lunes 16, mayo 2022
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Exgobernador mexicano prófugo se entrega tras denunciar persecución política

México, 10 nov (EFE).- En un inusual giro de guión en las historias de corrupción en México, el exgobernador Guillermo Padrés se presentó hoy ante el juez que lleva su caso tras un mes prófugo y previa reaparición en un medio para denunciar una «persecución política».

Investigado por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Padrés anunció este jueves desde una emisora de radio que al término de la entrevista se entregaría a la justicia.

«Soy inocente», apuntó el gobernador del noroccidental estado de Sonora entre 2009 y 2015 tras asegurar que ninguno de los delitos de los que se le acusa son reales ni los expedientes están «correctamente integrados».

«He pasado por una persecución política tremenda», apuntó tras detallar que la PGR abrió tres carpetas de investigación en su contra.

Dijo que pudo acceder al expediente de dos de ellas mediante amparo, y una tercera investigación, iniciada a comienzos de año, no le fue notificada hasta hace apenas un mes alegando que estaba «bajo reserva».

De esta manera, y apelando a que la sociedad civil clame para que se investiguen los casos de corrupción, Padrés apostó hoy por enfrentar la justicia, a sabiendas de que seguramente será recluido en prisión mientras dure el litigio.

«No hay ningún delito, lo vamos a demostrar. Tengo las pruebas fehacientes y el juez las va a valorar y va a valorar este acto», confió el político del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Atribuyó sus problemas con la justicia a una estrategia del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) para «emparejar cartones».

Y es que la fuga de Padrés coincidió con la del gobernador de Veracruz del PRI, Javier Duarte, quien unos días después de pedir licencia huyó para evadir la orden de captura girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

«No estaba huyendo, estaba esperando poder conocer de qué se me acusaba», apuntó Padrés, a quien se le vio por última vez a finales de septiembre, cuando acudió ante la Comisión Anticorrupción del PAN, que evalúa su expulsión del partido.

Este empresario ganadero y abogado especializado en Administración Pública lanzó hoy un dardo hacia la ex fiscal general y actual secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, a quien dijo que demandará por «abuso de autoridad, omisiones y mala fe», si bien reconoció que será una lucha «muy difícil».

También tuvo duras palabras para la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, del PRI, quien asumió el poder en septiembre de 2015 con la promesa de combatir la corrupción y ha detenido «injustamente» varios de sus excolaboradores, siendo la instigadora de una «campaña de desprestigio».

Tras esgrimir todos estos argumentos en una larga entrevista, Padrés salió del estudio para dirigirse al Juzgado Décimo Segundo de la Ciudad de México de Proceso Penales Federales, ubicado en el Reclusorio Oriente de esta capital.

Lo hizo ante un enorme revuelo mediático, escoltado por varios elementos de la Marina y junto a su abogado Antonio Lozano, fiscal general entre 1994 y 1996.

El letrado reveló también en entrevista que la decisión de Padrés de entregarse es «personalísima» y enumeró una serie de inconsistencias en las carpetas de investigación de la PGR.

Por ejemplo, recordó que no se pueden abrir expedientes distintos cuando los delitos son de la misma índole, y explicó que en los documentos aparecen «afirmaciones falsas que no se sostienen», como la aparición de un apoderado del político que no sería tal.

«Vamos a demostrar sin lugar a dudas que no hay delito alguno», expresó.

A su vez, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera, salió a la defensa del proceso y comentó que la PGR ha integrado «diversas indagatorias» contra el sonorense.

«Respetaremos el proceso, la presunción de inocencia y los principios del debido proceso», afirmó Higuiera, quien consideró un «buen paso» la presentación de Padrés ante la autoridad judicial y prometió el resarcimiento del perjuicio patrimonial que se haya podido causar.

En una conferencia de prensa, Higuera precisó que se ejecutaron contra el exgobernador dos órdenes de aprehensión, una por defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra por delincuencia organizada y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a la primera orden, indicó que las conductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscal de 2015 ingresos menores a los realmente obtenidos, así como transferir recursos del extranjero al territorio nacional con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Sobre la segunda, precisó que las conductas atribuidas son la participación de tres o más personas para realizar, en forma reiterada, actos con el objetivo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. EFE

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