San José, 13 Dic (Elpaís.cr).- El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, anuló por unanimidad, el conocido como “Decreto pro petroleras” en sentencia del 12 de junio del 2013, se tendrá que repetir.
La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.
El nuevo juicio oral y público se realizará este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.
El decreto fue emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro y por quien colaborara en su redacción como su representante ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), geólogo Allan Astorga, en febrero de 1998.
De acuerdo con el biólogo, especialista en estudios de impacto ambiental, Freddy Pacheco, antes de ese decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a firmar con el Estado, de los contratos para explotación de hidrocarburos.
Sin embargo, Pacheco aseguró que el decreto Figueres – Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil le permitió firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.
Esto debido a que el decreto que se pretende anular con el nuevo juicio, eliminó los 20 artículos del reglamento a la Ley de hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Con ese decreto se sustituye ese requisito, por la presentación de proyectos.
En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”.
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Lo que los ambientalistas quieren lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba firmar antes los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un Estudio de Impacto Ambiental y buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.
