martes 26, septiembre 2023
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Desembolso irregular al contratista del nuevo edificio legislativo podría ser devueltos en pagos

San José, 1 Nov (ElPaís.cr).- El Arquitecto encargado de construir la nueva sede del Primer Poder de la República, Javier Salinas, propuso al Directorio Legislativo devolver $25.000 mensuales hasta completar los $690.000 que recibió de forma irregular por los primeros diseños.

El anuncio lo hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, ante varios medios de comunicación este martes, a quienes además explicó que el Directorio no ha tomado una decisión definitiva al respecto, ya que primero se debe pronunciar la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.

Con base en la cuota que el contratista devolvería mensualmente por concepto de un pago no correspondido, el Parlamento tardaría más de dos años en recuperar la cifra completa, es decir la siguiente legislatura sería la encargada de terminar de fiscalizar el proceso.

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El pasado 6 de octubre, la Contralora General de la República, Marta Acosta, compareció ante los diputados para ampliar detalles sobre el tema; en este marco explicó que un 60% de los fondos correspondientes a honorarios se han destinado al contratista de manera irregular, ya que no debían girarse hasta que todos los permisos estuvieran aprobados y los planos pudieran ser utilizados.

“Se han gastado $10 millones de los $76 millones que cuesta la obra, pero en realidad los avances han sido cuasi nulos”, dijo la Contralora.

Los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la Contraloría fueron suficientes para que el proyecto del edificio quedara en un limbo que aún no termina por concretar el futuro del edificio, esto ya que, según recordó Álvarez Desanti este martes, actualmente se están estudiando todos los puntos contemplados en un informe presentado por la jerarca de la CGR.

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Este ha sido uno de los proyectos legislativos más ambiciosos y complicados, ya que ha tenido varias etapas, y eventualmente dos diseños, ambos a cargo de Salinas por decisión unilateral del Directorio Legislativo, quien en su momento determinó que no era necesario reabrir un concurso público para hacer un nuevo diseño.

La propuesta final es un edificio de 18 niveles y cuatro sótanos, lo que en total se resume a 80 metros de alto y a un costo de 54. 500 millones de colones; esto sin contar el pago del arquitecto que equivale a $2 millones, mismos a los que se le rebajaría mensualmente $25.000 si el Directorio acepta.

Por último, cabe aclarar que Salinas pretende elevar el caso ante una corte de arbitraje internacional, ya que desde su perspectiva los pagos no se efectuaron de manera incorrecta ni ilegal.

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