Montevideo, 16 nov (Sputnik).- La producción de marihuana legal alcanza para abastecer solamente a 25 por ciento de los consumidores habituales de Uruguay cuando están por cumplirse tres años de la ley que reguló el comercio de cannabis desde la semilla hasta la venta.
El abastecimiento de ese 25 por ciento de la demanda «sería el plan piloto, que se conforma con 5.332 autocultivadores, 22 clubes de cannabis y cuatro toneladas producidas comercialmente para vender en farmacias», dijo a Sputnik Nóvosti el sociólogo Martín Collazo, de Monitor Cannabis, un proyecto de seis facultades de la Universidad de la República para estudiar la aplicación y el impacto de la regulación de la marihuana adoptada por este país en 2013.
Esas tres modalidades previstas por la ley suman unas siete toneladas anuales, mientras la demanda asciende a casi 44 toneladas por año, considerando los patrones de consumo de unos 55.200 usuarios habituales de marihuana, según las encuestas de consumo de drogas que realiza regularmente el Estado.
Además, esa producción de cuatro toneladas anuales de cannabis, licitada a dos consorcios privados, no tiene todavía bocas de venta porque el Gobierno no ha logrado poner en funcionamiento una red de farmacias en las que los usuarios registrados podrán comprar una cantidad máxima de 40 gramos por persona y por mes.
Había expectativas de que el Gobierno anunciara avances en este aspecto el martes en el seminario «Evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis a tres años de su aprobación», celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Pero el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, se excusó ante Sputnik Nóvosti de hacer declaraciones al respecto, prometiendo que cuando esté lista la red de farmacias el Gobierno la anunciará en conferencia de prensa.
Una información no confirmada indica que el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con una cadena de farmacias, San Roque, que tiene decenas de tiendas en la capital y la zona metropolitana.
Collazo advirtió que «lo que viene pasando es el aumento sostenido de los autocultivadores registrados», pero además «hay una cantidad de cultivadores no registrados que en realidad acumulan una parte de lo que producen y que hoy no están dentro del sistema regulado, pero están mucho más cómodos y prácticamente no corren riesgos policiales», añadió.
La venta en farmacias resultó ser más compleja de lo que preveían los legisladores y las autoridades.
FARMACIAS Y FARMACÉUTICOS
El Gobierno firmó inicialmente acuerdos con tres grandes gremios de farmacias, pero pronto resultó evidente que estas asociaciones representaban solamente a 60 por ciento de las farmacias del país y que, inclusive entre las agremiadas, había poca comunicación e información sobre el tema, explicó la politóloga María Fernanda Boidi, de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación sobre Marihuana de la Universidad Católica.
Además, la Asociación de Químicos Farmacéuticos asumió una postura contraria a la venta de marihuana, con argumentos que van desde el rechazo a vender una droga que equiparan al alcohol y al tabaco hasta reclamos de aumentos salariales en caso de que deban asumir esa tarea extra.
Así las cosas y en un contexto en el que 68 por ciento de la opinión pública se declara en contra de la ley y apenas 29,1 por ciento la apoya, según una encuesta de 2015 realizada por la Universidad Católica, muy pocos propietarios de farmacias han accedido a sumarse al esquema, en el cual tampoco ven claro un beneficio económico.
Sin embargo, Monitor Cannabis estima que vender marihuana puede ser rentable para las farmacias en el actual esquema piloto de cuatro toneladas para abastecer a 7.500 usuarios que retiren 40 gramos por mes.
«Suponiendo que tengamos 50 farmacias para atender a estos usuarios, cada farmacia tendría 150 usuarios que comprarían 50 gramos por mes, lo que da un ingreso neto total por mes y por farmacia de 2.000 dólares, considerando un precio de venta de un dólar por gramo, del cual el farmacéutico retiene un tercio», explicó Collazo.
A ese ingreso hay que descontarle la inversión inicial y los costos fijos para cumplir los requerimientos de almacenamiento y seguridad, que «no deberían ser demasiado» y a medida que la cantidad de usuarios aumente las ganancias también lo harán, añadió.
La ley 19.172 fue puesta en vigor por el Gobierno de Uruguay el 20 de diciembre de 2013.
Este pequeño país sudamericano se convirtió en el primero del mundo en reglamentar por completo el mercado de la marihuana, desde la plantación hasta el consumo.
Sin embargo, Uruguay no estableció un nuevo paradigma, porque no legalizó todas las drogas y penaliza fuertemente las infracciones al sistema regulado, según el abogado Pablo Galain, quien realiza un estudio posdoctoral sobre el tema. (Sputnik)
