Ginebra, 4 nov (EFE).- Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU consideró hoy «insuficientes» las acciones del Gobierno de Brasil y de las compañías involucradas para hacer frente a los costes ambientales y humanos del vertido de lodo tóxico de una mina en Mariana, del que mañana se cumple un año.
La gigantesca riada de residuos mineros provocó el 5 de noviembre de 2015 incalculables daños a lo largo de 650 kilómetros de la cuenca del río Doce y dejó a su paso 19 muertos en el estado de Minas Gerais, convirtiéndose en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil.
En un comunicado para conmemorar el primer aniversario del desastre, los expertos urgieron al Gobierno y a las empresas Samarco, Vale y BHP Billiton a abordar los «asuntos sin resolver» que aún afectan a seis millones de personas.
«Pedimos al Estado brasileño que proporcione pruebas concluyentes de que el agua del río y todas las fuentes de agua que actualmente consumen la población son seguras y cumplen con las normas legales aplicables», declararon.
Explicaron que informes a los que han podido acceder sugieren que algunos de los 700 kilómetros de vías navegables afectadas, principalmente el río Doce, aún están contaminados por el desastre inicial, con niveles de metales pesados y turbiedad del agua que incumplen los estándares mínimos.
Las comunidades afectadas por el desastre han sufrido efectos adversos para la salud no solo como resultado de la contaminación del agua, sino también como resultado del polvo producido a partir del lodo seco, revelaron.
Además, los relatores de la organización internacional advirtieron del riesgo del comienzo de la temporada de lluvias en las próximas semanas, algo que podría provocar que más desechos lleguen a la región aguas abajo.
Otro asunto sin resolver es el destino de las personas forzadas a abandonar sus hogares por el desastre.
Según los expertos, los pueblos indígenas desplazados y las comunidades locales deben ubicarse en tierras, territorios y recursos que sean «iguales en calidad, tamaño y condición jurídica a las tierras de las cuales fueron desarraigados como resultado del desastre».
Los relatores de la ONU aseguraron que la reubicación está «lejos de ser completa» e instaron al Gobierno y a las empresas relevantes a agilizar el proceso respetando el valor cultural de estas comunidades.
Por otro lado, los expertos pidieron a las empresas a que se abstengan de tomar medidas que constituyan una intimidación del trabajo de los defensores de los derechos humanos y que garanticen que las acciones emprendidas para proteger sus bienes no entran en conflicto con el derechos individuales de las personas.
Firman el comunicado Dainius Püras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. EFE