San José, 21 Oct (ElPaís.cr).- Con seis diputados de oposición a favor y cinco en contra, la Comisión de Hacendarios dictaminó la noche del jueves el Presupuesto Nacional de la República para el año 2017, el cual contiene una serie de recortes financieros a partidas y subpartidas del Gobierno Central y otras instituciones descentralizadas.
Los legisladores esperaban poder votar el Presupuesto la tarde del miércoles en una sesión realizada después del Plenario; sin embargo, la diferencia de criterios alejó las posibilidades reales de lograrlo, al punto que una ruptura de quórum por parte de la Alianza de derecha impidió continuar, y a causa de esto el Presupuesto se aprobó a última hora este jueves.
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La propuesta original era de 8,6 billones de colones, es decir tenía un crecimiento del 12% con relación al del año anterior, contemplando un 33% para amortización de la deuda; el que la Comisión envío al Plenario para su discusión final contempla un recorte de aproximadamente 60 mil millones de colones.
La bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y Alianza Demócrata Cristiana (PADC), avalaron una reducción presupuestaria de 47,000 millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para destinar 25 mil millones a la cartera de Seguridad con el fin de contratar 1,500 nuevos policías, cinco mil millones para que Justicia invierta en reducir hacinamiento carcelario, cinco mil millones para equipamiento del OIJ y el mismo monto para el Ministerio Público.
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Por otra parte, los legisladores reasignaron cerca de 22 mil millones para contención del gasto, los cuales provenían de las subpartidas de once Ministerios, y también acordaron no recortar el Fondo Especial para la Educación Superior.
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Diferencias ideológicas. Cada año la discusión del Presupuesto Nacional distancia a las bancadas legislativas, principalmente porque mientras unas buscan reactivación económica, otras buscan limitación para sostener la situación fiscal del país; este año no fue la excepción.
Hace casi un mes, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el presupuesto tiene un comportamiento creciente por el peso de las obligaciones del servicio de la deuda, que representa un 33%, la atención de nuevas necesidades por las transferencias a otras instituciones con un 35% y las remuneraciones con un 28%. Sumado a esto, dijo que se debe tener en cuenta que el gasto corriente representa el 72% del presupuesto, la amortización el 20% y el gasto de capital el 7%. El gasto aumenta un 11,8% respecto al presupuesto inicial del 2016 y un 11.2 % respecto al presupuesto vigente a agosto de este año. En síntesis, las transferencias, las remuneraciones y el servicio de la deuda representan el 77.7% del total del gasto.
A pesar de lo entre dicho por el ente fiscalizador y las justificaciones del Ministro de Hacienda Helio Fallas, sobre el crecimiento de la deuda y las transferencias presupuestarias, la oposición se mostró satisfecha con lo alcanzado.
«El presupuesto ya quedó listo para enviarlo al Plenario donde deberá votarse antes del último día de noviembre de este año. Nos tranquiliza que no crece dentro de lo que venía siendo costumbre de este Gobierno, que hay algunos recortes y que, aunque fuera en las últimas 48 horas el Gobierno se despertó y entró en un estado de preocupación por las condiciones en las que quedarían algunas instituciones, ante lo cual hemos replicado que no es cierto», manifestó el diputado liberacionista Rolando González.
El congresista del PLN argumentó que una carta del Ministro de Hacienda enviada a última hora justificaba que se podía recortar hasta 20 mil millones en gasto corriente. «Hay dos hallazgos en este presupuesto. Uno, que al Gobierno no le importaba la seguridad, por eso no hubo crecimiento y dos, que tampoco le importaba el PANI porque no hizo ningún esfuerzo inmediato para inyectar los fondos que la Asamblea ha re asignado a otras partidas y que provenían de esta institución», agregó González.
Al igual que los verdiblancos, la Presidenta de la Comisión, Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, indicó que la Alianza actúo de forma responsable girando los recursos realmente necesarios.
«El PANI contará únicamente con lo que necesita, inclusive les dimos más que el año pasado a pesar de que a la fecha no llevan ni el 30% del presupuesto anterior ejecutado. El PANI puede recibir entre todo el presupuesto al menos unos 110 mil millones, claro está contando transferencias e impuestos. De igual forma nos comprometimos a girar más fondos si eventualmente hacen falta recursos», señaló la socialcristiana.
Por su parte, Mario Redondo Poveda, puntualizó en que a última hora el presupuesto se sometió a votación pero que él no está de acuerdo con el recorte que se hizo. «Hay un rebajo de 47 mil millones, yo no estoy de acuerdo con una reducción de tal magnitud. En un inicio se habló de un recorte de 25 mil millones, con el cual afirmé que estaba de acuerdo pero con este no», manifestó.
El diputado oficialista Franklin Corella Vargas señaló que en la Comisión casi que se hizo honor a un «rito legislativo», el cual implica recortar por recortar. Su compañero Víctor Morales dijo que este presupuesto le deja un sinsabor lamentable.
«Lo que hizo la Alianza Opositora no tiene palabras, es una irresponsabilidad con el país, fue una decisión completamente política sin fundamento. Lo responsable hubiese sido discutir mociones lógicas y bien fundamentadas no al azar», aseveró Corella.
Según el legislador, entre los recortes que generan mayor preocupación se encuentran los realizados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A dicha entidad se le rebajaron cerca de 4 mil millones de colones. Esos recursos son necesarios para acciones como reparar semáforos, realizar operativos de control vial y el funcionamiento de plantas procesadoras de mezcla asfáltica.
La propuesta del PAC es revertir esas mociones y alcanzar un acuerdo para incluir las rebajas de rubros dentro de un Presupuesto Extraordinario de al menos 20 mil millones de colones, por medio de una negociación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo.
Finalmente, José Ramírez, del Frente Amplio también lamentó lo sucedido en la Comisión y señaló que, «hicieron un combo de mociones que no valoran las consecuencias de esos recortes. No solo es en el PANI, sino también en transporte y salud. Dimos la pelea para hacer valer nuestro derecho de interponer mociones de revisión, sin embargo no se nos permitió».
Ramírez recriminó que se le quitara presupuesto a una institución que busca el bienestar de la infancia para construir cárceles que en el futuro albergarán a los que hoy se les quita atención.
