El cáncer social hizo metástasis

La corrupción que se ha apoderado de Costa Rica desde hace ya varios años constituye un verdadero cáncer social caracterizado por su “metástasis”, y ello queda demostrado cuando los medios de comunicación masiva nos alimentan diariamente con informes sobre escándalos o noticias sobre actos corruptos o al menos apartados de la ética en la función pública.

Sin embargo, cuando hablamos de corrupción debemos tener claro que no se trata de un fenómeno reciente ni mucho menos, pues ha acompañado a la historia de la civilización desde sus principios, y a la historia de nuestro país de igual forma. Pero en contra de lo que algunos puedan pensar, no debemos buscar sus orígenes exclusivamente en regímenes totalitarios ni democráticos, capitalistas ni comunistas, ultra derechistas ni ultra izquierdistas, pues su génesis parece esconderse en lo más oscuro de la condición humana, estimulada por la avaricia y el ansia de poder.

Lo que sucede es que en los decenios pasados han coincidido algunos factores que la alimentan, logrando que el fenómeno se extendiera exponencialmente, cubriendo todas las capas de la sociedad. Entre ellos se encuentran el decaimiento del nivel educativo de los ciudadanos, que trae consigo el abandono de los más nobles principios morales y éticos en el comportamiento individual y grupal; el consumismo aberrante de que ha sido presa la sociedad como un  todo, que estimula la ambición; y particularmente el pensamiento neoliberal, que no se caracteriza precisamente por sus valores éticos, dentro del cual se coloca por encima de bienestar colectivo el individual, sin importar los medios que se utilicen para ello.

Como señala en una obra de su autoría Rafael Lomeña Varo (Una reflexión acerca de las distintas formas de descomposición del poder político, económico, social.) la corrupción del poder es en sí misma una corrupción moral de la/s persona/s, y podemos definirla como la práctica y utilización de las funciones y medios de organizaciones, especialmente públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores, y dada la ambigüedad de su génesis, debe ser considerada como un fenómeno social inherente al propio ser humano que, si bien puede afectar a una pequeña parte del total de un grupo, posee una repercusión de gran calado en la percepción social del fenómeno cuando se conoce. Asimismo, debemos señalar que siempre es la corrupción de entidades públicas (o aquellas privadas que manejas fondos públicos, agrego) la que mayor repercusión social tiene dado que es el erario público, propiedad de todos, el atacado, frente al caso de la corrupción de entes privados en los que dicha corrupción se circunscribe a un ámbito limitado y no público.

Partiendo de esta definición podemos afirmar que todos los sistemas de poder son susceptibles de corrupción dado que el origen de ésta como deterioro de los sistemas sociales radica en la propia condición humana de corruptibilidad (vulnerabilidad del ser humano ante la corrupción) que acaba proyectándose en los sistemas sociales de poder.  En base a ello podríamos afirmar que no existe ningún sistema completamente inmune a la descomposición del poder en cualquier ámbito.

En mayor o menor medida, y con mayor o menor vulnerabilidad, cualquier ente formado por grupo o grupos de individuos puede acabar siendo atacado por el fenómeno de la corrupción, en cualquier ámbito y nivel. El grupo, como entidad colectiva, depende en última instancia del funcionamiento individualizado de todos y cada uno de sus miembros, lo cual implica la necesidad de una conciencia única que no puede mantenerse de forma indefinida, y menos aún en grupos abiertos donde los miembros se van sucediendo de forma continuada (a través de elecciones por ejemplo).

Si bien debemos entender que el fenómeno de la corrupción es inherente a la propia condición humana, en rasgos generales resulta posible la identificación de ciertas variables causales.

Uno de ellos es el que Lomeña señala como factor contextual: el individuo corruptible pasa a formar parte de un sistema ya corrupto y se limita a “imitar” al resto de miembros de su entorno como parte de su adaptación al sistema.  O el que denomina como factor educativo: principios morales y éticos inculcados al individuo. La carencia de conciencia cívica y de sólidos principios éticos hace al individuo más vulnerable y corruptible. O factor experiencial: la observación frecuente y/o sistemática de injusticias y/o el padecimiento de las mismas por parte del individuo, pueden acabar llevando a éste a una pérdida de credibilidad en el sistema de poder que llega a ver éste como un enemigo, haciéndole corruptible en mayor o menor grado.

Pero el que considero de mayor importancia es el que denomina como factor discriminatorio: entendido como la pérdida de confianza en el sistema a partir de un padecimiento discriminatorio de forma sistemática. Un ejemplo frecuente de este factor constituyen los fuertes desequilibrios retributivos entre funcionarios públicos que tienen lugar en el seno de la propia administración y motivados en ocasiones por la concesión de poderes que el propio sistema otorga a algunos funcionarios para la adjudicación de recursos retributivos, que acaba llevándose a cabo de forma arbitraria e injustificada. Los desequilibrios retributivos entre miembros que desempeñan funciones idénticas suelen derivar en desmotivación de sus miembros y, produciendo como consecuencia, un elevado grado de absentismo e improductividad que finalmente acaban convirtiéndose en una forma más de corrupción, pues produce un deterioro importante en el funcionamiento del sistema y con ello en la credibilidad que éste ofrece a la sociedad.

Tampoco debemos obviar que este tipo de corrupción es muy susceptible de propagación entre colectivos funcionariales que, pese a desempeñar idénticas funciones en igualdad de título y condiciones que otros, ven mermados sus derechos retributivos entre la arbitrariedad e indiferencia de los propios responsables del sistema.

En varios artículos anteriores señalamos el enorme impacto que la corrupción, difícil de probar pero fácil de constatar, tiene sobre la dinámica económica del país. Hasta hace poco la matriz de opinión al respecto era que los corruptos eran solamente altos jerarcas del régimen y los denominados “enchufados”, es decir, oportunistas, amigos cercanos de los funcionarios, empresarios y contratistas ligados al gobierno. Pero la realidad es otra. Se manifiesta en todos los ámbitos, público o privado, en todos los niveles y en todas las actividades, incluyendo las políticas, las económicas y hasta las religiosas.

Con el tiempo, el mal ejemplo y la impunidad de los altos jerarcas hicieron su trabajo. Así, pronto, muchos funcionarios medios, dotados de cierto poder para la toma de decisiones, descubrieron que también podían ponerle la mano a algún “dinerillo extra”. Se instaló entonces la práctica de la “cobrar bajo cuerda” para acelerar trámites, otorgar permisos y licencias, avalar informes o estudios, otorgar créditos, registrarse para lograr vivienda o algún otro beneficio.

La metástasis de la corrupción afecta a cargos electos de la mayoría de los partidos políticos que detentan el Poder convirtiendo la escena política en un inmenso queso taladrado por la corrupción y envuelto en la capa de la inviolabilidad (la inmunidad del funcionario, convertida en impunidad en complicidad con el Poder Judicial) sin que exista un dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder.

La cartografía de la corrupción abarca, pues, a todas las organizaciones del Estado y afecta a todos los partidos que detentan parcelas de poder en cualquiera de ellas, estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en la mayoría de la casos por inmunidades legalmente establecidas o de hecho, por complicidad partidaria, o por acuerdos previos con el poder judicial de los partidos políticos a los cuales deben sus cargos los altos magistrados, convierte a dichos políticos aforados en intocables ante la Ley.

Por otro lado, la banca estatal se ha convertido en un parásito hematófago. Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito hematófago que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus altos cargos directivos por incrementar las ganancias. La casta dirigente bancaria se ha transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un mini estado dentro del Estado), olvidándose absolutamente de los objetivos de la banca estatal, de índole social predominantemente, para transformarse en los adefesios que constituyen la banca privada, desde ese punto de vista.

De todo ello, se deduce que la Banca del Estado se ha convertido en un parásito hematófago, organismo que no viven permanentemente sobre su hospedador o víctima sino que sólo se acercan a él para alimentarse y tras succionar hasta la última gota de sangre los abandonan exangües y desahuciados.

Aunque es verdad que en cualquier sistema aparece corrupción. El punto es otro. El acto corrupto atenta contra el interés común y de cada individuo, contra la solidaridad, el cuidado del otro y de todos que es el centro vital social, es pues un atentado contra el sistema.

En el capitalismo la corrupción es inherente a su práctica: el meollo creador es la apropiación privada de la producción colectiva, el mayor valor surge de la parte no pagada –apropiada– del trabajo vivo de los asalariados de cualquier calidad o especie. Esta verdad era tan cierta cuando los patronos pugnan, en algunos casos, con eufemismo por bajar salarios, en “bajar costos”, para aumentar ganancias particulares. Este origen cultiva egoísmo individualista, categorías morales acordes y a partir de allí las variadas formas de corrupción en el literal sentido de pervertido, vicioso, venal.

Por ejemplo, los costarricenses todos, ajenos a lo que sucede en la Asamblea Legislativa, no perciben la forma en que se manipulan los proyectos de ley que tienen que ver con la protección del medio ambiente, del agua, de la fauna y flora nacional, dejando portillos para que, posteriormente y dentro de un marco de legalidad aparente, se privaticen los recursos naturales en beneficio de unos pocos y con graves efectos para la ciudadanía.

Por ello, cuando un posible precandidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional declara abiertamente que de llegar a gobernar terminaría su labor de privatizar todo lo privatizable, directa o indirectamente, en nuestro país, le reconozco valentía e integridad, al decir la verdad de lo que ya hizo y lo que se propondría hacer en caso de llegar nuevamente al poder. Y aunque no puedo estar de acuerdo, y no porque me considere estatista sino porque soy un anti neoliberal convencido, por el daño que esta corriente ha causado a nivel mundial y en nuestro país, no le resto un reconocimiento básico. Es como que un estafador o un ladrón se ufanara de sus fechorías públicamente, confiado en la impunidad que lo cobija por quien sabe qué componendas.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría