México, 8 jul (EFE).- El secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Roberto Campa, se reunió hoy con padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, con quienes acordó avanzar en un posicionamiento conjunto sobre el mecanismo de seguimiento a las investigaciones del caso.
En el encuentro, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las partes convinieron también en que los familiares cuenten con apoyo de la Policía Federal en la búsqueda de los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado sureño de Guerrero.
En declaraciones a periodistas después de la reunión, Campa dijo que se abordó el tema del mecanismo de seguimiento.
«Tendremos una reunión el próximo lunes para avanzar en un posicionamiento que confiamos sea un posicionamiento conjunto para llegar a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), con una posición que muestre un acuerdo. Vamos a trabajar el fin de semana y vamos a trabajar el lunes, y confiamos en tenerlo listo el martes», expuso.
De acuerdo con el subsecretario, «de lo que se trata es de tener un mecanismo que resulte eficaz para estrechar la relación del Gobierno con los padres, una relación que es indispensable para sacar adelante esta tarea».
Otro tema tratado fue el relativo a la solicitud de los padres de contar con apoyo de la Policía Federal para la realización de búsquedas.
«Yo reiteré el compromiso, a partir de la indicación que me dio el señor secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio), para dar todo el apoyo que sea necesario, de manera tal que ellos tengan claro que cualquier información o cualquier indicio sobre el paradero de sus hijos será atendido», enfatizó.
Por su parte, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo a la prensa que durante la reunión se acordó que «la Secretaría de Gobernación trabajará este fin de semana una propuesta, un borrador de mecanismo, con las características que nosotros estamos solicitando».
Dichas características son que dicho mecanismo «deberá estar integrado por dos miembros de la Comisión Interamericana, dos comisionados, entre ellos el relator del país, y un equipo operativo con un número mínimo de dos integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión».
Ese equipo deberá contar con equipo técnico y facilidades para estar en el país de manera permanente, explicó Rosales. Asimismo, los comisionados deberán tener facilidad para visitar el país «cada dos meses para esta monitoreando la investigación».
En su oportunidad, Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, precisó que el mecanismo de seguimiento estará a cargo del relator para el país y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.
Patrón también confirmó que se busca que el equipo operativo del mecanismo «tenga la posibilidad de tener estancias y visitas de manera ilimitada en nuestro país, y que en el caso de los comisionados puedan tener visitas por lo menos cada dos meses».
Finalmente, indicó que el objetivo es llegar a Washington este mismo mes para presentar a la CIDH una propuesta unificada sobre el mecanismo de seguimiento.
Según la versión oficial de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como el grupo de expertos independientes de la CIDH, que tras meses coadyuvando en el caso presentó este año un informe en que denunció graves fallos en las investigaciones.
Se acordó que la CIDH instrumentaría un mecanismo especial para dar seguimiento al caso, a la vez que el organismo interamericano dictó medidas cautelares para la protección de los familiares de las víctimas. EFE
