Madrid, 21 nov (EFE).- La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, una de las figuras más conocidas del Partido Popular (PP, centroderecha), negó hoy ante el Tribunal Supremo conocer un posible blanqueo de capitales en el PP, aunque reconoció que le entregó mil euros como donación desinteresada.
El Tribunal Supremo investiga la implicación de la política española en un supuesto delito de blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia (este) que se habría realizado cuando era alcaldesa, cargo que ocupó durante 24 años, hasta que en 2015 fue derrotada por una coalición de izquierda.
Según los investigadores, concejales y asesores del ayuntamiento valenciano donaron mil euros al PP, que presuntamente les devolvió luego el partido en efectivo para lavar dinero supuestamente ilícito.
En la causa, conocida como «caso Imelsa», están investigadas un total de 47 personas, además del PP como persona jurídica.
La exalcaldesa y actual senadora negó el conocimiento de ese tipo de prácticas supuestamente usadas por su partido para blanquear dinero usado para financiarse, aunque reconoció que entregó mil euros y que no se lo han devuelto, según fuentes jurídicas.
En todo caso, remitió al comité de campaña, en el que ella no participaba, para cualquier investigación en ese sentido, ya que dijo desconocer «absolutamente todo de las cuentas».
Barberá, (quien solicitó la baja en el PP a petición del partido el pasado mes de septiembre), negó también ante el tribunal que su partido en Valencia tuviera una Caja B según la declaración a la que tuvo acceso Efe.
La investigada compareció de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la interrogara antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio -tramite necesario para que el Supremo prosiga su proceso contra ella- o si archiva el asunto.
La causa se desarrolla en Valencia, pero como Barberá es senadora, cuenta con aforamiento, una figura jurídica de la que gozan algunos cargos españoles, en virtud del cual solo puede ser juzgada por un alto tribunal.
La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros y la justicia trata de dilucidar si el PP trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita. EFE
