San José, 2 Nov (ElPaís.cr).- El Viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, defendió ante los diputados de una Comisión Especial que analiza la finanzas de los sistemas de pensiones la necesidad de fjar un tope para el sistema judicial.
La Comisión discute un plan que propone fijar un tope máximo a las pensiones nuevas y exigir un aporte a las actuales, ya que existe la incertidumbre de si el régimen es sostenible o no a largo plazo.
Pacheco fue contundente en señalar que se deben revisar las disposiciones relativas a la edad de retiro, y recomendó que la misma debiera ser de 65 años.
Además, recomendó que se debe estudiar a profundidad el monto de las pensiones pasando de 10 años a 120 salarios; ya que desde su opinión debería ser entre 180 y 240 salarios.
Durante los últimos días ha habido una controversia entre los tres Poderes de la República, esto a causa de que los magistrados de la Corte Suprema desistieron públicamente dejar de defender las pensiones del Poder Judicial, lo que implica que la decisión final quedó en manos de los diputados.
Los gremios del Poder Judicial propusieron como tope máximo 4,7 millones de colones, pero a diferencia de esto, la Corte Suprema de Jusiticia propuso un tope de 7,5 millones de colones y por último hay una intención legislativa de parte de algunos diputados de disminuir aún más este monto.
«Consideramos como positivo establecer un tope a las pensiones mayores de 12 salarios base, ya que esto concuerda con lo planteado por el Gobierno de hacer más equitativas las pensiones entre los diferentes regímenes, esto en el marco de una presión fiscal», manifestó el representante de Hacienda.
El proyecto que está en análisis del Congreso establece que, «los servidores y las servidoras judiciales podrán acogerse a una jubilación igual al promedio de los últimos 120 salarios mensuales traídos a valor presente según los Índices de Precios al Consumidor (IPC) para el período correspondiente, devengados al servicio del Estado, sus instituciones y las municipalidades, siempre que hayan cumplido 62 años de edad los servidores y 60 años de edad las servidoras, y en ambos casos el número de años trabajados sea al menos de treinta (…)».
La Comisión Legislativa de Regímenes de Pensiones analiza también otras opciones; entre ellas está que las personas que reciban más del monto máximo que se discuta brinden un aporte solidario del 20% sobre el exceso para fortalecer el régimen.
Por otra parte, el proyecto también crea la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que estará conformada por cuatro personas activas y una jubilada que serán elegidas democráticamente por el colectivo judicial, así como dos funcionarios(as) designados(as) libremente por la Corte Plena.
Sobre la Junta, el funcionario de Hacienda se mostró preocupado sobre varios aspectos de forma y de fondo. «El proyecto de ley no deja claro cómo va a funcionar la junta administradora del fondo y cómo se va a financiar la misma, además, debe aclararse la diferencia entre exoneración al fondo y exoneración a las operaciones del mismo», agregó Pacheco.
Criterios. Representantes de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), han insistido ante los legisladores que la reforma al régimen es absolutamente necesaria, ya que actualmente hay personas devengando pensiones de hasta 9 millones mensuales.
Róger Porras, Director Ejecutivo de JUPEMA, manifestó que la población beneficiada al aprobarse la iniciativa es un mínimo de 1179 personas y un máximo de 3600, si el requisito de diez años de laborar antes de la renuncia se mantiene.
«La cotización promedio de los futuros pensionados si se aprueba el proyecto sería entre un 12 a un 16% de su pensión. Además, hay que aclarar que el costo promedio estimado del proyecto para los primeros cinco años es de 1.183 millones de colones y no 11 mil millones de colones como se había dicho anteriormente», manifestó Porras.
La diputada liberacionista Sandra Piszk, quien es una de las proponentes de la iniciativa dijo que aún las condiciones legislativas son muy prematuras para tomar una decisión definitiva. «Lo más responsable es analizar los estudios actuariales que determinarán cual será el tope más ideal», indicó la congresista.
Por último, el diputado oficialista Franklin Corella explotó a inicios de semana con respecto a la posición de los magistrados, a quienes les pidió bajar del Olimpo y renunciar a sus privilegios.
“Magistrados de las diferentes salas, bajen del Olimpo, hablen con los costarricenses, vengan y hablen con los diputados, renuncien a los privilegios que tienen, debatamos esto con altura, pero no digan que es intromisión de poderes, es responsabilidad histórica y se ocupan las decisiones correctas”, enfatizó el legislador.
Por el momento, el tema se encuentra en estudio y discusión legislativa, ya que hay una serie de opiniones que difieren entre sí, mientras que paralelamente otras concuerdan; lo cierto es que ahora será el Parlamento el que deberá determinar el futuro de las pensiones del Poder Judicial.
