jueves 6, octubre 2022
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Defensoría defiende penalización de uniones impropias ante magistrados

San José, 10 Oct (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes presentó un informe técnico en el que defiende ante las y los Magistrados de la Sala Constitucional, que estudian la consulta presentada por algunos diputados sobre el proyecto de Ley de “Prohibición de Relaciones Impropias”.

La Defensoría se refirió específicamente a los aspectos abordados en la consulta que refieren a la posible violación a la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes y la eventual transgresión del Principio de Primacía de Realidad y al Convenio 169 de la OIT. Estas consultas alegan la posible violación de los artículos 19 y 20 de la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes, que establecen el “Derecho a formar parte de una familia” y el “Derecho a la formación de una familia”.

Al respecto, la Defensoría consideró que las normas y disposiciones de dicha Convención son aplicables a las personas menores de edad en la medida en que les resulten más beneficiosas que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),  que justamente constituye el propósito del proyecto de ley sometido a consulta.

Así lo aseguró la defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, al referirse al respecto.

Sobre la eventual transgresión del Principio de Primacía de Realidad, que señala que se debe dar prioridad a lo que ocurre en la práctica, la Defensoría aceptó que en el seno de los pueblos indígenas conviven niños, niñas y adolescentes que están cobijados por los preceptos y derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

De hecho, la citada Convención, en su artículo 30, reconoce el derecho que tienen los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas o a poblaciones indígenas a tener su propia vida cultural, practicar su religión y a comunicarse en su propio idioma.

Sin embargo, en relación con la vida cultural, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General señaló que las prácticas culturales no pueden justificarse en ningún caso si se considera que son perjudiciales para la dignidad, la salud o el desarrollo del niño y que en caso de existir prácticas perniciosas, como los matrimonios precoces y la mutilación genital de la mujer, el Estado Parte debería colaborar con las comunidades indígenas para acabar con ellas.

Sobre el segundo argumento, relacionado con la consulta preceptiva a los pueblos indígenas, según el Convenio Nº 169 de la OIT, la Defensoría sostuvo que para que proceda la consulta a los pueblos indígenas, debe existir una relación directa del tema que se pretende regular con los intereses de las poblaciones indígenas.

Es por esto que la Defensoría consideró que por ser una legislación que afecta a la generalidad de la población y por ser una obligación internacional de Derechos Humanos, no procede la consulta a los pueblos indígenas.

Como conclusión al tema, la Defensoría sostuvo que «no resultan atendibles los argumentos presentados en esta consulta facultativa; ya que esta iniciativa pretende respetar los compromisos adquiridos por el país al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de adoptar o adecuar la legislación interna para alinearla con los derechos allí reconocidos».

El proyecto fue aprobado en primer debate semanas atrás y en este momento se encuentra en estudio en la Sala Constitucional antes de su eventual segundo debate.

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