En las últimas décadas, Costa Rica dejó de ser pionera en la región, en cuanto a distribución de la riqueza y la generación de oportunidades para facilitar la movilidad social ascendente.
Dicho rezago sucede en el momento que nuestra sociedad también afronta coyunturas decisivas para su futuro. Están pendientes acciones para consolidar clases medias vigorosas y servicios públicos de calidad que la ciudadanía merece.
Tomar las decisiones acertadas, durante este período de la historia nacional, es vital para asegurar un porvenir próspero para las futuras generaciones.
Nos encontramos en una etapa cumbre. Se requieren, entre otros cambios, una reforma integral del sistema educativo para asegurar la justicia social y el crecimiento económico del país.
Es sorprendente, e inaceptable, que cada vez sea más difícil el acceso de los y las estudiantes de escasos recursos, procedentes de colegios públicos, a las carreras de alta demanda y mayor movilidad social, impartidas por las universidades estatales. Instituciones financiadas por todos y todas.
Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2010, 59% de los estudiantes de dichos centros de educación superior, son de clase alta, mientras que un 32% pertenecen a la clase media, y tan sólo un 8% proviene de los sectores de la población económicamente más vulnerables. Estos datos muestran una profunda desigualdad de oportunidades y acceso a la educación de calidad. ¿Debemos tolerar esa situación en la Costa Rica del siglo XXI?¿Lograremos por ese camino alcanzar a los países de mayores índices de desarrollo? La respuesta a ambas preguntas es sencilla: no.
La deteriorada calidad de la educación pública (salvo algunos honrosos ejemplos como los colegios científicos, bilingües experimentales y otros), se convierte en una limitación para las personas que se gradúan de la misma.
Es bajo ese marco de hechos, y ante la premisa de no resignarnos por las circunstancias negativas actuales, que presenté hace poco el proyecto de ley para la democratización del acceso a las universidades estatales para los colegios públicos ( Expediente N° 19.986).
El objetivo de la iniciativa es que las universidades públicas reserven un 50% de sus cupos, para los estudiantes de colegio públicos que se ubiquen en los 10 mejores promedios de su institución académica. Ya, hoy los mejores promedios y muchos más estudiantes de la educación privada tienen garantizado este derecho a cupo, producto de la calidad de la mayoría de los centros educativos privados.
También se propone crear un Programa Nacional de Nivelación, bajo la dirección del Consejo Nacional de Rectores. Su fin es ejecutar procesos de nivelación, para que los estudiantes de colegios públicos se preparen mejor para los procesos de admisión de las universidades estatales y para que adquieran las destrezas y habilidades necesarias para afrontar la demanda académica de la educación superior.
El proyecto obtuvo un recibimiento positivo por parte de muchas personas y organizaciones consultadas. Fue presentado también al Consejo Nacional de Rectores antes del inicio de su trámite legislativo.
La sociedad costarricense está cada vez más dispuesta al cambio y a propuestas que nos permitan hacer las cosas diferentes, coherentes con nuestra historia democrática e inclusiva. Confío que pronto la iniciativa tendrá un debate de calidad en el Congreso y el apoyo para convertirse en ley de la República.
(*) Epsy Campbell Barr, diputada Partido Acción Ciudadana
