Montevideo, 6 nov (EFE).- Los sistemas judiciales de los países de América Latina padecen algunas dificultades que perjudican el esclarecimiento de los crímenes trasnacionales del Plan Cóndor, según un informe que propone crear una base de datos en común y circuitos ágiles de transmisión de información.
El informe, elaborado por el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, la Universidad de Oxford del Reino Unido y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, señala tres áreas donde se concentran los obstáculos para la investigación: la Justicia, los equipos y recursos, y el acceso a las pruebas.
Para remediarlos, concluye que se deben crear «equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las causas de derechos humanos», una «base de datos a nivel regional con información sobre el Plan Cóndor» y «circuitos más ágiles de transmisión de la información».
Con ello se busca dar luz sobre el estado de las causas judiciales en el marco del Plan Cóndor, una operación de asociación ilícita entre las últimas dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para realizar secuestros coordinados en las décadas de 1970 y 1980.
El coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, dijo a Efe que «se debe utilizar la tecnología de la información a nivel regional, como la que se usó para cometer delitos hace 40 años, pero esta vez a favor de la democracia».
«Si en los años 1970 los países de la región se reunieron, a través del Plan Cóndor, para fomentar una política de coordinación represiva para cometer delitos, ahora, cuarenta años después, es necesario desarrollar políticas públicas a nivel regional con el objetivo de reparar e investigar esos mismos crímenes», reza un párrafo del informe.
Chargoñia aseguró que este estudio busca que «los operadores del sistema judicial tomen nota de la trascendencia de que lo que tienen en sus manos es uno de los operativos más siniestros de la historia de Latinoamérica, y que así los crímenes no queden sin castigo».
En lo que respecta a una de las áreas que presentan problemas para avanzar, la Justicia, el informe destaca que en Chile y Uruguay «los tipos penales que se utilizan en la investigación se encuentran en códigos destinados a sancionar delitos comunes, no delitos sistemáticos» y eso resulta «en penas muy bajas en las sentencias que no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos».
Otro de los obstáculos que presenta el informe es la dificultad de identificar los casos del Plan Cóndor, ya que no se ha unificado un criterio en los países de la región.
Los investigadores proponen que aquellos crímenes donde se establezca el cruce de fronteras sean tomados como crímenes del Plan Cóndor.
En cuanto a los equipos y recursos, se destaca la «falta de continuidad y comunicación» que «crea retrasos y demoras».
Sobre esto, Chargoñia mencionó que, por ejemplo, «la Justicia uruguaya demora meses en obtener una declaración dada en Chile (cuando) con los medios tecnológicos de hoy no se debería de tardar ese tiempo».
Tanto el informe como el coordinador jurídico destacan el «difícil acceso a las pruebas», que a su vez se encuentran en gran volumen dispersas por la región.
Según la Unesco en 2016, se estima que hubo alrededor de 377 víctimas de la coordinación represiva entre 1974 y 1981, entre ellos 177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos y 25 paraguayos.
El informe identifica 23 causas judiciales relacionadas al Plan Cóndor, 11 ya concluyeron, 3 se encuentran en etapa de juicio y otras 9 en investigación.
Actualmente han sido condenadas 43 personas, mientras que 77 todavía están siendo juzgadas.
Los casos tratan víctimas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, y Uruguay e incorpora a ciudadanos de Brasil, Alemania, y España. EFE
