jueves 19, mayo 2022
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Igualdad: ¡Yo también quiero una pensión de Magistrado!

Columna Poliédrica

Las buenas pensiones deberían ser para el mayor número de costarricenses. Recientemente ha salido a la luz pública declaraciones dadas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, en que uno de los Magistrados argumenta en contra de la pauperización de su posible pensión; el argumento habría que aplicarlo en relación con todas las pensiones, sin embargo, ese es el punto medular del asunto: las buenas pensiones son, únicamente, para algunas personas.

Al contrario de lo que muchos critican, el argumento del Magistrado es correcto. Los derechos sociales deben potenciarse hacia arriba, es decir, en lugar de homologar a las personas hacia abajo, es necesario subir a los que están abajo; no obstante, los grupos que están en el poder económico, político e ideológico, se han encargado de promover una lógica contraria que sólo les favorece a ellos.

El argumento falaz consiste en generalizar la pobreza para la mayoría de la población costarricense. En lugar de promoverse una serie de Derechos Sociales que tuvieron su origen en las luchas de los sectores laborales a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, la tendencia en los últimos treinta y cinco años es ir en contra de estos derechos e impulsar el argumento contrario, a saber: los derechos sociales son privilegios y a las personas que los tienen se les debe suprimir.

Para lograr la eliminación o reducción de esos Derechos Sociales, los grupos dominantes utilizan como instrumento a los propios trabajadores. En lugar de promoverse en el sector privado una política de salarios crecientes y de iniciativas para que sus trabajadores tengan mejores condiciones de vida, los empresarios abogan por salarios mínimos y por reducir o eliminar Derechos Sociales que les signifique gastos adicionales para la producción.

En este sentido y dadas esas circunstancias, se utiliza a los trabajadores del sector privado para legitimar sus objetivos de homologación hacia abajo. Así, por ejemplo, se le dice a los trabajadores de las empresas que hay una desigualdad en relación con los trabajadores del sector público y que es necesario eliminar los “privilegios” de estos últimos; con este argumento se desvía la atención de estos trabajadores con el propósito que no se les ocurra realizar reivindicaciones salariales u otras de carácter social que los beneficie a ellos mismos.

Con esta estrategia logran que los trabajadores del sector privado se enfrenten a los del sector público y distraen la atención de lo realmente importante. El objetivo de ambos sectores, público y privado, es luchar para que las condiciones laborales y de vida sean cada día mejores; sin embargo, los grupos dominantes han logrado que los trabajadores del sector privado aboguen por pauperizar las pocas conquistas que han sido logradas en materia social, en nuestro país y en el mundo.

Todo esto sucede con los trabajadores que menos salario tienen, porque la cosa es diferente en las altas gerencias de las empresas y del sector público. En efecto, no estamos hablando del Gerente que gana diez o quince mil dólares en una empresa medianamente exitosa, tampoco nos referimos al Gerente de un Banco del Sistema Bancario Nacional que recibe salarios desproporcionados; empero, desgraciadamente, el valor de la igualdad lleva consigo una trampa que permite su utilización tanto por los poderosos como por los menos favorecidos, en otras palabras, el argumento de la igualdad es el que mejor sirve para los argumentos retóricos de los diferentes grupos.

Para que nos entendamos, el problema no es que el Ex Magistrado tal o el Ex Diputado cual reciban una pensión de más de cinco millones, sino que el resto de la población no recibamos esa misma pensión. La lógica debería ser que al resto de la población se le aumente la pensión a esos cinco millones o más, y así se equipara hacia arriba en lugar de pauperizar hacia abajo; claro está, eso supondría que debemos destinar más recursos para que ello sea posible y existen algunas personas que no están de acuerdo con destinar dinero para financiar este tipo de Derechos Sociales.

Ahora bien, los excesos en el sector privado se dan de otra forma. Para nadie es un secreto que muchos empresarios reportan salarios risibles a la Caja Costarrricense del Seguro Social  (CCSS) y cuando ya están pronto a cumplir con los requisitos de jubilación, comienzan a reportar un salario mayor para obtener la mejor pensión posible; claro está, eso sin perjuicio de los ingresos que obtienen por concepto de dividendos en razón de la propiedad indirecta o directa en el capital social de la empresa.

Los que no hayan leído estas líneas con atención, pensarán que estamos defendiendo las pensiones de lujo. ¡Falso! Lo que procuramos es hacer ver que el argumento de la pauperización de las pensiones es cierto, sin embargo, no es la misma pauperización para los Magistrados que se van a pensionar, que la sufrida por aquellos que recibirán una pensión cuya suma de dinero no les permite vivir dignamente.

El problema es, insisto, que el argumento de la igualdad lo utiliza el Magistrado, el Gerente General de una Transnacional y también el Conserje o la Secretaria de un ente público o de una empresa privada. ¡Ahí es donde está la trampa retórica!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com

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3 COMENTARIOS

  1. En una sociedad justa, democratica , solidaria, socialista,nadie pero nadie,sin importar su cargo debe tener , en este caso, una pension mayor del monto por la cual cotizo durante su vida laboral.Esta pension debe ser la del IVM de la CCSS,las cuales tienen un tope.Ninguna institucion del estado debe otorgarle privilegios,cesantias o pensiones a ningun costarricense que no se la pueda otorgar a todos los costarricenses por igual .Punto.
    Todas esas pensiones de «de cinco millones o mas » que pagamos todos los costarricenses,pero que no todos recibimos, es la mas odiosa de la desigualdades y algo que deberia ser abominabble para cualquiera que diga como minimo que tiene conciencia social.
    Hoy dia el estado tiene un deficit fiscal que lo ahoga, y que pronto nos llevara a una situacion de fuerte devaluacion de la moneda y su perdida de valor adquisitivo, asi como a el aumento en las tasas de interes.La situacion que se nos viene es sumamente seria.Pretender que todos lleguemos a tener las malhabidas aunque legales pensiones de los magistrados,del magisterio y cualquier pension que paguemos con nuestros impuestos es la ruina y el empobrecimeinto del pais.No es asunto de filosofia es de economia.

  2. Lo malo aquí, es que cada uno jala para su lado. Como lobos destazando un animal y nadie quiere ceder lo que cree se ha ganado. Al final todos quieren rebajas en pensiones, y salarios….peeeeeero para los otros, sobre todo para los de abajo los que no tienen ni idea de lo que está pasando.
    Es de elemental ética que aquí se diga, en qué momento y de qué manera esas pensiones se aprobaron en esas desiguales circunstancias, y que se castigue aunque sea con la exposición en público de quiénes consintieron esa barbaridad.

  3. … es una cuestión tanto de filosofía como de Economía, la razón y los más básicos principios constitucionales nos presentan la igualdad ante la Ley, y en este sentido los magistrados no pueden ser más «iguales» que otros argumentando pauperización de sus pensiones. Por otro lado como dice el articulista no se puede igualar hacía arriba, pues, quiebra el sistema, ¿cual es la solución entonces? Se aplique la lógica simple, y no es necesario otro nuevo estudio actuarial para diagnosticar lo ya diagnosticado. Se debe dar dentro de la visión social de derecho a todos los regímenes un monto promedio de los aportes al régimen de pensión, más un porcentaje adicional (el caso de los magistrados, ese porcentaje debería reflejar el monto de aporte mayor que dan), y una pensión mínima para morir con dignidad a aquellos montos por debajo del costo de la canasta básica. Se podría para estos casos fijar el costo de la canasta básica más un porcentaje de hasta el 50% para las más bajas ede las pensiones, que lindo es soñar!, esto sin afectar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. ¿aceptarían los diputados, expresidentes, magistrados, y demás beneficiados de regímenes especiales aplicar un razonamiento igualitario a la hora de rectificar las leyes? PD: La labor primordial en el poder legislativo en la coyuntura actual no debería ser crear leyes, sino, rectificar, cambiar, o anular las vigentes, sin sentido, práctico, histórico o legal en su sentido de legitimidad ciudadana.

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