miércoles 5, octubre 2022
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¿Quién gobierna en Costa Rica?

La pregunta es simple, quizá suene hasta tonta o redundante, pero la respuesta es enormemente compleja, pues no son realmente los políticos electos para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo y quienes ellos designan para dirigir las distintas carteras; o los elegidos para la Asamblea Legislativa, y los que ellos designan en las altas esferas del Poder Judicial y otros cargos de gobierno. Ellos no son más que el mascarón de proa de una nave que está carcomida por las rémoras de la corrupción y no posee ni viento favorable ni destino manifiesto.

Para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto común. Y nace de inmediato la pregunta: ¿todos los actores de la sociedad? ¡Eso no se lo cree nadie¡

Un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país. Un Estado eficaz es indispensable para el desarrollo económico. El Estado es la expresión de sus elementos sustantivos – la población, territorio y soberanía -, sintetizados en una estructura de poder constitutivo de la cual es titular el propio Estado que éstos conforman y que, ciertamente, debe distinguirse del modo en que el mismo es ejercido y de cómo son designados aquellos ciudadanos que, en su nombre y representación, gobiernan la República, ejerciendo el poder – ejecutivo, legislativo y judicial – de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes que institucionalizan esa autoridad que les es conferida,

Las funciones básicas del Estado son varias y muy amplias: el ejercicio de la defensa e integridad territorial de la Nación así como del monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación y la salud.

El Estado también debe proteger a los sectores más vulnerables, tales como las personas de muy bajos ingresos, los desocupados y los ancianos. Debe asegurar un piso mínimo de ingresos requerido para vivir con dignidad.

Es decir, que su actuación debe estar circunscripta al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas y, en definitiva, de toda aquella conducta que exteriorice abuso de poder y que quiebre el marco de previsibilidad que debe encuadrar su accionar.

Las leyes que se dicten deben tener carácter objetivo, general y obligatorio. En su dictado no se debe interponer ningún otro plano ni interés sectorial que condicione al Estado en su rol de promotor del bienestar general. Las leyes deben ser el resultado de un proceso de estudio, elaboración, discusión, ponderación y análisis de sus consecuencias y efectos y, fundamentalmente, deben respetar la supremacía de la Constitución observando todos y cada uno de sus principios rectores.

Lo propio debe acontecer con la restante jerarquía de normas. Por caso, los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia, las resoluciones, ordenanzas, comunicaciones y circulares, emitidas por el Poder Ejecutivo y sus órganos dependientes y descentralizados.

Pero todo lo descrito se refiere solamente a la teoría que aparece en los libros, la realidad es muy otra.

En este país toman las decisiones importantes un grupúsculo de personas y corporaciones económicamente poderosas, que se inician financiando las campañas políticas de cuanto político maleable se le ocurra ponerse en el candelero de las elecciones, y en pago de ello les exigen después que tomen decisiones que les beneficien. Y su poder es tan grande que los tentáculos corruptores de su accionar llega hasta la Fiscalía General de la República y los supremos poderes judiciales. (Trate de hacer Usted una lista de sonados casos de corrupción y delitos evidentes cometidos por políticos, grandes empresarios, la Conferencia Episcopal, y otros, y se dará cuenta que se encuentran haciendo fila para la prescripción, sin llegar jamás a los tribunales.)

Voy a intentar hacer una breve lista de asuntos públicos que no son decididos como corresponde a favor de los ciudadanos, sino buscando el beneficio de pequeños grupos que poseen intereses en ellos, y que se si se solucionaran correctamente, les afectarían en su patrimonio económico o el poder y la influencia que ostentan.

La primera de esta lista es la Reforma Fiscal, pues el costarricense en general trata de evitar el pago de impuestos (aunque exige al Estado obra y servicios aunque no haya dinero), y los más poderosos económicamente, personas o empresas, los evaden descaradamente, a pesar de pagar relativamente poco en comparación de países desarrollados. Allí se incluyen varios temas importantes, como las pensiones de lujo de poquísimas personas, escandalosas, inmorales y absurdas, pero que legislaciones de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana pasaron alegremente por la Asamblea Legislativa en gobiernos anteriores. Ello incluye al Poder Judicial, que se ampara en la Convención Colectiva (jugarreta jurídica muy a su estilo) ya que no desea ser afectado en caso de que por un milagro se aprobaran las medidas para reducirlas mediante gravámenes, y se limitara el monto máximo para cualquier funcionario público.

La segunda es la escandalosa decisión de la CCSS de pagar como cesantía a sus empleados 20 meses ( la ley establece como máximo ocho en la empresa privada y curiosamente la Sala Constitucional aceptó elevarlo a 20 meses en el sector público), también amparados por normas internas, de forma que se igualarían a la organización emblemática de la corrupción gubernamental: RECOPE, en donde se pagan los 20 meses.

La tercera está expresada por la escandalosa presión que realizan los gremios de empresas de transporte público, utilizando todos los medios posibles, como es la ejercida hacia los funcionarios públicos de alto nivel para que enreden el tema y no los pongan en cintura. Y son tan poderosos que se trajeron abajo un Vice Ministro de Transportes, y lograron que el recién estrenado Regulador de los Servicios Públicos congelara el método para fijar las tarifas de autobús, que todos sabemos que está inflada al máximo, para enriquecer a los propietarios de las empresas de transporte público a costa de los más pobres.

La cuarta tiene que ver con la forma en que los sindicatos de las empresas públicas, todas, sin excepción, se han apoderado de las mismas ante las debilidades de los políticos que han sido colocados allí para dirigirlas, desde hace decenios, y a través de convenciones colectivas leoninas las desangran, sin importarles en absoluto el que toda organización pública es propiedad de los ciudadanos, y a ellos se debe. Aquí entran los Bancos del Estado, el ICE, el INS, y muchísimas más.

Y podríamos seguir hasta llenar un gran número de cuartillas. Pero lo importante está en que quienes  se encuentran en la actualidad en el Poder Ejecutivo y Legislativo, no son libres y autónomos, están prisioneros de los grandes intereses económicos y corporativos que manejan a gobernantes y legisladores a su antojo.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría

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7 COMENTARIOS

  1. A modo de aclaración, no pertenezco a ningún sindicato, en el ICE no hay convención colectiva, que no tiene nada de malo excepto el abuso que sindicalistas y políticos de turno han hecho.

  2. Siempre ha sido una aspiración del movimiento sindical convertir la cesantía en un derecho real y no una expectativa de derecho.El código de trabajo establece ocho años como tope para la cesantía, tope arbitrario y que nunca se ha dicho las razones por las cuales fue fijado así, pues los trabajadores contribuyen para la cesantía durante todos los años que son empleados. Tanto es así, que en muchas empresas privadas, a los trabajadores se les liquida anualmente la cesantía, con lo cual se ha roto desde hace muchos años ese tope establecido en el Código de Trabajo.

  3. A Costa Rica S.A la gobiernan indudablemente la oligarquía y sus cómplices que manejan el estado. En este país si usted queda desempleado ya no vale ni un cinco, al gobierno le vale un comino prestar asistencia y ayuda social a las personas en esta condición, Dios libre si queda desempleado arriba de los cuarenta queda totalmente relegado al ostracismo. La ideología anarco-capitalista esta empotrada en las mentes de la élite costarricense, se afianza el concepto del Estado como un estorbo al desarrollo, o sea el famoso Leviatan. Y los sindicatos?, son meros alfiles del juego político, las decisiones finales y cruciales de este país son hechas por ese grupúsculo de magnates y algunos plutocratas que firman decretos y leyes que favorecen a los primeros.

  4. Es importante tener en cuenta que el código de trabajo en esta materia lo que establece son mínimos. Es por esta razón que constitucionalmente son permitidas y legales las Convenciones Colectivas, sobre todo en aquellos casos donde se esta regido por el Derecho Común como es el caso del INS.

  5. Excelente enfoque de la realidad nacional. Definitivamente, ese pequeño pero poderoso grupito de poder, enfermos de avaricia, capaces de vender a su propia madre por algunos dólares, son los que dictan las pautas a seguir en este país, por otro lado grupitos de inconcientes que se creen priviligiados y por ende manipulan las leyes para obtener de forma descarada e inmoral, salarios y pensiones de lujo, para colmo de males, los vivazos que evaden el fisco; todo esto sumado, es solo una bomba de tiempo para ver quebrada la economía de este país, que de hecho es una economía ficticia, a mi manera de ver el narcotráfico y el lavado de dinero, la medio mantienen a flote, pero esto no durará para siempre; cuando el país tenga ese colapso económico, entonces vendrá el caos, el grupo de desempleados será mayúsculo, veremos hay si se mantienen los favoritismos, salarios de lujo, las pensiones en general, etc…etc.

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