San José, 7 Oct (ElPaís.cr).- El Ministerio Público investigará violaciones al contrato, pagos indebidos por honorarios al contratista, faltas al protocolo de ejecución y firma de contrataciones sin rendimiento de garantía en torno a la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
Luego de comparecer ante los diputados, la Contralora General de la República (CGR) Marta Acosta, remitió un informe sobre el nuevo edificio legislativo al Ministerio Público, mismo que será motivo de análisis a causa de todas las acusaciones señaladas esta semana en el Congreso.
La Contralora fue interpelada en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para referirse a una serie de violaciones al contrato de fideicomiso del Estado con el Banco de Costa Rica (BCR), para el financiamiento de lo que será la nueve sede del Congreso, la cual se supone que será de 21 pisos, 50mil metros cuadrados y estará ubicado en el corazón de la capital.
Cabe mencionar que en un inicio, el precio estimado era de $60 millones, eventualmente subió a $76 millones y las últimas previsiones de la Unidad Administradora del Proyecto indican que costará más de $100 millones.
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Entre las observaciones que el Ministerio Público investigará figuran violaciones al contrato, pagos indebidos por honorarios al contratista, faltas al protocolo de ejecución y firma de contrataciones sin rendimiento de garantía.
El principal cuestionamiento a la administración y al Directorio Legislativo, fue el pago de honorarios al contratista, ya que según lo acordado, se pagaría un 40% cuando los planos y los diseños estuvieran listos y el otro 60% ($690.000) hasta que todos los permisos estuviesen aprobado, lo que quiere decir que el último pagado efectuado no procedía.
La Contraloría pidió a la legislatura actual sentar responsabilidades civiles sobre los funcionarios que firmaron pagos y avalaron procedimientos que violentaban la legalidad del proceso. Estos pagos se efectuaron en el Directorio presidido por el diputado Henry Mora en el 2015, lo conformaban también Luis Vásquez y Jorge Rodríguez de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ante esto, el Directorio anterior aclaró que considera apropiado que se constituya un órgano director para sentar esas responsabilidades, de las cuales habló la jerarca Marta Acosta.
«Se deben determinar las responsabilidades civiles que correspondan, así como que se tomen por parte del actual Directorio Legislativo las medidas necesarias para corregir las debilidades administrativas en el manejo del fideicomiso para la construcción del nuevo edificio legislativo», indicó mediante un comunicado el Directorio Legislativo 2014-2015.
La construcción del edificio legislativa se ha prolongado durante varios años, enfrentando así obstáculos de todo tipo; inclusive el proyecto original se le re planteó el concepto para obtener todos los permisos correspondientes. «(…) Es importante señalar que el cobro efectuado por el contratista se acercaba casi a $1,5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825 mil», señala el comunicado.
La Contraloría, el Ministerio Público, los diputados y el Gobierno están preocupados por el caso, ya que cada año de retraso en la construcción del edificio implica el pago de alquileres por más de $2 millones anuales en los múltiples edificios que la Asamblea Legislativa alquila actualmente, además de más de $500 mil anuales por costos de mantenimiento.
¿Caeran cabezas? Eso seria lo logico. ¿Quedara todo en la penumbra? ¿Como en el caso de la trocha? Solo para citar uno.
Aquí la gran verdad es que a esta gentuza le importa un bledo la obra,sino las jugosas tajadas que deja el hiper chorizo que se inventaron. A la ciudadanía honesta y consciente, nos queda esperar al año 2018, para darle el entierro que merece esta maldita mafia representada por Pln,Pusc,Pac,ML y el turequero pandereta.
GRacias por este artículo Carlos Arrieta!