la naturaleza pública del empleo?

(*) Mauro Murillo A. es Abogado Especialista en Derecho Público.

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias