domingo 28, noviembre 2021
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Reforma Procesal Laboral N°4. Principios generales y jurisdicción aplicable

El tema de la jurisdicción en que deben ventilarse los asuntos de empleo público es una de las historias más tristes de nuestro Derecho Administrativo. Demuestra la ausencia de capacidad de recta decisión de los ticos. En más de 50 años nunca se ha acertado, ni por la legislación ni por la jurisprudencia. Lo último que teníamos es la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma del Código Procesal C-A, que mandaba erróneamente el empleo público a la jurisdicción laboral y que legislaba diciendo en un considerando qué sí y qué no iría a cada jurisdicción, dando directrices inaceptables.

La Constitución sigue estando nítida: la jurisdicción contencioso-administrativa está para dirimir todas las cuestiones de legalidad de la Administración en “función administrativa”. Mínimo se dice que todo asunto concerniente a empleo público debe ir al contencioso-administrativo. Pese a tan clarísimo dictado, el tema ha dado vueltas interminables y el enredo continúa. Ahora quizá más espeso, pues ya ni se sabe a ciencia cierta dónde termina el empleo público, si es que empieza en algún lado.

Según la Reforma (420 C.de Tr.), la jurisdicción laboral conocerá de los conflictos individuales cuya solución requiera “la aplicación de normas de derecho de trabajo”. Incluye, agrega, “el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, así como las impugnaciones o nulidades de actos…, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral”. En palabras pobres: debe ir a la jurisdicción de trabajo todo conflicto de empleo público en donde se vaya a aplicar el C.de Tr., aunque se pida nulidad de actos. La miopía en esta solución se da porque se ignora: que prácticamente siempre estará en juego (aun cuando se invoque el C.de Tr.) la aplicación de normas y principios de Derecho Administrativo; que las pretensiones pueden ser de variado tipo; y que la aplicación del C.de Tr. en temas de Derecho Público de Empleo es absolutamente normal, como fenómeno de integración del Derecho Administrativo. Es elemental que un conflicto que necesite para resolverlo del Derecho Laboral, en aplicación supletoria, no por ello su naturaleza jurídica se transforma. Lo relevante y contundente debe ser la naturaleza del conflicto y no la naturaleza de la normativa supletoria a que haya que echar mano.

Pero, por supuesto, con el manejo que se hizo de la Reforma no podía esperarse otra cosa.

En la reforma al 422 C.de Tr. quedan sancionados los principios elementales laborales, el genérico de justicia y equidad y los específicos de in dubio pro operario, el de la norma más favorable y el de la condición más beneficiosa. Todo a favor del trabajador. En el 423 se advierten varias cosas. Lo dispuesto en el 422 se aplicará a los entes públicos en los procesos ante la jurisdicción laboral. Interesante, porque sería solo en esos procesos; ante el contencioso-administrativo pareciera reconocerse que no caben.  En todo caso, se dice (mismo 423) que se aplicarán “siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad”. Otra vez a la mejor manera de en Tiquicia. Si nos atenemos al Derecho Administrativo, hilando fino nunca serían aplicables. ¿Entonces? Cualquiera puede adivinar por donde irá la procesión. Y viene luego un “sin embargo”, pero referido al principio de la primacía de la realidad y a la aplicación de las fuentes no escritas del ordenamiento (¿de cuál, del laboral o del administrativo?). Todo esto tendrá cabida de acuerdo con la LGAP. Esta no se ocupa de la “primacía de la realidad”. Hilando fino deberá sostenerse que esa primacía en principio no cabe. Por de pronto recuérdese que el mismo 682 cit. exige el “nombramiento” del servidor. Sobre normas no escritas el 7º LGAP es suficientemente bondadoso, aunque normativa posterior (no tocada en la Reforma) puede serlo menos (v.art.56 de la Ley Contra la Corrupción, referente al reconocimiento ilegal de beneficios laborales).

Ya aclaramos el ámbito al que parece haber quedado reducido el Derecho Público de Empleo. Aun así, este quedará sujeto en buena parte a la aplicación de principios propios del Derecho Laboral. Podría resultar incluso que el Derecho Público de Empleo tenga contenido diferente según vaya el conflicto a la vía laboral o al contencioso-administrativo, lo cual ya es absurdo.

(*) Mauro Murillo A. es Abogado especialista en Derecho Público

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