Buenos Aires, 24 oct (EFE).- Un juez argentino desestimó una denuncia presentada por el gremio de taxistas contra la plataforma Uber por competencia desleal y entorpecimiento del transporte al considerar que sus operaciones en el país no constituyen un delito penal, confirmaron hoy fuentes judiciales.
En un fallo emitido hace unos dos meses que fue difundido hoy, el juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito dicha denuncia y apuntó que se trata de un conflicto comercial que no puede ser resuelto en el fuero penal.
Según confirmaron este lunes a Efe desde el estudio de abogados Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de los taxistas, ya apelaron la decisión del magistrado cuando fue emitida y ahora están esperando que resuelva la Cámara del Crimen argentina.
«Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de UBER, lo concreto, lo real, es que no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto», sostuvo Zelaya en dicho fallo.
En ese sentido, rechazó la denuncia de los taxistas por supuesto «entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita».
El juez dio así la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien ya había dictaminado a favor de archivar el caso por inexistencia de delito.
«Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial», agregó Zelaya, según el texto difundido por la agencia estatal Télam.
Para él, los 33 conductores de Uber que habían sido denunciados realizan «una actividad comercial lícita» y «no parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios».
La aplicación, que permite solicitar hacer un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, comenzó a funcionar en Buenos Aires el pasado 12 de abril y desde entonces su trabajo ha estado marcado por las numerosas e intensas protestas del gremio de los taxistas.
A mediados de abril, el fiscal de Cámara Martín Lapadú y el fiscal Néstor Maragliano abrieron una investigación de oficio contra Uber por operar sin los correspondientes permisos y pese a que el 22 de abril la Justicia ordenó su clausura, la aplicación continúa operando.
Además de ejercer una actividad lucrativa en el espacio público sin la habilitación necesaria, la Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que la empresa no exige a sus socios conductores registro profesional ni seguro para los pasajeros.
Dicha causa cuenta ya con más de 20 acusados. EFE
1 Comment
Gonz de go nz
Lo que no dice esta informacion es sobre los elevados niveles de corrupción de la justicia argentina. Además, es de sospechar que UBER paga muy bien los «favores». Algo se sospecha que ocurre con Uber en Costa Rica, donde escamotea todas sus obligaciones con el estado, y no pasa nada.