Ginebra, 196 nov (EFE).- El equipo de abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva entregarán mañana ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una ampliación de la queja que presentaron en julio ante este organismo por supuesta «persecución judicial» del exmandatario.
«Lula no puede ser juzgado en Brasil porque allí reina un sistema inquisitorial. En ningún país civilizado el juez instructor sería el juez que juzga el caso y eso es lo que va a pasar la próxima semana con el juez Sergio Moro», afirmó en rueda de prensa el abogado británico-australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
El equipo de abogados de Lula presentó el pasado 29 de julio una queja ante el Comité en la que se alegaba «persecución judicial» y «abuso de poder» ejercido por el juez Sergio Moro.
Moro es responsable de la investigación de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras y con ese proceso ha llevado a prisión a influyentes políticos y poderosos empresarios.
La queja fue registrada el 26 de octubre, por lo que ahora es un «caso pendiente» y ha comenzado un largo procesos de deliberaciones en el que también interviene el Estado brasileño.
Dado el alto número de casos pendientes, el proceso puede durar hasta dos años, pero teniendo en cuenta que uno de los juicios contra Lula comienza en Brasil el próximo lunes, los letrados del exmandatario quieren dar evidencias de que sus derechos fundamentales no han sido ni serán garantizados.
En el caso de que la queja se admitiera a trámite, el Comité analizaría si ha habido alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
Precisamente, los abogados van a entregar supuestas evidencias de que el derecho a la privacidad de Lula fue violado al ser reveladas públicamente conversaciones privadas (artículo 17 de la Convención); que fue detenido arbitrariamente (artículo 9); y que no se ha respetado su presunción de inocencia (artículo 14).
«Moro dice que para luchar contra la corrupción hay que dejar de lado los derechos humanos, no estamos de acuerdo», arguyó Robertson, quien sostuvo reiteradamente que Lula está sometido a una «persecución judicial-política-mediática sin precedentes».
Una opinión que compartió en directo el propio expresidente que en teleconferencia desde Brasil dijo ser víctima «de una mentira».
«Soy víctima de una persecución política orquestada por ciertos poderes político-judiciales y de la prensa que no sólo fue contra mi sino contra el mayor partido de izquierdas de América Latina», en referencia al Partido de los Trabajadores (PT) que el mismo fundó y presidió durante décadas.
Lula dijo que él sólo quiere «que se haga Justicia» y que está a disposición de las autoridades, siempre y cuando el proceso sea justo, algo que actualmente a su entender no ocurre.
«No existe ninguna evidencia de que Lula se haya enriquecido personalmente por la supuesta trama corrupta de Petrobras» -dijo el letrado- «él se ha limitado a disfrutar esporádicamente de la generosidad de sus amigos», en referencia a un piso en la localidad de Guarujà y de una finca en Atibaia que según la investigación le pertenecen y que habría obtenido de forma corrupta.
Para los letrados del ex líder sindical, el objetivo final de la trama político-judicial contra Lula es evitar que éste se presente a las elecciones presidenciales de 2018.
«Queremos que el Comité sostenga nuestra demanda y deje claro que el juez Moro no puede ser quien juzgue a Lula tras haberlo investigado, haber entregado deliberadamente información clasificada a la prensa (grabaciones telefónicas), y tener un claro sesgo contra el expresidente. Él no es imparcial y es inconcebible que lo juzgue», concluyó Robertson.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, afrenta graves acusaciones de corrupción por las que es objeto de diversos procesos, y ha sido procesado por obstrucción a la Justicia por el supuesto intento de soborno de un implicado en las corruptelas en Petrobras a cambio de su silencio. EFE
