martes 27, septiembre 2022
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Sectores divididos por Ley de gestión del recurso hídrico

San José, 12 Jul (ElPaís.cr).- La presión efectuada por la bancada del Frente Amplio (FA) desde la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de Ley sobre la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y la oposición de sectores de la sociedad civil, mantienen una discusión que ya contabiliza al menos 15 años.

Los frenteamplistas hicieron público un acuerdo sobre el expediente 17 742, en el cual aclararon que luego de que se corrijan algunas inconstitucionalidades señaladas por la Sala IV apoyarán totalmente ese texto en el plenario.

José María Villalta, ex candidato presidencial del FA, hizo una consulta de constitucionalidad tiempo atrás, en la cual la Sala definió que los artículos 29 y 30 del proyecto, eran una reducción sin justificación técnica de las áreas de protección y que el transitorio XI establecía una excepción a la regulación de uso del suelo, específicamente a quienes lo han aprovechado de manera ilegal.

Mediante un comunicado de prensa emitido por la fracción frenteamplista en medio de las vacaciones legislativas, explicaron que luego de acatar las recomendaciones constitucionales, «el proyecto debería votarse de inmediato para cumplir con el mandato de Ley de Iniciativa popular y así dotar al país de una legislación moderna en materia de manejo integral del agua».

A pesar de que la bancada de izquierda busca priorizar la discusión de dicho proyecto que tuvo el apoyo de más de 170mil firmantes promoviendo que ocupe el primer lugar de la orden del plenario, hay quienes estiman que sobran razones para oponerse al texto.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot manifestó que, «existen muchos beneficios, no lo niego, pero hay aspectos que no me parecen. Por ejemplo, se traslada la competencia que había mantenido el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) en cuanto a aguas subterráneas, tal y como se desprende el transitorio XII, a la Dirección Nacional del Agua (DINA)».

Según lo estipulado en el artículo 85 de la ley, este nuevo ente contará con una unidad especializada de investigación y estudios técnico científicos en aguas. De acuerdo al texto, sus criterios tendrán independencia técnica por lo que podrán ser objeto del recurso jurídico de revocatoria y apelación. Además, la institución estará a cargo de un Director Nacional que será elegido y removido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

«Las inconsistencias las tenemos en que el director del DINA se escoge por su profesionalidad y ética en concurso público, pero lamentablemente puede ser removido a gusto del ministro del MINAE. Asimismo, vemos que las resoluciones del DINA son de conocimiento del ministro del MINAE, que es un ente político, por lo que la objetividad, la técnica y la ciencia podrían estar comprometidas por otros factores. Acá recordemos que todas las competencias que ahora tiene el SENARA, como institución descentralizada Estatal, sobre protección y fiscalización de aguas subterráneas se perderían en manos de una DINA debilitada por posibles influencias políticas lamentablemente (…)», indicó Sagot días atrás mediante su red social de Facebook.

Sagot recalcó que lo más justo es ser objetivos, dijo que si bien es cierto el proyecto tiene un muy buen enfoque en el reconocimiento del agua como un derecho humano, pero que no se pueden obviar algunos retrocesos, tal es el caso del establecimiento de las áreas de protección hídrica, las cuales actualmente son de un radio aproximado de 200 metros desde el borde de un río o un manantial, sin embargo en el nuevo texto se les disminuyó 20 metros.

Sobre este tema, la Sala Constitucional declaró en una resolución (2008-6052) que: «El requisito de un perímetro no menor de 200 metros de radio a efecto de poder instalar una actividad en un área que circunde los sitios de captación o tomas surtidoras de agua, como medida para evitar la escasez y degradación irreversible de las condiciones naturales del recurso hídrico, lo fue pensado y determinado por el propio Legislador, como una limitación de interés social, preocupándose de priorizar la utilización del agua para el consumo humano sobre cualquier otro (…)”

Por otra parte, hay diferentes sectores que se oponen al texto, principalmente la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que tiene entre sus integrantes a las Cámaras de exportadores de Melón y Sandía, Cámara de Bananeros, Corporación de Arroceros, Cámara de Cafetaleros y a la Cámara Americana de Insumos, entre otras empresas.

«Esos empresarios agroindustriales consideran que la nueva Ley les afectaría el uso que actualmente hacen del recurso hídrico y de los terrenos ubicados en las áreas protegidas», indicó un pronunciamiento del FA sobre el tema.

En esta línea, la semana anterior se publicó un texto que contiene 32 motivos para no apoyar el proyecto de ley, ante lo cual el Frente Amplio contra argumentó cada una de estas razones mediante otro documento.

Cabe mencionar que la actual crisis hídrica que se vive en Costa Rica es el resultado del agotamiento del marco jurídico e institucional para su gestión, la cual se acentúa con la variabilidad climática. La iniciativa de ley fue concebida con el propósito de dar una respuesta estratégica al déficit natural y administrativo de dicho recurso; en este marco fue aprobado en primer debate por los diputados en el año 2014 y se ha estancado hasta la fecha.

El expediente contempla el reconocimiento del acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, el establecimiento del agua como un bien de dominio público con reglas claras en cuanto al aprovechamiento en sus diferentes usos, el establecimiento de que los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro, el fortalecimiento de los instrumentos para la valoración económica del agua; entre otros aspectos.

 

 

 

 

 

 

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5 COMENTARIOS

  1. Los sectores sociales no estamos divididos en torno a la ley de recursos hídricos. Este link pone en evidencia como cada vez más y más sectores sociales se suman en apoyo de la ley de recursos hídricos hay algunos sectores trostkistas que le hacen el juego a las grandes cámaras agicolas y a la derecha libertaria en su intento de frenar este proyecto de ley fundamental para nuestro país. http://www.leydeaguasya.com/Firmas

    • Yo no soy troskista, leí la ley y estoy absolutamente en contra de ella, y muchos de los que leen la ley se convencen de su malignidad contra este pueblo. Con el cuentito de troskos (lease el coco con que asustan) que hoy son usados para asustar con una cosa y mañana para otra no vamos para ningún lado. Más seriedad en su accionar.

  2. La intención no es discutir, sino lograr acortar las diferencias.
    Por eso pongo sobre la mesa dos elementos paralelos a la discusión legislativa.
    1.- José Miguel Zeledón.- Su ligamen con GWP al mismo tiempo que cumple una función pública, es contraria a los principios éticos. Además, ha demostrado una total incapacidad por hacer cumplir la ley vigente, cerrar pozos ilegales, cobrar adecuadamente el canon, proteger los mantos acuíferos contra la salinización, etc, etc,etc.
    ¿Estarían Ustedes de acuerdo en solicitar su remoción de su puesto para que no quede la DINA en sus corruptas manos?

    2.- Para demostrar que la ley no seguirá favoreciendo la concentración del agua en pocas manos, propuse hace unos días, la emisión por parte del Presidente de un Decreto Ejecutivo con un nuevo nivel de canon para concesionarios de agua, que termine con el ridículo de 12 y 16 centavos de colon por metro cúbico que pagan los cañeros y arroceros.
    Eso además de poner orden y justicia, daría confianza a muchos de que hay intención de cambiar el rumbo y poner orden.
    ¿Apoyan Ustedes esta propuesta?¿Que se puede hacer para concretarla?

    La alternativa a eso, es la aprobación de la ley, la ejecución del embalse en Rio Piedras para dar más agua a los cañaverales, la privatización y mercantilización del líquido, más salinización y destrucción de otros mantos acuíferos, etc. El desastre total.

  3. Jose Miguel Zeledon, Maureen Ballesteros, son los dos principales impulsores de este proyecto de ley ligado a la GWP que quiere privatizar el agua como mercancía. Hay ong que son ingenuas hasta decir basta y no lo quieren reconocer. Que nos diga por ejemplo Jorge Mora qué han hecho estas dos figuras públicas para parar el saqueo del agua en Guanacaste y la entrega del agua de los guanacastecos a grandes corporaciones. Si no han hecho nada, y apoyaron este proyecto de ley, es que les conviene.

  4. Es una ley del Banco Mundial para asegurarse el agua de los costarricenses y lo hacen mediante el concurso de unos seudo izquierdistas y unos seudo ambientalistos.

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