Grabaciones y filmaciones necesarias

A tal punto ha persistido la corrupción en nuestro país que hoy en día se hace necesario que los funcionarios honestos que aún quedan en la administración pública, empiecen a grabar o filmar las visitas de ciertos personajes a sus oficinas, sean empresarios, miembros de partidos políticos o familiares de ex gobernantes (como me enterado recientemente de fuente fidedigna y ausente de duda alguna) a organizaciones de servicio público, exigiendo que se les haga, por ejemplo, pavimentaciones de caminos, electrificación pública y acueductos en fincas de su propiedad, a expensas del erario al que aportamos todos los ciudadanos, cuando debería ser de inversión privada. Y lo peor de todo ello es que sus visitas están acompañadas de amenazas no tan veladas, tratando de intimidar a los funcionarios, diciendo que poseen conexiones e influencias en las altas esferas de las organizaciones públicas correspondientes, y que si no accede el funcionario a sus reclamos, le puede costar el puesto.

Lo de las altas esferas no me extraña, pues el Partido Liberación Nacional dejó instalados en casi todas las instituciones del Estado, en cargos de importancia, a sus testaferros, a fin de impedir el avance de los proyectos del actual gobierno y para asegurar que actos como los que estoy señalando gocen de la protección indispensable y, no solamente se cometan los ilícitos, sino que ello no llegue a la prensa.

En Wikipedia se señala que la vigilancia es el arte de observar las actividades de personas o grupos desde una posición de autoridad. Puede ser encubierta (sin su conocimiento) o manifiesta (tal vez con el frecuente recordatorio del estilo «te estamos vigilando»). La vigilancia ha sido una parte de la historia humana. El arte de la guerra, de Sun Tzu, escrito hace más de 2,500 años, analiza cómo los espías deberían ser utilizados en contra de los enemigos. Pero la tecnología moderna le ha dado a la vigilancia un nuevo campo de operaciones. La vigilancia puede automatizarse usando computadoras y teléfonos inteligentes con cámaras y micrófonos conectados a ellas, y se pueden dejar extensos registros que describen las actividades de las personas. De igual forma, la utilización de cámaras ocultas en los despachos, grabadoras y micrófonos ocultos, pueden ser de gran utilidad en un momento como el presente, en que se ha disparado la corrupción a niveles asombrosos.

No puedo opinar, pues  no soy abogado, si nuestra jurisprudencia aceptaría grabaciones y filmaciones como pruebas válidas dentro de una acusación penal, pero además de la condena judicial existe la condena social, que se puede lograr haciendo llegar las grabaciones o filmaciones a los medios de comunicación masiva, o simplemente subirlos a medio como Facebook, por ejemplo.

En el escenario social y político de los finales del siglo pasado e inicios de éste la “corrupción” ha adquirido una inquietante relevancia; este viejo fenómeno ha ido ganando una presencia mas perturbadora y generalizada y me parece necesario abordarlo más allá del estrecho marco jurídico penal, quiero decir no solo como un delito, sino como un fenómeno social, económico y político, y también cultural.

En ese contexto, el fenómeno de la corrupción se presenta no tanto como episodios más o menos frecuentes, sino que están acompañados de la inmunidad de sus ejecutores y de una impunidad ligada a la actividad/no actividad del sistema penal. Por ello es insuficiente sociológicamente abordar este fenómeno desde una posición sólo jurídica-moral y requiere de explicaciones sobre la sociedad en su conjunto, sobre el orden social y las instituciones que lo hace posible.

Los hechos de corrupción no son una novedad en la historia humana y siempre ha sido un problema amenazante para la legitimación del estado-gobierno en la gestión de los bienes públicos y el bienestar general de una sociedad.

También podemos afirmar que la corrupción siempre ha sido parte de la vida política (Alan Wolfe 1980; 87, 89) pero las formas en que se expresa varía conforme a circunstancias socio-políticas en especial cuando una clase o un grupo ha obtenido el poder económico sin su correspondiente poder político (Huntington, 1972, Wolfe 1980) y así la corrupción llega a sustituir o acompañar en los hechos la práctica de la administración pública.

En este sentido, se conocieron épocas históricas de mayor o menor corrupción, de sociedades más o menos corruptas, y de un sistema penal más o menos activo en su persecución; el sistema penal, el sistema de prohibiciones y la amenaza o la ejecución de castigos conforme a la normativa legal ha sido y continua siendo el instrumento utilizado para el diagnóstico y para el castigo, encerrando así el problema en una cuestión autorreferencial del derecho y de la conducta humana prohibida.

Uno de los temas respecto a los cuales existe una gran confusión entre abogados, fiscales, jueces y otros operadores de justicia es el relacionado con la grabación o registro de voces o imágenes y su utilización en un trámite judicial. Se cree, equivocadamente, que una grabación de voz o una filmación de imágenes o, el registro de una conversación, efectuada por una persona particular que tiene el carácter de interlocutora es inconstitucional por violatoria de los derechos fundamentales  de los demás interlocutores, e, ilegal, por haber sido efectuada sin orden previa de juez penal competente.

Personas que no están debidamente informadas sobre el tema, por conveniencia personal o profesional, objetan sin más la validez de estos registros, aduciendo que no han sido obtenidos con autorización del juez penal. Más grave aún es que los juzgadores, por ignorancia, comodidad o intereses ocultos, sin mayor análisis, aceptan la objeción y declaran la invalidez probatoria de tales registros.

Lo importante, lo verdaderamente importante, es que los funcionarios públicos honestos que aún permanecen en la administración pública costarricense, realicen algún esfuerzo a través de los gremios a que pertenezcan, para desarrollar una campaña de denuncia y persecución de tanto sinvergüenza que pulula alrededor de las organizaciones públicas, corrompiendo procesos, contratos, concesiones y mucho más, amparados por los padrinos políticos de siempre, que conocemos todos.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría