jueves 26, mayo 2022
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Patricia Mora renunciará a inmunidad para enfrentar demanda de empresario

San José, 11 Nov (ElPaís.cr).- La diputada y Presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, confirmó este jueves que será la segunda partidaria que renunciará a su inmunidad política para enfrentar una denuncia en su contra.

La legisladora enfrentará una demanda penal en su contra por supuesta difamación y calumnia, interpuesta por el empresario Óscar Echeverría Heigold, a quien Mora acusó de estar moroso con la seguridad social, robarle al Estado y a los trabajadores/as campesinos de Chánguina al descontarles el seguro de sus salarios sin que esas cuotas obrero-patronales fueran depositadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La demanda por supuesta difamación también fue interpuesta contra Daniel Vilallobos, quien es un líder del movimiento campesino que ha defendido su derecho a seguir habitando en Chánguina.

Con base en la acción penal presentada el 17 de febrero de este año, Echeverría espera recuperar 10 millones de colones por supuestos daños morales en su contra.

Para Patricia Mora, “estas demandas son un claro ejemplo de criminalización de la protesta social, y lo que persigue este señor es amedrentarnos para que nos quedemos callados ante sus atropellos. Pues yo lo que dije sobre él lo mantengo, y  tengo un archivo de pruebas en su contra”.

Cabe recordar que el caso de Chánguina comenzó en el año 2014, cuando un aproximado de 100 familias que ocupaban el lugar desde el año 2001 fueron arrastrados a un proceso de desalojo promovido por Heigold. Posteriormente, el 28 de julio del 2015 la Fuerza Pública procedió a desalojar esta pequeña comunidad, la cual vivió varios días en el puente sobre el río Térraba.

Desde el primer día, las familias optaron por manifestarse ya que además de hombres y mujeres habían niños y ancianos, sin embargo terminaron siendo reprimidos con violencia por parte de las autoridades, incluso algunas personas fueron detenidas sin justificación según lo determinó la Sala IV.

Segú Mora; “en San José, comenzamos a actuar en consecuencia. Nuestra Fracción se dedicó a dar todo el apoyo necesario desde el punto de vista legal, y también desde el ámbito político. Los esfuerzos caminaron siempre bien. Teníamos la certeza de poder demostrar la ilegitimidad de las acciones de la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, en beneficio de una persona que no tenía ningún derecho. Tenemos la convicción de que Óscar Echeverría también tenía esa certeza”.

Lea también: Campesinos de Finca Chánguina y el Cuadrante de Finca 3 se manifiestan contra desalojos

A pesar de que el Gobierno tuvo que hacerse a un lado para no ser acusados de desacato, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo aclaró en julio de este año que los alegatos frenteamplistas tenían razón; esas familias no podían ser desalojadas ya que llevaban más de diez años viviendo en la Finca reclamada. El Tribunal declaró que las actuaciones gubernamentales fueron ilegítimas, lo que quiere decir que las familias nunca tuvieron que haber sido violentadas por lo que actualmente habitan su finca.

Cabe mencionar que actualmente INDER está contribuyendo a la construcción de una solución integral para estas familias, allí, en su finca.

Ante todo esto, sumado a la petición de algunos Magistrados de la Corte Plena al Congreso para que levante la inmunidad, la diputada Patricia Mora explicó que será ella misma quién solicitará que este atestado se levante.

«Es verdaderamente un orgullo, afrontar este proceso al lado de Daniel, quien ha sido motivo de inspiración en esta lucha. Es satisfactorio saber que el señor Echeverría Heigold debió acudir a la criminalización de la protesta y la lucha social, al sentir que no se iba a salir con la suya, que no iba a poder causar más daño, que los campesinos y las campesinas ahora están acompañadas desde el Primer Poder de la República”, finalizó.

 

 

 

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4 COMENTARIOS

  1. La elite en acción. Utilizar la fuerza pública contra humildes, dóciles campesinos y agricultores, es un seguimiento que Luigui se ha visto obligado por sus conectados entronques políticos. Tomar los dineros de los infantes para la tombera, en estos casos jamás se valdrá. Todo está calculado. A más maleantes más inseguridad y, consecuentemente más negocio con la privatización de ese otro reglón. Pero se arrugan todos, cuando los mafiosos, no de cuello blanco, si no, los niños desamparados en su pasado, se arman hasta los dientes matando a diestra y siniestra a nuestros desarmados ciudadanos en general. Vaya absurda “percepción”, donde hoy estamos recogiendo los calculados resultados hacia… el caos. Alguien debe ponerle el cascabel al gato.

  2. Como dice esta genuina representante del pueblo: la finalidad de la demanda es amedrentar. Pero, no se puede descartar una segunda intención,cual es de que origine una penalización contra la distinguida dama. La ciudadanía más consciente del país sabe bien que los altos mandos de la justicia en Costa Rica (Poder Judicial),igual que en casi toda la dirección ejecutiva de los otros poderes del estado, está en manos de la raza empresario política o político empresaria… Y todo puede suceder ante tanta corrupción.

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  3. Sin demeritar la denuncia de la Diputada Mora en relación con este caso, la verdad es que no le quedaba de otra debido a que la Sala III solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad a Mora para que enfrente el proceso. En lugar de darle tanta pelota a Mora, deberían tomar en cuenta al dirigente campesino Daniel Villalobos, el otro denunciado por Echeverría Heigold, que está en una situación de mayor desventaja que Mora y a quien NADIE ha tomado en cuenta.

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