domingo 4, diciembre 2022
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Discusión sobre tope de altos salarios en el sector público llega a la Asamblea

San José, 1 Feb (ElPaís.cr).- El Gobierno de Luis Guillermo Solís extendió este miércoles el período de sesiones extraordinarias y convocó entre otros proyectos, el expediente 19.156,“Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública», la cual busca poner un tope máximo de 5,3 millones de colones a los salarios dentro del sector público.

La iniciativa fue presentada por la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y viene a ser parte de una serie de propuestas de ley contempladas por el Poder Ejecutivo luego de desconvocar Empleo público y los proyectos sobre impuestos.

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A partir de esta convocatoria, la discusión sobre el tope a los altos salarios Estatales estará en Cuesta de Moras al menos hasta abril, mes en el que terminan las sesiones extraordinarias del Congreso, es decir luego de eso la agenda de proyectos discutidos ya no estará en manos del Gobierno sino de los diputados.

Con base en el texto, ningún funcionario podrá tener un salario que exceda 18 veces la remuneración más baja del sector privado, y si así fuese se congelarán mientras sigan vigentes en sus puestos. Es decir, quienes ya firmaron contratos laborales por salarios mayores a los 5,3 millones de colones lo mantendrán hasta que dejen su puesto ya sea por pensión o por renuncia, sin embargo quienes los suplanten entrarán a recibir el salario ya regulado por dicha ley.

Cabe mencionar que las personas que sigan recibiendo su salario actual, el Gobierno no les aplicará ajustes por inflación ni ningún otro tipo de pluses salariales. Un ejemplo de ello será el Gerente del Banco Nacional (¢13,5 millones), los Magistrados de la Corte Suprema (de ¢7,3 millones a 9,3 millones), el Presidente del TSE (¢8,3 millones), el Alcalde de San José (¢7,6 millones), el Superintendente de Pensiones (¢10 millones); entre otros.

En este sentido, el jefe de la bancada socialcristiana, Gerardo Vargas Rojas manifestó que hoy iniciaron los diálogos sobre el tema, en una reunión que se mantuvo con el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

 “Este proyecto tiene origen en una regla de la responsabilidad social empresarial, que el Estado debe adoptar, y que vendría a colaborar con el gasto, así como a dar equidad entre los funcionarios públicos. Así como limitamos las pensiones de lujo, nos parece importante limitar también los salarios de lujo, sin detrimento de derechos adquiridos (…) No es razonable que haya personas que ganen sumas desproporcionadas y ajenas a la realidad fiscal de nuestro país,» expresó el Jefe de fracción del PUSC.

En relación con los altos salarios, desde la Asamblea Legislativa han surgido muchas críticas contra el aumento desmedido de 18% que hizo el Banco Central a 12 de sus directores, pero sobre este tema el Presidente Solís dijo en Consejo de Gobierno que aunque es inoportuno está atado de manos porque es una entidad con autonomía institucional.

“El Banco tiene autonomía y no se le pueden poner condiciones por ley. Tampoco los voy a llamar a cuentas, porque se podría generar una crisis”, indicó Solís.

Por otra parte, la bancada del Frente Amplio (FA), envió una carta a Casa Presidencial pidiendo que re consideren cambiar este proyecto por la ley de expediente 19.883, «Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública», la cual es distinto pero enfocado en la misma línea.

Según los frenteamplistas, este proyecto reforma de manera explícita las leyes que rigen a la ARESEP, al Banco Central de Costa Rica y a las Municipalidades, sujetándolas al límite establecido con el fin de evitar ambigüedades en la aplicación de la ley y controlar los salarios de lujo de los altos jerarcas en estas instituciones.

«El Expediente 19.156 estaría provocando el congelamiento real permanente de los salarios de todos los funcionarios del sector público, tengan o no un salario de lujo.  Lo anterior constituye una medida absolutamente regresiva que una vez más busca concentrar sus esfuerzos en precarizar la situación laboral de todo funcionario público: Misceláneos, oficinistas, maestros y policías, verán congelada su remuneración total independientemente del monto de su salario (…) Nuestro proyecto no precariza la condición laboral de los funcionarios con menores ingresos, no propone congelamiento salarial, ni violenta los procesos de negociación», indica la carta.

El diputado Gerardo Vargas Varela del FA dijo este miércoles en el Plenario que la carta la remitieron al Presidente como un acto de formalismo y de responsabilidad, pero que están seguros que este texto no será convocado porque el Viceministro de la Presidencia, Paulino Mora es «enemigo» de esta ley.

Por último, la ley convocada por el Gobierno está siendo analizada en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la cual deberá ser eventualmente dictaminada para que sea enviada al Plenario y pueda recibir el trámite en primer y segundo debate para convertirse en Ley de la República.

 

 

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