Para todo aquel que analiza desapasionadamente la realidad actual de nuestro país llega a la conclusión de que existe una doble crisis: la crisis de lo político y la crisis del Estado. La crisis de lo político, se podría caracterizar como la crisis del Estado de Bienestar que Costa Rica impulsó en el siglo pasado, que no incide necesariamente en la crisis de la democracia representativa (un poco destartalada) que poseemos. Y, al parecer, los eternos mequetrefes intelectuales que por lo general aspiran a candidaturas en los partidos políticos, jamás dicen una palabra sobre esta realidad, porque parece que no poseen la capacidad para entenderlo o lo ocultan –en algunos casos- de forma intencionada.
La crisis de lo político es caracterizada por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista. Todo ello se observa claramente en la ausencia de auténticas propuestas de programas de gobierno de los partidos políticos, y cuando medio existen, se ocultan a la ciudadanía.
Otra de las manifestaciones evidentes está representada por las actuaciones ocurrentes de funcionarios políticos, como son los diputados, realizando declaraciones absurdas y ridículas, aprobando leyes en contra que los ciudadanos y favor de los grandes capitales e intereses espurios, y una bajísima capacidad intelectual, que al fin y al cabo es lo que los lleva a ello.
La crisis del Estado es sumamente compleja y difícil de definir en su totalidad, pero tiene una característica bastante evidente: la ausencia de gobernabilidad.
Resulta evidente, dentro de ese mismo análisis, que la ausencia de políticas sociales (que fue la característica de los gobiernos neoliberales posteriores a la década del 70) inició la destrucción del tejido social impulsado por el neoliberalismo al que se adhirieron los políticos de los partidos tradicionales. Precisamente, el diseño de adecuadas políticas sociales como mecanismos de protección y prevención en situaciones de emergencias y crisis sociales, constituye una actividad (con una orientación económica) que es prioritaria del Estado. Más bien, por lo señalado se incrementó la pobreza, se inició la desaparición de la clase media, se potenció la concentración de la riqueza en pocas manos, se empezó a aceptar la injerencia de los poderes económicos en las decisiones gubernamentales y el olvido del clamor del pueblo.
El elemento común de la crisis de gobernabilidad que se crea como consecuencia es la falta de funcionalidad de las instituciones para dar solución a los problemas, y por otro lado, la crisis de la gobernabilidad democrática se manifiesta debido a la debilidad de las instituciones democráticas, resultado de otra crisis, la democrática. Investigaciones sobre la cultura política de nuestro país concluyen que la crisis política expresada como ingobernabilidad tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.
La globalización económica y la revolución tecnológica de la información comenzaron a erosionar las funciones y capacidades de los gobiernos de los Estado-nación para intervenir políticamente en las estructuras de las instituciones económicas y en la modificación de las condiciones del mercado, desde la década de los setenta. Durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación, que en realidad son la regulación por el mercado.
Muchos de los cambios actuales fueron iniciados por los mismos gobiernos de turno, no importando el partido político al que respondieran, un tanto presionados por los procesos de globalización, las cuales transforman las comunidades políticas y modifican las funciones del Estado-nación. Es en este sentido que Wallerstein (1999, 1994,1983) sugiere que la unidad de análisis no debe ser el Estado-nación o la sociedad nacional, sino el sistema-mundo en su conjunto. La sociedad nacional contenida en el espacio territorial nacional es más homogénea y cohesiva que la sociedad global contenida en la unidad de espacio global.
Tomando en consideración lo anterior, cualquier partido político que prevea participar en las próximas elecciones generales debería contar ya con un plan de gobierno que defina las estrategias a implementar para enfrentar los problemas de gobernabilidad, así como los más concretos como la corrupción, impunidad, inseguridad, el desempleo y las deficiencias de la educación y la salud pública. Sin embargo, la realidad es otra, ya que la mayoría de agrupaciones solo se preocupan por ganar simpatizantes que los lleven al poder, en donde improvisan su gestión.
Los partidos son algo más que un requisito funcional de las democracias representativas derivado del método de nombramiento de funcionarios públicos. Los partidos políticos son el vehículo institucional más apto para sostener la estabilidad y la legitimidad de los regímenes democráticos
Para que las democracias puedan sostenerse en las complejas condiciones sociales modernas, las múltiples fuentes de conflicto político deben reducirse a un conjunto discreto de desacuerdos básicos, posibles de ser resueltos a través de un mecanismo que otorgue a todos los intereses sociales clave la oportunidad de participar del proceso competitivo de formación de decisiones de gobierno.
Los partidos políticos producen la agregación de intereses y preferencias indispensable para operar esa reducción y contribuyen de este modo a la institucionalización del conflicto político.
Deben tener presente que la desigualdad se ha convertido en el gran problema generado por esas política neoliberales y que es la consecuencia de haber permitido que se desarrolle un modelo económico basado en la desregulación, tanto la financiera como la que se ha propiciado en los mercados de trabajo, degradando las condiciones laborales de millones de personas en el mundo; una economía que venera el secreto bancario y que en virtud de la globalización ha permitido que el dinero viaje sin controles, haciendo de la economía financiera el caudal que nutre el entramado mundial de paraísos fiscales y la floreciente industria de la evasión y la elusión fiscal, que permite a los poderosos eludir sus compromisos fiscales y acumular ingentes cantidades de beneficios.
Con lo que está sucediendo en el mundo: el triunfo de la ultraderecha en los EEUU, el Brexit en el Reino Unido, el fortalecimiento de los partidos de extrema derecha en algunos países europeos, el debilitamiento de los gobiernos contestatarios latinoamericano y el regreso el más puro neoliberalismo a países clave, como Brasil y Argentina, los políticos criollos deberían tomar en cuenta estas modificaciones internacionales, pues todo ello de una u otra forma afectarán el ejercicio del poder político localmente. Y conste que no estoy emitiendo criterio alguno sobre cada una de estas realidades, sino solamente señalando que ello modificará el panorama internacional.
En conclusión, a todo aquel que de una u otra forma aspira a un cargo de elección popular, se le debería exigir muchísimo más de lo que hasta ahora los ciudadanos hemos exigido de ellos (que es casi nada, porque para ser diputado el único requisito es saber leer y escribir). En medio de una crisis política y una crisis del Estado como tal, y unos parámetros internacionales tan cambiantes y explosivos, la estatura intelectual y la inteligencia política que se necesitará en los futuros gobernantes y legisladores son de excepción.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
Dicho de manera sencilla; nuestros políticos tienen bajo intelecto o disimulan la realidad del acontecer nacional; pero pensaría más bien que su avaricia y su egoímo se anteponen a los intereses de la mayoría de costarricenses, y se dejan llevar por las corrientes de la glovalización, que llevan en sí la ideología neoliberal, su objetivo principal, amasar grandes fortunas a costa de la miseria de los pueblos.