La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) expresa su posición: lucharemos por una reforma constitucional y una ley que definan con claridad la administración, por parte del Estado, del recurso hídrico como patrimonio social e inajenable que es; por ser el principio de la vida y, al igual que el aire, la luz y el calor del sol, debe estar al servicio de la vida; de todas las formas de vida del planeta. NO compartimos ni aceptamos los términos en que se ha redactado y aprobado en primer debate, en la Asamblea Legislativa, la Ley No. 17.742 de Recurso Hídrico, aprovechándose de la confianza y el respeto que nuestros ciudadanos profesan a nuestro Estado de derecho y al sistema democrático.
La ciudadanía costarricense se ha caracterizado por el respeto a la naturaleza y al derecho; ha utilizado procedimientos democráticos para las decisiones que atañen al interés por el bien común, por eso denunciamos la tergiversación y manoseo que de la citada ley han hecho algunas fuerzas que solo buscan la apropiación privada de los bienes públicos. A continuación nuestras razones:
- La iniciativa popular de recolección de firmas en su encabezado decía: «Los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo al Proyecto de Ley de Gestión Integrada del recurso hídrico, el cual es un instrumento legal, moderno, que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones«. Ese propósito fundamental fue eliminado de los principios generales de la ley. Con ese tipo de acciones lo que consiguen es tergiversar y prostituir los instrumentos de la democracia participativa e inhiben a las personas a seguir respaldando con su firma leyes de iniciativa popular, ante la incertidumbre que se crea de que las mismas pueden dejar de reflejar la voluntad del soberano representado por las firmas recogidas.
- En el nuevo texto del Proyecto de Ley, se establece que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos y debe reconocérsele como un bien económico. Nótese que en la nueva redacción de la ley, (en los dos primeros principios generales), se borra lo fundamental, al eliminar en uno la “cantidad y calidad” y en el otro designando el agua como bien económico en lugar de bien social.
- El propósito y la intención manifiesta de los ciudadanos que firmaron, era proteger el agua. En su lugar, en la Asamblea Legislativa, redujeron los espacios de protección de las nacientes, como si sólo aguas arriba fuese necesario proteger el recurso hídrico y desconociendo de esta manera la necesidad de realizar estudios técnicos específicos para cada cuenca o naciente. Además, al derogar artículos que conceden facultades, incluso de tipo penal, al Ministerio de Salud para proteger los vertidos, esta ley pasa al MINAE la competencia bajo el principio economicista de quien contamina paga y ¡el MINAE cobra!
- Politizan SENARA al pasarla al Ministerio del Ambiente, dejando de ser una institución técnica y autónoma, cuya labor es y debería seguir siendo la protección de las aguas subterráneas, riego y avenamiento. Al trasladarla al Ministerio de Ambiente, (a la Dirección Nacional de Aguas) bien sabemos que dependerán de las directrices del ministro de turno.
- La CUT se pronuncia por una reforma constitucional, que supere el “pecado original” de esta ley, cual es la traición a quienes firmaron un encabezado de principios que luego fuera manipulado(desvirtuando así la iniciativa popular para impulsar leyes) y que la tiene condenada a salir sin pena ni gloria de la corriente legislativa Una reforma constitucional debidamente blindada frente a cualquier intento de privatización del agua y que de verdad instaure en nuestra carta magna el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones, como bien social y NO económico.
Comité Ejecutivo Nacional. CUT
(*) Juan Félix Montero, Firma responsable