San José, 5 Oct. (ElPaís.cr).- Una campaña organizada por un grupo de sindicatos costarricenses recibió al mes de octubre con una serie de criticas y acusaciones contra diputados y diputadas que apoyan el proyecto de ley de empleo público.
La campaña inició el 1 de octubre y está a cargo del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), el cual está integrado por sindicatos como ANEP, APSE, SEC, UNDECA, entre otros.
En tan solo 4 días, esta iniciativa ha calado fuertemente en el Primer Poder de la República, ya que muchos congresistas se han sentido ofendidos e irrespetados. Un total de 40 vallas contra la Ley de Empleo Público, conteniendo la cara de algunos diputados generó un costo inicial a Bussco de 15 millones de colones, y se podría extender hasta 50 millones ya que el plan es mantener la campaña hasta enero del 2017.
La propuesta arremete principalmente contra miembros del Movimiento Libertario (ML), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y Alianza Demócrata Cristiana (PADC).
Estos carteles, financiados por Bussco, están ubicados en todo el país, desde la Zona Norte, hasta Pérez Zeledón, y en la mayoría de casos están al lado de las vías más transitadas como por ejemplo en Tibás, Curridabat, San Pedro, Coronado, Escazú, Heredia, Lindora y en las principales entradas y salidas de la capital.
Además, muy pronto las vallas también estarán en pantallas electrónicas en diferentes partes del país.
Mario Redondo Poveda del PADC, quién ha sido calificado por los sindicatos como «un enemigo del Estado», aseguró que no soportará más infamias en su contra, por lo que presentará una querella en contra de dicha campaña.
«Estas vallas se pasaron de la raya y calaron en lo absurdo y lo vulgar (…) Sin duda alguna voy a tomar medidas legales, principalmente porque estoy cansado de mentiras y ataques sindicalistas sin fundamento», dijo Redondo Poveda.
Cabe recordar, que esta no es la primera vez que este tipo de iniciativas surgen contra diputados, anteriormente (en este mismo año) un gremio encabezado por la Unión Médica Nacional también llevó a cabo una campaña que contemplaba carteles de índole similar; principalmente contra Otto Guevara y Redondo Poveda.
Guevara, por su parte, manifestó que la clase sindical es la que más reclama del gasto indebido de recursos, pero que ellos están actuando de la misma manera. «Yo por mi parte no voy a invertir dinero en reclamar legalmente, no es de mi incumbencia, pero aclaró que si buscan que a través de esto cambie de opinión, están muy equivocados», agregó.
Bussco aclaró que no esperan que con esta campaña los diputados de oposición cambien de parecer, sino más bien exponerlos públicamente.
Finalmente, el frenteamplista Edgardo Araya Sibaja quien no es mencionado en las vallas pero ha sido parte del apoyo a los sindicatos, comentó que no apoyará esta campaña, no tanto por su contenido, sino porque más bien hace «famosos» a algunos diputados.
Señaló que acepta la autonomía de los sindicatos pero que la estrategia puede llegar a servir para que algunos diputados se hagan pasar por «víctimas», a pesar de ser quienes encabezan la lucha a favor de los «denigrantes» proyectos de empleo público.
3 Comments
R. C. B.
He visto algunas de estas vallas y me parecen muy acertadas. Especialmente referidas a vividores mediocres de la talla de redondo y guevara.
Maquiavelo Gómez
En una país democrático, el derecho a manifestarse es muy amplio. Son las leyes las que regulan si los medios de manifestación son ofensivos, amenazantes, o dañan el bien común. Estas vallas demuestran que los actores tienen a su haber mucho dinero y que están motivados–no por servir mejor a la patria–sino por defender sus odiosos privilegios. Los empleados públicos gozan de buenos salarios, country club propio en Limón, autobuses con aire acondicionado, fiestas suntuosas y así. Algunos líderes sindicales no han trabajado en años. Viven bien, ganan bien, dedicados al sindicalismo. Estar en una argolla de las instituciones del Estado es un puesto tan deseado, que por eso la gente anhela uno de esos puestos. Los empleados públicos tienen derecho a defender sus privilegios, pero, el resto de la sociedad costarricense, también tiene derecho a sacudirse ese costos financiero de sus espaldas.
Franklin Rojas H.
Estar en la Asamblea Legislativa y tener inmunidad, no los aisla del hecho de ser criticados por sus acciones, que muestran claramente estar en favor de privatizar instituciones que han pertenecido a los costarricenses. Desde mi humilde punto de vista, es una deslealtad con la mayoría del pueblo costarricense, que los han colocado en esas curules.