San José, 12 Dic (ElPaís.cr).- El Plenario legislativo inició una de sus últimas semanas del 2016 con el pie derecho, aprobando en segundo debate y de forma definitiva el proyecto de ley de lucha contra le fraude fiscal, el cual es uno de los textos más importantes de la actual legislatura y de los más esperados por aprobar de parte de la administración Solís Rivera.
El proyecto contempla una serie de disposiciones y obligaciones para que la administración del Gobierno Central pueda controlar la evasión y la defraudación al fisco nacional. Entre ellas, se define la construcción de un registro de accionistas que estará enfocado en los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y las personas jurídicas.
Este registro será custodiado en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con mecanismos tecnológicos y certificaciones que garanticen y resguarden la seguridad de la información empresarial. Para el debido funcionamiento de este registro, las empresas deberán entregar al menos una vez al año la información que Hacienda solicite, dentro de las cual figuran datos como: la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social, así como los datos de su identidad, sean clientes ocasionales o habituales.
Cabe mencionar que luego de votarse en primer debate, este proyecto fue sometido a una consulta constitucional ante la Sala IV, la cual determinó que el proyecto es viable y no roza en ningún sentido la carta magna del Estado.
El Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda, Helio Fallas, calificó esta ley como un significativo avance del país en materia de transparencia y de lucha contra la evasión.
“El proyecto de Fraude Fiscal es uno de los proyectos esenciales en la reforma hacendaria ya que procura eliminar portillos que actualmente existen para evadir el fisco”, destacó el Jerarca.
Por su parte, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, también se manifestó al respecto, ya que según expresó es el avance más importante hasta el momento en materia fiscal de esta administración.
“Con este registro Costa Rica cumpliría con los más altos estándares internacionales fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la vez que se previenen formas de delincuencia organizada como legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, gracias a los nuevos controles con los que contarán el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Hacienda”; aseguró Alfaro.
El proyecto de ley aprobado también establece la obligación de aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito o débito, lo cual aplica tanto para personas físicas, como jurídicas. A la vez, obliga a estar al día con los pagos tributarios para poder contratar o gestionar permisos, concesiones o autorizaciones ante cualquier institución del Estado.
Olivier Jiménez, diputado de Liberación Nacional, indicó que este proyecto representan un conjunto de criterios consensuados entre diferentes sectores de la sociedad civil.
«Este texto armoniza criterios, entre el Ministerio de Hacienda y diputados de diferentes partidas, se crea una base de discusión más viable para todas las partes ya que el proyecto agiliza la visión de la administración tributaria, la cual es aspirar a ser una organización capaz de brindar a los contribuyentes servicios de alta calidad y al menor costo posible», indicó el liberacionista.
El diputado del Frente Amplio, Francisco Camacho Leiva, resaltó la importancia de votar esta iniciativa y criticó al Movimiento Libertario por la mociones al proyecto de impuesto a las sociedades anónimas.
«Nuestro país merece que se vaya generando mayor control sobre las sociedades anónimas y las listas de accionistas y que quede claro, principalmente en contra de las que son sospechosas de estar involucradas en casos como los Papeles de Panamá», indicó el legislador.
La bancada del FA tuvo gran incidencia sobre dicho proyecto desde el inicio. Entre los principales aspectos que figuran, está la eliminación de una reforma que afectaba a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y abría portillos legales para evitar el pago de retenciones a la institución. Además, en una versiones disctudias en comisión, la bancada decidió no apoyar la eliminación de la des-judicizalización, propuesta que era apoyada principalmente por el PLN y el PUSC.
Sobre el tema de las sociedades anónimas, el cual también está siendo discutido desde hace varios días por el Congreso, el libertario Otto Guevara señaló: «Voy a exponer una serie de elementos y hechos ante la Sala IV para demostrar que el proceso legislativo fue inconstitucional, porque se violentó el derecho de enmienda y otros procedimientos».
Por otra parte, la nueva ley crea dentro del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Asuntos Internos. Esta contará con un régimen especial de contratación, de conformidad con lo que disponga el reglamento, respetando la estructura salarial del Servicio Civil.
El texto indica: «No podrán integrar esta dirección quienes sean funcionarios del Ministerio de Hacienda, quienes lo hayan sido en los últimos cinco años o quienes tengan relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, con funcionarios de la Administración Tributaria”.
La iniciativa establece que se incurrirá en falta grave y será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal con independencia de las sanciones penales que procedan, a aquel funcionario del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica o del Instituto Costarricense sobre Drogas, que acceda por cualquier medio, a sistemas de información, bases de datos, o la información privada sin la autorización de la autoridad competente y debidamente acreditada, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente.
