San José, 1 Nov (ElPaís.cr).- Con tan solo dos diputadas en contra y siete a favor, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto que prohíbe la venta de juguetes bélicos y de videojuegos violentos en Costa Rica.
Se trata del expediente 19.613, propuesto por el diputado Gonzalo Ramírez Zamora del Partido Renovación Costarricense (PRC), y tiene como fin reducir la supuesta incidencia psicológica en los niños a través de una mayor regularización de este tipo de juegos.
El proyecto prohibiría la venta, distribución, comercialización y publicidad de juguetes bélicos, así como la venta a menores de vídeojuegos de contenido militar o violentos.
Según el diputado Gonzalo Ramírez, “los juguetes y los vídeojuegos deberían ser usados para promover el respeto, jamás para incitar a la violencia”.
Aunque el proyecto fue respaldado por algunas entidades, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad, el Hospital de Niños, el Ministerio de Educación Pública y otras organizaciones como Enfoque a la Familia; no para todos la propuesta es la solución más adecuada para resolver o prevenir conductas violentas en niños y adolescentes.
La libertaria Natalia Díaz Quintana considera que la iniciativa de ley contempla una serien de medidas restrictivas y de sanciones desproporcionadas.
«La iniciativa tiene muy buena intención, pero no comparto la obligación de que el Estado tenga que velar por la formación de principios y valores a los niños, ya que es un asunto de los padres de familia y no del Estado. Creo en una cultura de paz y quiero que merme la violencia; sin embargo, esto no se resuelve mediante la aprobación de una ley de orientación tan punitiva», señaló la legisladora.
Quintana afirmó además que la ley roza y violenta la libertad comercial, ya que genera inseguridad jurídica mediante sus sanciones.
Con base en el texto recién dictaminado, aquellas empresas o personas que se encarguen de fabricar, importar, vender, distribuir, comercializar o publicitar vestimenta militar, tendrá que pagar una sanción de 1 millón 200mil colones, y en caso de no hacerlo se le cerrará el negocio.
La misma cuota económica se aplica a quienes vendan, distribuyan o importen video juegos con contenido bélico. En el caso de quienes vengan indumentaria militar a personas menores de edad, se les aplicará una multa de hasta 2 millones de colones, se les decomisará la mercadería y se les podría llegar a cerrar el comercio.
Cabe aclarar que este proyecto no regula ni abarca ninguna pauta para las compras ni descargas de artículos o juegos por internet.
No recuerdo, en todo lo que tiene de existencia ese negocillo llamado partido libertario, que alguno de sus diputados diga algo que no sean BESTIALIDADES.